—El régimen de Maduro se ha vuelto una tragedia, inenarrable —se lamenta José Tobías Silva esta mañana.

—De acuerdo, aunque rescataría algunas cosas interesantes —apunta Walter Alberto.

—¡¿Queeé?! —preguntamos el resto, al unísono.

—Esto de romper relaciones con WhatsApp no me parece una mala idea.

—¿Te has vuelto loco? —pregunto.

—Imagina no más, Jota Jota, cuánto mejoraría tu calidad de vida si no estuvieras en 142 grupos mandando stickers en paralelo.

—Pensándolo bien, estoy de acuerdo —apunta María Luisa Fernández.

—¿Por qué no romper relaciones con Facebook, Tik Tok, Netflix y Tuiter o como se llame? —pregunta Sammy Calderón, entusiasmado.

—Quizás sobre eso fue que Boric y Lula no se pudieron poner de acuerdo.

—Instagram sería como la Cortina de Hierro.

—El Muro de Berlín.

—Hasta que no rompan con Tinder no se puede tomar en serio a nadie.

Hasta 780 mil clientes de Enel en la Región Metropolitana, y varios miles más de CGE, sufrieron cortes de luz en la madrugada del viernes 2 debido al fuerte temporal de lluvia y viento, con ráfagas superiores a los 120 km/h. La demora en la reposición del servicio, la falta de información fiable a los afectados, y la débil respuesta en terreno de la compañía, han causado justificado enojo ciudadano, y críticas del Gobierno, alcaldes y parlamentarios.

Según el gerente general de Enel, Víctor Tavera, la fuerza del viento fue “un evento absolutamente inédito”. La compañía espera que la cantidad de usuarios sin electricidad baje hoy de los 100 mil clientes sin suministro. En este contexto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló ayer dos cargos contra Enel: uno por incumplir aspectos normativos respecto de la reposición de la electricidad y otro por la no entrega de información acerca del plan de recuperación del abastecimiento.

En paralelo, la SEC comunicó que ha multado en casi $ 4 mil millones a Enel por un corte de luz ocurrido el pasado 7 de mayo; acusa que Enel envió “información manifiestamente errónea” a la SEC, la cual a su vez depende de los datos de la empresa. Si bien la Superintendencia destacó que apenas conocida la alerta meteorológica instruyó a las empresas a adoptar medidas preventivas, el que sólo ayer sus funcionarios se hayan constituido en las oficinas de Enel, en circunstancias que la crisis ya era notoria el viernes, refleja lentitud del regulador en sopesar la magnitud del problema.

Con todo, más allá de las insuficiencias de la regulación, o de la disputa con los municipios por el manejo del arbolado, la responsabilidad principal de la crisis corresponde a las distribuidoras, que han fallado tanto en el despliegue de recursos humanos y materiales como en su capacidad de informar a la población, proyectar con claridad los tiempos de reposición y, sobre todo, cumplir con ellos. Diversos expertos han notado la falta de cuadrillas, la escasa inversión en el mejoramiento del tendido y la relevancia de impulsar reformas que habiliten disponer de un sistema más resiliente. En el Congreso se han propuesto, de manera un tanto oportunista, medidas más drásticas: congelamiento de tarifas, pérdida de concesiones o renegociación de contratos.

Desde luego las empresas enfrentaron una tormenta fuera de lo común y es factible que su preparación haya sido deficiente; sin embargo, los daños tampoco alcanzaron a la infraestructura más crítica, como plantas, subestaciones o líneas de transmisión; por lo mismo, la dilación en reanudar el servicio resulta aún más difícil de entender y justificar.

A diferencia de la generación eléctrica, en la distribución no hay competencia sino concesiones de áreas geográficas a un solo proveedor; la institucionalidad, que controla las tarifas, garantiza a las empresas y sus accionistas un margen razonable de rentabilidad fundado en parámetros objetivos; la seguridad de los ingresos a largo plazo y la estabilidad de las reglas deberían comprometer a las compañías a brindar un servicio adecuado a sus clientes “cautivos”, sin perjuicio de las compensaciones establecidas por la ley. En la actual coyuntura, la respuesta de las distribuidoras, en particular de Enel, se ha alejado de los estándares a que están obligadas las empresas reguladas por el rol que prestan.

Señor Director:

Las recientes modificaciones al Decreto Ley N°321 que introducen cambios para la obtención del beneficio de la libertad condicional son una muy buena noticia para el país, y especialmente para las víctimas. Ahora ellas podrán participar activamente y hacer oír su voz en las Comisiones de Libertad Condicional para presentar alegaciones, con fundamentos en torno a la gravedad de los hechos o la calidad de reincidente del postulante, antes de que se tome una decisión sobre su libertad.

Esta decisión constituye un paso relevante para las víctimas y además para el propio sistema, que podrá tomar mejores decisiones y más fundadas, en tanto se sustenten en una visión global del conflicto penal, que incorpora, también, la perspectiva de quienes son afectados por el delito. Adicionalmente, la norma reconoce el deber de notificar a la víctima del resultado de la postulación a libertad condicional de la persona condenada, de manera que pueda anticipar este escenario.

Históricamente, el sistema de justicia se ha centrado en el perpetrador, protagonista por excelencia del conflicto penal. Con decisiones como esta, poco a poco, la víctima va siendo integrada no sólo en la fase de investigación y juicio, sino también en la etapa de cumplimiento, lo que reconoce el derecho a la participación como un elemento central de la justicia.

Dr. Francisco Maffioletti Celedón

Dra. Lorena Contreras Taibo

Facultad de Psicología UDP

Señor Director:

Las demoras en la reposición del suministro eléctrico que ha dejado el último sistema frontal subrayan una preocupación significativa para la viabilidad y el desarrollo que debería tener la electromovilidad en el país.

La insolvencia de las compañías eléctricas para garantizar un suministro estable de energía no sólo pone en riesgo la confianza de aquellos usuarios que buscan migrar y han optado por modos de transporte eléctricos, sino que también cuestiona la capacidad que hoy tiene nuestro sistema para soportar una transición a gran escala como es la que necesita esta revolución tecnológica.

Las deficiencias operacionales que han mostrado estas empresas evidencian que aún Chile no está preparado para este cambio y que no se cuenta todavía con las garantías necesarias para asegurar una operatividad eficiente en las ciudades, principalmente con lo que respecta al funcionamiento de los electroterminales para el transporte público y los puntos de carga habilitados, tanto públicos como privados.

Si no somos capaces de fortalecer la red eléctrica nacional con normativas y políticas más robustas en el corto plazo, la movilidad eléctrica en nuestro país siempre enfrentará obstáculos insuperables.

Alberto Escobar

Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile

Señor Director:

Alcaldes amenazan con sendas demandas colectivas y cifran optimistas expectativas en sus resultados judiciales y electorales, pero se olvidan de que la mayor parte de los cortes de luz se dan por árboles caídos sobre el tendido eléctrico, árboles que son responsabilidad de propietarios cuando estos están en sus casas, las municipalidades según la LOC de Municipalidades cuando ocupan espacio público y las empresas de distribución.

El problema es que los municipios no tienen legitimidad activa para poder demandar por Ley del Consumidor, por lo que tendrán que patrocinar demandas por sus vecinos, algo que está prohibido por la Contraloría General de la República, así que tendrán que contratar abogados externos para esta misión que puede que termine en establecer responsabilidades para los propios municipios.

Cristian Norambuena

Señor Director:

¿Y cuándo una demanda colectiva en contra de los alcaldes por negligencia?

Francisco Orrego Bauzá