La Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento y el actual liquidador de la quiebra de Alberto Chang, José Alfredo Rojas, ingresaron al 15° Juzgado Civil de Santiago una serie de objeciones contra la cuenta final de administración de este proceso del exliquidador, Carlos Parada Abate, quien también ha sido cuestionado en otras liquidación y enfrentó pena de prisión por la quiebra de la Universidad del pacífico.

Tras detectar varias inconsistencias y falta de rendimiento de fondos, la superintendencia señaló en contra de Parada infracciones relativas a la no "exhibición o entrega de los libros, cuentas, archivos, documentos, contabilidad y bienes relativos al procedimiento concursal" de Chang.

También dijo que el exliquidador incurrió en un "exceso en el honorario calculado y pagado" a si mismo por estas funciones, excediendose en 2.529 UF (unos $95 millones).

El ente fiscalizador agregó que "durante la administración de Carlos Parada, ingresaron fondos ($10315 millones) a la masa sin que consten en un acta de ampliación de incautación e inventario".

Además, el exliquidador "incorporó en los egresos el ítem 'Gastos Liquidación Onix', que ascienden a $77,4 millones, no constando la aprobación de estos gastos en las juntas de acreedores".

Parada, también infringió la normativa "que establece reglas sobre contrataciones especializadas". Además, la superintendencia acusó la existencia de anomalías en la liquidación de la empresa Alberto Chang SpA.

En ese contexto, el actual liquidador de Chang, José Alfredo Rojas, en sus objeciones a la cuenta de Parada, señaló que este junto con no entregar una serie de libros contables del proceso, seña

ló que Parada entregó a la liquidación $258,9 millones, faltando en esa cifra $34,2 millones que el exliquidador descontó "supuestamente por honorarios retenidos, siendo ello absolutamente improcedente".

Parada, también restó de su cuenta $16 millones, "por el concepto de 'documentos por cobrar', no obstante, a la fecha, no se ha entregado ningún documento o título que sustente dicho activo", dijo Rojas.

También se observó que la cuenta final rendida por Parada solo refleja un saldo disponible por la suma de $258,9 millones, lo que da cuenta de una diferencia de $258,4 millones respecto al balance de 2021 entregado por Parada (en octubre de 2013) que arrojaba un "saldo disponible ascendente a $517,4 millones".

El empresario y presidente del grupo Santa Rita Estates, Baltazar Sánchez, junto a una de las filiales de la firma, Viña Carmen, lanzaron la semana pasada el primer espumante de la Isla de Chiloé.

Se trata de un viñedo plantado en 2018 en la zona extrema de Chiloé por Sánchez. Un sueño que tenía desde hace años y que hoy se materializa a través de este espumante elaborado por Carmen DO, relatan desde la viña.

En el proyecto, Sánchez actuó como productor de las uvas, para lo cual contó con el apoyo técnico de la viña. Gracias a ello, Carmen DO lanzó Punta Chilen, un espumante de producción limitada que marca un hito en la industria vitivinícola chilena.

Ubicado en Punta Chilen, costa de Ancud, este espumante se elabora con uvas Pinot Noir bajo el método tradicional, en viñedos cultivados en suelo volcánico y con alto porcentaje de materia orgánica.

Punta Chilen "es el resultado de años de trabajo arduo y dedicación para desafiar los límites de lo que es posible en la vitivinicultura. Estamos orgullosos de presentar este producto único que encapsula el espíritu de la Isla de Chiloé y marca el comienzo de una nueva era para la industria del vino en la región”, comentó la enologa jefe de Viña Carmen, Ana María Cumsille.

Inversiones Nilontraro, dueña de un exclusivo loft en calle General Flores en Providencia, solicitó su liquidación voluntaria por insolvencia.

Explicó al 10° Juzgado Civil que adquirió el inmueble (que antes operaba como hotel) a fines de 2017 por unos $1.634 millones para reconvertirlo en un edificio de departamentos. Sin embrago, cuando llevaba 70% de avance, se produjo el estallido social y luego la pandemia, lo que paralizó el proyecto. Terminada la emergencia sanitaria logró concluir "con dificultades" la transformación del inmueble y obtener los permisos, sin embargo a la empresa le fue imposible vender los departamentos y cumplir sus compromisos por los que hoy enfrenta cobranzas por $908 millones de Liberty Seguros y otros $1.191 millones con Banco Security.

En medio de un escenario de inestabilidad económica y con un gran número de compañías reduciendo sus inventarios, el último informe de mercado de bodegas de GPS Property determinó que la vacancia de estos espacios se quintuplicó, alcanzando niveles de disponibilidad que no se veían desde comienzos de la pandemia.

La consultora inmobiliaria concluyó que en los últimos 12 meses la vacancia pasó de 62.539 a 351.058 metros cuadrados (m2). Medida en porcentaje, este indicador creció desde el 1,2% de hace un año hasta un 6,4% en junio pasado.

De esta forma, el precio promedio del alquiler se situó en 0,148 UF por m2 al cierre de la primera mitad de 2024, una baja de 4,5% respecto del semestre anterior. La merma es de 16% respecto del valor del primer semestre de 2023.

Lorena Tapia, directora ejecutiva de GPS Property, comentó que el aumento en los metros cuadrados disponibles “se debe principalmente a la normalización de la tasa de vacancia a parámetros más históricos, ya que en el período 2021-2023 fue anormalmente baja, promediando 1%. El mercado ahora se está ajustando a niveles más típicos, sumado a la liberación del sobrestock de inventario”.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplicó dos sanciones, por un total de$3.954 millones, a Enel, tras comprobar que infringió la normativa eléctrica, en medio del sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana el 7 de mayo pasado.

La primera sanción fue porque el ente fiscalizador llegó al convencimiento de que, en medio de la emergencia, Enel entregó “información manifiestamente errónea” a la SEC, sobre el número de clientes sin energía. La segunda multa se aplicó luego que la SEC constatara que la distribuidora eléctrica no concurrió a los lugares de falla, en el tiempo que la normativa establece.