Un peso pesado del sistema norteamericano entró al debate por el acuerdo de WOM y un grupo de acreedores, oponiéndose a un paso clave que la empresa necesita para avanzar en su reorganización en el país del norte.

Ayer, el Programa de Síndicos de los Estados Unidos (o USTP, por sus siglas en inglés: “United States Trustee Program”), que depende del Departamento de Justicia de ese país, se opuso a un acuerdo clave que alcanzó WOM con el grupo de acreedores Ad Hoc (conformado por Moneda y grandes fondos europeos) el pasado mes de junio.

El acuerdo se había logrado tras arduas negociaciones entre las partes. El grupo de acreedores intentó incluso cancelar el proceso de reorganización de la empresa en Estados Unidos, lo que habría complicado las cosas para WOM, enredando, por ejemplo, un financiamiento por US$210 millones que la firma había conseguido con JPMorgan y que necesitaba para seguir operando durante el proceso de la ley de quiebras de Estados Unidos. La idea finalmente se desechó tras las conversaciones y la firma del acuerdo con este grupo de acreedores.

Solo quedaba la aprobación del dicho pacto el 15 de julio, en una audiencia programa con la jueza de Quiebras del Distrito de Delaware, Karen B. Owens. El panorama parecía libre de mayores complicaciones, hasta la aparición de esta oposición ayer, en que el USTP dio una serie de argumento ante el Tribunal de Quiebras de dicho distrito en un documento a la jueza.

El USTP es el encargado de supervisar la administración de los casos de quiebra en Estados Unidos. Al ente se le conoce como un “watchdog” (perro guardián) del Departamento de Justicia, ya que depende de éste y es quien revisa los casos de reorganizaciones o quiebras. En 2015, por ejemplo, llegó a un acuerdo por US$50 millones con JP Morgan por prácticas inadecuadas en documentos de banca rota, y, en junio del año pasado, se opuso a un acuerdo por US$6.000 millones de la empresa Purdue Pharma relacionado con la crisis de los opioides en Estados Unidos.

Consultados por este tema, desde WOM aseguraron que “la materia está prevista para ser resuelta en la audiencia del día 15 de Julio, y WOM hará valer su posición en el marco de esa instancia”.

La oposición fue presentada por Andrew R. Vara, jefe Síndico del USTP para la región 3 (que considera los estados de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania) y la región 9 (Michigan y Ohio).

Las principales críticas del USTP apuntan a los altos costos y honorarios que WOM deberá pagar a los abogados y profesionales del grupo de acreedores Ad Hoc con quienes firmó el acuerdo de junio pasado, en medio de las antes mencionadas presiones de este comité, que amenazaba en ese entonces con cancelar la reorganización de Capítulo 11 en Estados Unidos y traer el caso a Chile.

“En la fecha de petición (el mes de abril, cuando WOM entró a la reorganización por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos), la compañía tenía cerca de US$8 millones en efectivo. Y hoy buscan pagar US$10 millones a profesionales de un comité de bonitas no garantizados (el grupo Ad Hoc), para asegurar que puedan mantenerse en el Capítulo 11”, critica Vara, del USTP.

“La Corte debería desestimar la moción puesto que pagar los honorarios de este grupo de acreedores no tiene base en el Código de Quiebras (…) El acuerdo no minimiza los costos de litigación. Hace lo contrario: asegura meses de costos de litigio de los adversarios de los deudores (WOM)”, agrega el documento, que continúa diciendo que todo esto “es contrario a la regla estadounidense”.

Cabe recordar que en una reorganización por Capítulo 11 en Estados Unidos, es la empresa la que corre con los pagos de los abogados, incluso en el caso de los profesionales que representan a grupos de acreedores que se opongan a mociones presentadas por la administración de la firma. Este es el caso de los acreedores Ad Hoc, que son representados en el país del norte por la oficina estadounidense Dechert LLP.

No es primera vez que los altos costos del proceso de reorganización en ese país son parte del debate en el caso de WOM.

Por ejemplo, el mes pasado, el abogado chileno Octavio Bofill, en representación de los acreedores Ad Hoc, argumentaba a la jueza Owens en favor de traer el proceso a Chile debido a los caros honorarios de los estudios norteamericanos.

Bofill comparó en ese entonces los honorarios de los abogados chilenos versus los norteamericanos del Comité Oficial de Acreedores No Garantizados (otro grupo de acreedores en este caso): sus abogados locales, el estudio Morales & Besa, cobra hasta US$370 la hora por asesorías legales, mientras que los norteamericanos de Willkie Farr & Gallagher entre US$1.550 y US$2.250 por hora (entre US$1.480.000 y US$2.100.000 por hora)-

Claro que finalmente la parte representada por Bofill firmó el acuerdo con WOM que los hizo desistir de intentar traer el proceso a Chile.

Vara, del USTP, critica que las actividades de este comité Ad Hoc, desde la oposición a llevar desestimar el caso en Estados Unidos, hasta luego aceptar desistir de esta tras un acuerdo con WOM, han tenido como objetivo solo “promover sólo sus propios intereses”.