Si hay una noticia que tiene descompuesto a Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes (CLC) y pareja de la controladora Cecilia Karlezi, es la audiencia de formalización el 6 de agosto en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Teme lo que pueda ocurrir en el futuro…

Y el aumento de capital por $35 mil millones anunciado por CLC el 13 de junio se ve mal aspectado: los minoritarios, que son dueños por separado de la mitad de la propiedad, no estarían dispuestos a suscribirlo. Consultada oficialmente el área de comunicaciones de CLC, no respondió las consultas de La Segunda, tras 24 horas de espera.

En contra de la clínica, de su anterior gerente general y de Alejandro Gil hay 32 querellas por apropiación indebida y/o estafa presentadas por médicos que trabajaron en el establecimiento de salud y acusan que la clínica no pagó sus honorarios después de sus despidos o renuncias. En total, el perjuicio alegado por los querellantes supera los $4.500 millones, según el cálculo hecho por un abogado patrocinante. La cifra no incluye las demandas civiles.

Gil será formalizado por apropiación indebida por todas las querellas presentadas, ya que el tribunal las acumuló por tratarse dell mismo imputado.

Entre los querellantes están los traumatólogos Javier del Río Alonso ($100 millones) y Joaquín Lara Giménez ($250 millones), el cirujano plástico Leonardo Parada Matus ($151 millones), el otorrino Gonzalo Nazar Miranda ($130 millones), el hematólogo y oncólogo Mariano Puga Vial ($40, 8 millones), el traumatólogo Marcelo Molina Salinas ($155 millones), el neurocirujano Manuel Campos Puebla ( $152,9 millones) y el cirujano plástico Aldo López Ortega ($151,6 millones) por nombrar a algunos. En muchos casos, incluyen a sus sociedades médicas.

El sábado 15 de junio en la página C 7 de El Mercurio apareció un inserto de la sociedad “Servicios de Anestesiología Ltda”, que durante 20 años ha prestado servicios en CLC.

Firmado por la directiva, anuncia que, a contar del 30 de junio, sus socios suspenderán los servicios de “residencia presencial”, ya que “lamentablemente desde el año 2021 Clínica Las Condes ha incumplido sus obligaciones contractuales, lo que ha obligado a nuestros profesionales a asumir los costos”.

La sociedad explica en el inserto que el día anterior informó la clínica el término del último contrato marco firmado en 2017, “debido a los graves y reiterados incumplimientos en los pagos de las prestaciones médicas realizadas”.

“Residencia presencial” es la que prestan los anestesistas que hacen turnos en las salas de recuperación, atienden pacientes con dolor y emergencias dentro de la clínica. Además, trabajan en cirugías, pero ambas prestaciones se pagan por separado.

El 14 de junio, esta sociedad envió una carta al gerente general de CLC, Pablo Ortiz, informando el término del contrato y detallando que la clínica mantiene una deuda de $6.600 millones, según sus registros actualizados y auditados, que se origina en más de 27 mil prestaciones realizadas desde 2021.

Plantea que “en un ánimo colaborativo y con el objeto de recomponer la relación comercial” seguirán trabajando en “residencia presencial” (turnos) si la clínica abona un 20% de lo adeudado antes de fin de mes.

Los cinco firmantes de la carta -Ramón Coloma, Silvana Cavalieri, Gonzalo Andrighetti, Rodrigo Rivas y Gianpaolo Volpato- fueron despedidos al día siguiente (15 de junio).

Uno que demandó por no pago de honorarios y se querelló por apropiación indebida es el anestesista Rodrigo Díaz Gómez ($105 millones), exjefe del programa ECMO y renunció en 2021. Gracias a este sistema extracorpóreo que cumple las funciones del corazón y pulmones, se salvaron muchas vidas durante la pandemia.

El aumento de capital, que se votará en junta extraordinaria de accionistas el 26 de junio, es otro reflejo de la crisis por la que atraviesa la clínica presidida desde abril de 2020 por Alejandro Gil, quien toma todas las decisiones.

Su capacidad de generación de flujos no le permite cumplir con sus compromisos. Por eso, $26 mil millones de la inyección de capital serán destinados a pagar créditos bancarios y leasing antes de marzo de 2025, y capital e intereses de una línea de bonos antes de mayo del próximo año, informó la compañía en un hecho esencial a la CMF.

Los accionistas minoritarios consultados no suscribirán la inyección de capital y se diluirían proporcionalmente. Dicen no estar dispuestos a entregar más recursos a quien ha manejado la clínica en forma deficiente, provocando un éxodo de pacientes.

Al cierre del primer trimestre, la ocupación de camas alcanzó un 37%, la de pabellones un 24%, las atenciones de urgencia cayeron 22% y los exámenes de laboratorio, un 21%. Es una de las consecuencias de la partida de 300 médicos -otros calculan que serían 600- despedidos o que renunciaron por el mal clima interno.

No hay dudas que la controladora Cecilia Karlezi, quien hace unas semanas acordó entregar un préstamo por $5 mil millones a CLC para apoyar la caja, concurrirá al aumento de capital. Pero eso significa que entrarían $17.500 millones que no alcanzan a pagar los vencimientos de corto plazo.

“En ese escenario, la clínica tendrá que renegociar bonos y deudas bancarias. Normalmente, cuando eso sucede los acreedores nombran un comité de acreedores que negocia la extensión de plazo y las condiciones: una tasa de interés más alta y puede pedir que haya representantes del comité de acreedores en el directorio de la clínica”, sostiene una fuente del sector financiero.

Otra opción es que Karlezi, nuevamente, otorgue un préstamo. La venta de la clínica es siempre posible, pero a un precio acorde con la realidad actual.