—El economista propone separa a Beauchef del resto de la Universidad de Chile, sacarle las trabas de las tomas, de la tontería —nosn cuenta José Tobías Silva, jugando al misterio.

—¿Se refiere a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? ¿A Injeniería con jota? —pregunto.

—Esa misma, Jota Jota.

—Curioso, porque el economista también es novelista y se despierta en las noches recitando poesía —apunta Sammy Calderón.

—Tiene lógica: el economista sabe que su negocio mejora si reduce la competencia —opina María Luisa.

—A mí me llama la atención que, 24 horas después de que el economista haga su propuesta, un grupo de estudiantes se toma Beauchef.

—Quizás al economista le faltó tomar unos cursos de sicología social, o de historia de los movimientos políticos.

—Si prospera su idea, tendrá que ir a tomarlos a la universidad del lado.

—No es necesario, el economista debe saberlo. Creo que lo único que le faltó es tomar un poco más de atención en la clase sobre teoría de los incentivos —dice Walter Alberto.

El segundo semestre del año marcará un importante reajuste de las cuentas de luz, a medida que se implementa la Ley 21.667 de estabilización de las tarifas eléctricas que entró en vigencia a fines de abril. Si bien la legislación normaliza la situación del sector eléctrico, tras el congelamiento de precios desde fines de 2019, tanto parlamentarios como expertos, junto con reconocer la necesidad de “sincerar” los costos reales de la energía, han subrayado el impacto que las alzas pueden tener en las familias y las pymes y han llamado a un debate técnico sobre subsidios.

De acuerdo con un estudio del académico y asesor legislativo Humberto Verdejo, por ejemplo, las cuentas para los clientes con un consumo mensual inferior a $ 45 mil subirán entre 15% y 33%, dependiendo del lugar de residencia y la compañía proveedora; en Santiago el incremento llegaría al 26%. El análisis también contempla los tramos de consumo entre $ 45 mil y $ 65 mil y los superiores a este último monto. La estimación incluye el precio de generación de la energía, de la transmisión y la distribución, variables que se calculan de forma distinta.

Según un reciente informe de la consultora Valgesta Nueva Energía, la facturación por cada KWh, para clientes con consumos bajo 350 KWh, aumentará 17% en julio; en octubre acumularía un incremento de 48% y en enero de 2025 escalaría a un 63% respecto de su valor presente. El precio de la energía no ha variado desde antes del estallido social, ya que el anterior Gobierno primero no dictó el decreto de precios traspasables a clientes regulados —que implicaba un reajuste en las cuentas del 10%— y después del 18-O congeló las tarifas en el marco de su “agenda social”; una segunda suspensión de las alzas se aprobó a mediados de 2022, ya bajo la actual administración.

El resultado es que la tarifa de la energía, 30% más baja que la real, no ha reflejado el tipo de cambio, la inflación ni el salto de los precios internacionales; hoy la deuda con las generadoras asciende a US$ 6 mil millones. La ley ha incorporado un subsidio transitorio en las cuentas que beneficiaría a 1,1 millón de los hogares más vulnerables, que se financiará con US$ 100 millones de cargo a los grandes clientes y US$ 20 millones aportados por el fisco.

Si bien en los cinco años recientes las tarifas han estado distorsionadas por factores como el estallido social y la pandemia, es también fundamental revisar la efectividad de la promesa hecha por los últimos gobiernos, de que las reformas en el mercado eléctrico permitirían disponer de energía más limpia y barata; el carácter taxativo que a menudo adquirió ese compromiso parece colisionar con una realidad que es más compleja; la forma en que han evolucionado aspectos como la composición de la matriz energética, los retrasos en las obras de transmisión y la rigidez del sistema de distribución —cuya incumplida modernización anunció la anterior administración— evidencia el riesgo de los compromisos que no incorporan todas las variantes.

Desde luego la magnitud del incremento de la facturación es un costo político y económico —tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda han admitido su probable efecto en inflación— que requiere de una adecuada pedagogía hacia las personas, mejorar los instrumentos para moderar el impacto en los grupos más vulnerables y avanzar en acuerdos legislativos para modernizar los distintos segmentos del mercado.

Señor Director:

En la edición de ayer, el rector Sánchez dijo que escuchaba a los estudiantes UC pero nos parece una forma antojadiza de mostrar los hechos. Es de público conocimiento la petición, transversalmente respaldada, de cesar los convenios con universidades israelíes involucradas en el genocidio en Palestina y, aun así, siguen inalterados estos convenios.

Una cosa es escuchar, otra distinta es realmente tomar en consideración. Si la participación estudiantil fuera tal como el rector Sánchez orgullosamente plantea, probablemente habría tomado la posición del Gran Canciller UC, Fernando Chomalí, que está a favor de revisarlos. En un año donde habrá un nuevo rector (o rectora), los estudiantes UC seremos parte del debate por una rectoría que valore y ponga entre sus prioridades una real participación estudiantil.

Catalina Jofré

Presidenta FEUC

Señor Director:

A propósito de la carta de Juan Vallejos Croquevielle, en la que nos cuestiona por pedirle al Presidente Boric que regrese antes al país debido a las graves consecuencias del sistema frontal, sólo quisiéramos recordar las palabras del expresidente Sebastián Piñera en enero del año 2020, cuando decidió viajar a Atacama producto de las intensas lluvias que afectaban a la zona: “Yo siento que un presidente tiene que estar donde están los problemas, donde está el dolor, donde está el sufrimiento, junto a la gente”.

Felipe Donoso

Natalia Romero

Diputados UDI

Señor Director:

Mientras el frente de mal tiempo causa estragos, hay una estadística que nadie considera y que nos resulta intolerable: las personas en situación de calle no tienen dónde refugiarse.

Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, son 21.172 las personas en situación de calle, cifra por lejos subestimada, nuestra estimación es que llegan a 40 mil. Los programas destinados a atenderlos tienen capacidad para 6.125 personas y si a ello sumamos el Plan Protege Calle para enfrentar las emergencias, llegamos en total a 10.655.La brecha es evidente. En Hogar de Cristo hemos aumentado en 85 los cupos de nuestras hospederías, a nuestra capacidad habitual de 1.086 atenciones entre los distintos programas. Todo nos parece insuficiente para enfrentar esta emergencia climática.

Por ello pedimos con urgencia que se liberen los recursos presupuestados para aumentar a la brevedad la capacidad de albergues transitorios y abogar para que de ahora en adelante exista un presupuesto excepcional para situaciones como esta, que permitan cuidar la vida de las personas más excluidas y vulnerables del país.

Liliana Cortés

Directora Social Nacional de Hogar de Cristo

Señor Director:

Al cumplirse diez años de vigencia de la ley N.º 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, se constata el profundo desconocimiento de la normativa por parte de instituciones del Estado. Ello está complicando la situación de las empresas que se acogen al procedimiento de reorganización concursal, las que lejos de tener un respiro para recuperar su liquidez y así pagar a los acreedores, se ven entrampadas en un círculo vicioso de multas y procedimientos mal ejecutados.

Además de la aplicación ilegal de multas durante el período de protección financiera, muchas instituciones públicas no están pagando a las empresas reorganizadas por sus servicios, les impiden participar en licitaciones o exigen garantías que atentan contra la igualdad ante la ley. Es incomprensible que el ente político que debe velar por el bien común se constituya, por negligencia o desconocimiento legal, en el principal responsable de conducir a una empresa viable a su liquidación.

Nicolás Mena Letelier

Veedor concursal, exsubsecretario de Justicia