Un inesperado giro tuvo la querella por administración desleal que interpuso a fines de mayo la Universidad Bolivariana (UB) en la cual involucraba a su excontrolador, el empresario inmobiliario Munir Hazbún, con una millonaria emisión de facturas falsas y el factoring Factop.

A través de un escrito ingresado al 4° Juzgado de Garantía, José Miguel Gatica, representante legal y presidente de la junta directiva de la UB, se desistió de la querella tras “revisar con detención los antecedentes que la fundaban y corroborar la inexistencia de delito”, dijo.

El documento agregó: “Presente en este acto Munir Hazbún (...) acepta expresamente el desistimiento, renunciando a las acciones que se puedan derivar, en especial a las provenientes del delito de denuncia o acusación calumniosa”.

En la querella, acumulada por el tribunal a la causa Factop, la UB explicó que a raíz de su cierre y dificultades financieras el 20 de mayo de 2022 asumió un nuevo grupo de controladores, liderados por el académico y consultor Carlos Cáceres Valdebenito.

Agregó que, tras revisar la situación económica de la UB detectaron “123 facturas, por $1.197 millones, emitidas entre mayo de 2015 hasta diciembre de 2022, a nombre de la UB por Factop (...) por servicios que jamás fueron prestados a la UB”. Ahí, la universidad dijo en la querella: “Estos pagos fueron efectuados en el período en que Munir Hazbún y su grupo económico controlaban la UB. Dentro de este esquema, Hazbún habría tenido participación directa en propiciar la emisión y pago de facturas ideológicamente falsas, en directo perjuicio del patrimonio de la universidad”.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Bolsa de Santiago informaron que el presidente de Empresas Lipigas, Juan Manuel Santa Cruz, a través de Inversiones Sur, adquirió $1.894 millones en acciones de la compañía equivalentes al 0,45% de la propiedad.

La operación implicó el ingreso de Inversiones Sur a Lipigas y puso presión a la posición compradora que impulsa el empresario y director de la firma, Mario Vinagre, quien pasó del 19,05% al 21,39% de la propiedad desde septiembre de 2020 cuando expiró el pacto de accionistas entre las familias Santa Cruz, Vinagre y Yaconi.

Hoy Lipigas no cuenta con un controlador, según su memoria, y los accionistas mayoritarios son El Cóndor Combustibles (de los Santa Cruz Munizaga, con 13,73%), Inversiones Hevita y Vinta (de Mario Vinagre), Inversiones y Rentas Bermeo (de los Santa Cruz Negri, con 10,78%), entre otros. Consultada la empresa no se refirió a la transacción.

La reciente firma del acuerdo entre Codelco y SQM marca un hito en el desarrollo de la industria del litio en el Salar de Atacama.

Si bien hemos escuchado distintas opiniones y críticas al proceso, principalmente porque no estaría pasando por una licitación, este acuerdo nos parece una solución práctica que permitiría entregar al Estado un 85% de las ganancias del litio a partir de 2031 y eliminar la incertidumbre operacional de cara a 2030.

Considerando que la producción, los permisos y el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción de litio ya son un desafío para el actual operador (SQM), éstos lo serían aún más para un tercero con menor conocimiento del Salar, con la necesidad de aprobar nuevos permisos ambientales (que toman años) y eventualmente sin la planta procesadora de Antofagasta que pertenece a SQM.

Con todo lo anterior, creemos que el acuerdo permite reducir los riesgos del “valle productivo” en 2031, básicamente 3-4 años sin producción, y garantiza una continuidad operacional del Salar.

Cada año la industria del litio toma mayor protagonismo en el presupuesto fiscal de Chile y los beneficios récord de 2022 siguen frescos en la memoria. Aunque no se repitan esos niveles de precios, suponen una apuesta importante en caso de ajustar los plazos.

De todas formas, el proceso todavía no termina y nos mantenemos a la espera de la resolución de la CMF, eventuales acciones judiciales que busquen detener el acuerdo y el proceso de consulta a las comunidades locales

El abogado Manuel José Vial Claro, hijo del empresario Leonidas Vial, intensificó sus compras de acciones de La Polar, donde es vicepresidente del directorio. Vial adquirió esta semana otros $74 millones en títulos de la firma.

De esta forma, desde fines de abril ha desembolsado $419 millones en acciones de la multitienda, pasando del 1,32% al 2,17% de la propiedad, a través de su sociedad Inversiones Baguales Ltda., según la CMF. Vial junto a su familia controla Empresas La Polar (Nueva La Polar en bolsa, tras su fusión con Abcdin), con algo más del 34,59% de la propiedad.

Una apelación en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó un recurso de protección en contra de la Municipalidad de Recoleta, interpusieron esta semana los locatarios de la Vega Central con el propósito de que su reclamo sea elevado a la Corte Suprema.

En su recurso, rechazado el 6 de junio, los locatarios reclamaban que Recoleta y su alcalde Daniel Jadue no ejercían acciones para controlar el comercio ambulante, la delincuencia y la falta de aseo.