Ad portas de que entre en vigencia el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el ámbito laboral el 12 de junio, la Central Unitaria de Trabajadores y Mutual de Seguridad presentaron el informe final de un estudio realizado sobre la materia y que es resultado de un acuerdo colaborativo sellado entre ambas organizaciones a fines de 2023.

La investigación, realizada entre diciembre del año pasado y marzo de 2024, arrojó una serie de conclusiones, entre ellas que existe “desconfianza en las instituciones o la falta de información sobre los mecanismos disponibles” para realizar denuncias, y “la importancia de abordar las brechas socioculturales y normativas que perpetúan la naturalización y la aceptación de diferentes formas de violencia en el trabajo, especialmente en relación con las desigualdades de género”.

El documento también plantea la necesidad de que exista un “compromiso activo” del Estado, las organizaciones sindicales y empresariales para promover un cambio cultural basado en el respeto, la igualdad y la no violencia así como un mayor conocimiento tanto del convenio como de la Ley Karin, que fortalece la regulación chilena en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

“Se advierte sobre la necesidad de fortalecer la implementación efectiva de estas normas y de adaptar los mecanismos de denuncia y atención a las realidades específicas de cada contexto laboral”, señala el documento.

El presidente de Mutual de Seguridad, Leonardo Daneri, destacó la importancia de la participación público-privada en la generación, administración y perfeccionamiento de las políticas públicas y afirmó que la pronta entrada en vigor del Convenio 190 de la OIT significa “un cambio importante en la relación entre empresarios, trabajadores, y Estado”.

“Desde el punto de vista de nuestra obligación como mutualidad, que somos un paradigma de la participación público-privada, creemos nuestro deber participar en este proceso desde su inicio, haciendo los estudios y después en su implementación. Estamos muy contentos de haber tenido este privilegio”.

A su juicio, “uno de los principales resultados de este estudio es que los organismo administradores del seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales somos actores fundamentales en la implementación del Convenio 190 de la OIT y debemos ser parte activa de la política pública, ya que el acoso y la violencia en los contextos laborales son claramente un nuevo riesgo del mundo del trabajo, en el cual nuestra experiencia y conocimiento en prevención es fundamental”.

“El desafío es abordar esta política de forma integral, desde la base del dialogo social, solo así avanzaremos en estrategias integrales en favor de la protección de los trabajadores y trabajadoras del país”, aseveró.

Para Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT, en tanto, el estudio deja en evidencia que la violencia en el mundo laboral afecta mayoritariamente a las mujeres y que es de carácter sicológico.

A renglón seguido, afirmó quer el estudio establece la necesidad de que la lucha contra la violencia en el trabajo debe ser “una política de Estado, que involucre a todas las reparticiones y que incluya a actores tan relevantes como las mutualidades, los empresarios y también los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales”.

Esta problemática, agregó, debe ser abordada de forma “integral, tener acento en la prevención, en la promoción y también en dar la confianza a los trabajadores y trabajadoras en sus denuncias, ya que el estudio refleja que no existe ni para hacer denuncias ni en los procedimientos, y eso es relevante que se aborde en instituciones como la Dirección del Trabajo, el Servicio Civil y también la Contraloría”.