La minería quiere que sus aportes se gasten bien. Hoy el Gobierno comenzará la entrega de los recursos del royalty minero a 307 comunas del país. De acuerdo con lo manifestado por el Presidente Boric la semana pasada, la primera inyección de dinero será por $93.600 millones que serán puestos a disposición de los jefes comunales en pleno año electoral.

El Consejo Minero, gremio que reúne a las firmas de mayor tamaño, realiza por estos días una serie de conversaciones en las regiones mineras que recibirán más recursos. Su presidente Joaquín Villarino afirma que la idea es afianzar el mensaje del correcto uso de estos dineros. Además, el líder gremial espera que cada uno de los ciudadanos genere un control social para saber en qué se gasta cada peso del royalty.

“Esta preocupación, que es parte de una preocupación social, es para que se gasten bien los recursos”, insiste el presidente de la entidad.

-¿Cómo han organizado las reuniones con las comunas?

-Estuvimos en noviembre en Antofagasta, en marzo en Tarapacá, y tenemos previsto hacer más. Nos hemos reunido con autoridades locales: senadores, diputados, alcaldes, gobernadores y líderes del sector productivo para informar, a través de un actor regional o de un economista destacado -han participado Dusan Paredes y David Bravo- cuántos recursos van a llegar a cada una de las comunas de esa región, cuántos recursos a las gobernaciones de esa región, cuáles pueden ser los destinos, ya que van a unos fondos específicos, no son de libre disposición. Creemos que, de alguna manera, es responsabilidad de los ciudadanos que esos recursos se gasten bien.

-En total son más de US$1.000 millones al año lo que entregará el royalty. ¿Le han manifestado preocupación en las regiones por un eventual mal uso de estos recursos, considerando casos como el de las fundaciones?

-Nuestro rol es hacer patente y poner sobre la mesa la llegada de estos nuevos recursos y llamar la atención de la ciudadanía. Eso ha tenido muy buena acogida. Ahora vienen elecciones de alcaldes y de gobernadores; por ende, es el momento para que la ciudadanía pregunte en qué se va a gastar esa plata durante este año y en adelante.

-¿Hay alguna propuesta para que se genere un mejor control?

-David Bravo tiene una propuesta muy interesante. Su idea es conocer las líneas base de infraestructura, educación, telecomunicaciones, las áreas de pobreza de cada uno de los lugares que recibirá recursos. Y después discutir qué proyectos se implementarán y luego la idea es que, en un año o dos, se revise si realmente hubo un impacto social.

-¿No sería pertinente tener un sistema en el que cada comuna o la Subdere expliquen en qué se gastó cada peso en un portal de transparencia?

-Es una idea constructiva, pero no se trata de establecer una suerte de fiscalización extraordinaria. Queremos que los recursos del royalty lleguen a todas las regiones, que se gasten bien y no se despilfarren. Nosotros solo estamos promoviendo una conversación necesaria.

-¿Los diputados, senadores y otras autoridades con las que se han juntado en regiones están dispuestos a implementar métodos de control?

-No son los diputados ni los senadores los llamados a rendir cuentas sobre cómo se gastan estos recursos. Yo creo que aquí hay que pedirle rendición de cuentas al Estado, al ministro de Hacienda, pero fundamentalmente hay que pedirles rendición de cuenta a los alcaldes. Ellos son los que tienen que decir yo recibí este dinero y lo gasté en tal o cual proyecto. Nosotros no estamos llamados como sector a exigir información. Además, no tienen por qué contestarnos. Son los ciudadanos los llamados a exigir esta información.

-A su juicio, ¿por qué se gastan mal los recursos en el país?

-El malgasto de los recursos públicos se debe, muchas veces, a la desidia y a la falta de exigencia que hacemos nosotros, los ciudadanos. Cuando me preguntan de qué manera podemos pedir información, yo recuerdo que los alcaldes realizan una cuenta pública todos los años. Ahí cada una de las 307 comunas debería decir qué hizo con los recursos.

-¿Siente que se ha cambiado la percepción de la minería este último tiempo?

-Hay que contar un poco lo que hace la minería. Esta no es una industria que pertenezca a diez compañías extranjeras que se llevan todo y no dejan nada como majaderamente se repitió muchos años. Empleamos directa e indirectamente a un millón de personas. Si tuviera que pedir un deseo y alguien quisiera dármelo, pediría que así como la minería fue tremendamente generosa con este royalty, el mundo político también lo sea.

-¿Cómo así?

-Me gustaría que en cada obra que sea financiada con recursos del royalty se pusiera una placa que dijera este hospital, esta escuela o esta calle se financió con recursos de la minería. Me llenaría de emoción, pero no por mí, sino por ese millón de personas que trabaja en la minería y que le gustaría sentirse partícipe de esto. Y bueno, también el nombre del alcalde.

-Este es un año de elecciones, tal vez suceda.

-Probablemente aparezca alguna plaquita por ahí.

A fines de marzo, el Gobierno entregó la caracterización de los salares en el marco de la estrategia nacional del litio. Joaquín Villarino valora que “implícitamente” haya perdido fuerza la idea de una empresa nacional del litio; sin embargo, plantea cinco dudas. La primera es cómo se definieron los salares protegidos, dado que en la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas se establece una consulta pública. Y en dicha denominación, esta no habría existido.

La segunda inquietud es cómo conversarán las concesiones mineras ya existentes pertenecientes a empresas con los contratos especiales de operación de litio (Ceol), que podrían quedar en manos de otras sociedades distintas, generando una eventual judicialización.

La tercera es que los salares de Maricunga y Atacama son los más importantes, según Villarino, quien no comparte que se excluya a los privados de participar en la explotación de estos yacimientos.

"Una cuarta pregunta es el rol de las comunidades indígenas en los salares, ya que han venido hace mucho tiempo reclamando derechos sobre los mismos y pueden ser un obstáculo si no son integradas en la estrategia nacional del litio. Deben ser integradas antes y no después", dice.