Todos los días siguen apareciendo nuevos antecedentes relacionados con el abogado Luis Hermosilla. Y de tanto en vez, el Colegio de Abogados saca declaraciones por lo feo que se ven algunas de sus conductas.

Pero nada más, porque la causa ética abierta por el caso audios está suspendida y con cero avances relevantes.

Eso comenzó a generar ruido en el Consejo de la orden, donde “La Segunda” habló con 7 de sus 19 integrantes, quienes, en general, se excusaron de hacerlo dando sus nombres, debido a que pueden quedar inhabilitados para integrar un eventual tribunal de ético, cuando llegue el momento de realizar un juicio en contra de Hermosilla.

Pero sí revelaron que hubo críticas por “tanta declaración”; que el caso es de alto impacto y “nos vemos ausentes”; que “nos pueden ver como un club de amigos” y que “podría dar la sensación de que estamos protegiendo a Luis Hermosilla”.

Básicamente, buscaron cómo aplicar de una manera “más moderna” su propio reglamento para, sin cambiarlo, actuar de forma totalmente diferente a cómo lo han estado haciendo. Su artículo 18 dice, en síntesis, que una causa ética debe suspenderse cuando un organismo del Estado realiza una investigación sobre el mismo caso.

¿Cómo actuar distinto con la misma regla? “Para eso somos abogados”, dice un consejero riendo. Y fue así como nombraron una comisión, que rápidamente concluyó que la suspensión debe ser “excepcionalísima” y aplicable solo cuando la causa penal —como en este caso— sea calcada a la causa ética. En otras palabras, con nuevos antecedentes no solo podría reabrirse, sino que crear nuevas causas éticas.

Eso es lo que sucedió ayer en la tarde: fue ordenada la apertura de una causa extra contra Hermosilla, esta vez por sus comunicaciones con el exdirector de la PDI Sergio Muñoz, entre otros motivos. La decisión fue tomada después de que “La Segunda” completara su ronda de conversaciones con los consejeros, pues no estaban informados de la orden dada por el presidente, Pedro Pablo Vergara.

Entonces, sus versiones, aunque con más detalles respecto de la molestia, coincidían en lo grueso con lo que explicó dando la cara la consejera Macarena Carvallo: “Tenemos diferencias, pero las solucionamos internamente. Matices hubo y las declaraciones fueron consensuadas. No hubo diferencia en que esto era condenable”.

El sistema ético del colegio de Abogados funciona a través de un instructor de la causa: Sebastián Rivas, quien tiene una ayudante. Si se abre una nueva investigación, la decisión pasa por la vicepresidenta Soledad Recabarren, quien como está a cargo de los juicios éticos, recomendando conversar con el presidente de la orden, Pedro Pablo Vergara quien fue entrevistado esta mañana:

—Hay diferencias de opiniones entre consejeros, algunos dicen que en el caso Hermosilla no se pueden seguir sacando declaraciones.

—Hay un poquito de subjetividad, porque estamos muy de acuerdo en el fondo. El colegio, como entidad privada, es muy poco lo que puede hacer y tenemos el principio de preferencia: en la medida en que haya una investigación de un organismo con poder, como el Ministerio Público, tenemos que esperar que esa investigación termine. Desde el punto de vista mediático, la gente no entiende esto.

Pero añade: “Todos estos nuevos hechos que están apareciendo darán lugar a una nueva investigación, que va a iniciar la oficina de instrucción ética del colegio. El único caso que está suspendido es el llamado audio, que es la conversación que se grabó en la oficina del abogado Luis Hermosilla. Ahora están apareciendo nuevos hechos y como presidente instruí a la oficina de instrucción ética para que inicie nuevas investigaciones o una nueva investigación, que es lo que tiene que ver el instructor, Sebastián Rivas.

—Hay dos causas, una es de Leonarda (audios) y otra es el de las comunicaciones de Hermosilla con el director de la PDI, Sergio Muñoz…

—Las investigaciones que se van a abrir ahora van a estudiar esos nuevos antecedentes. El caso Leonarda es el único que está suspendido. Usted me preguntará si se corre el riesgo de que sea suspendido de nuevo: sí, se corre el riesgo, porque lo que acordó el Consejo es que existe el principio de deferencia.

—Me dicen que la comisión que estudió este asunto concluyó que la suspensión debiera ser excepcionalísima, cuando las investigaciones (ética y penal) coincidan exactamente. Es un criterio distinto.

—Sí y en eso no hay ninguna diferencia de opiniones.

—Es algo que acaba de pasar que lo fijaran expresamente como criterio.

—Sí, pero siempre se entendió así. El acuerdo del consejo extraordinario fue encomendar a una comisión analizar esto para tener un antecedente muy claro, de una norma que se había aplicado muchas veces sin dudas y como esto ha causado gran impacto público decidimos que teníamos que tener un estudio más acucioso, pero el informe fue aprobado por unanimidad y (la suspensión de una causa ética) es excepcional.

—Me dicen los consejeros que ese criterio podría dar pie a que, sin dejar de lado su suspensión, se pueda buscar una forma de entrar al “caso Leonarda” también.

—No me atrevería a ser tan expreso en la materia. Creo que ese caso, y esta es una opinión personal, va a quedar plenamente superado por los nuevos hechos que están apareciendo. Ese caso supuso la separación de sus funciones de funcionarios del SII y de la CMF, por sumarios que se cerraron sin imputación a nadie. Fue muy mediático y si no sigue la investigación penal se va a retomar la investigación ética. Esperamos que se termine la investigación penal para que no vaya a ocurrir que se produzca una discordancia entre el sistema ético del colegio y lo que aparece públicamente, porque sería terrible que una persona condenada penalmente sea absuelta en lo ético. No puede ocurrir.

—El caso audios-Leonarda podría quedar superado, pero surgen nuevos antecedentes y ahí la comisión de ética podría retomarlo, aunque no sea en su hebra original.

—Por supuesto. El instructor, conforme a los nuevos antecedentes que vayan apareciendo, le puede pedir a la vicepresidente que se abra de nuevo el caso, conforme al principio de que se trata de una norma excepcional.

—La investigación que solicitó, ¿ya se abrió?

—Ya se abrió, ayer. La instruye el mismo instructor (Sebastián Rivas), secundado por Paula Morales.

—¿Cuál es el mandato?

—Recopilar todos los antecedentes de prensa que hay y con eso pedir informes a todos lo que aparezcan mencionados o vinculados, por ejemplo, la CMF y el SII y no pedir información al globo, sino que información específica. Al instructor se le recomendó no pedir al voleo, porque si pide la carpeta investigativa no se la van a mandar, sino que busque antecedentes específicos, por ejemplo, a la UAF: “Dígame si ha iniciado una investigación en relación a las cuentas corrientes del señor Hermosilla”.

Añade que “según mi punto de vista, lo que pasó en la investigación anterior (caso audios-Leonarda) y que obligó a cerrarla es que no se obtuvo ninguna información más que esa, <<sí, hay una investigación penal y punto>>, con lo cual nos obligaba a aplicar el artículo 18 (el que habla del criterio de preferencia)”.

“Entonces vamos hoy recogiendo información precisa, de modo que avancemos en la investigación interna y después veremos si hay que aplicar el artículo 18, pero avancemos para que no nos pase lo que con esta otra, que a muy poco andar esa investigación quedó suspendida. En todo caso ahí hay un problema, que es que los instructores tienen plazo para investigar —6 meses con una prórroga de 3 meses por una sola vez— y de ahí que en algún minuto haya que suspender para que no se le acaben los plazos y tenga que cerrar con muy pocos antecedentes”, concluye.

En el marco de la investigación que lleva la Fiscalía de Las Condes por el Caso Factop, el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió un informe a fines de febrero en el que señala que, a raíz los antecedentes entregados por el Ministerio Público, investiga a 27 contribuyentes (empresas) a través de su Departamento de Delitos Tributarios por el delito de emisión de facturas falsas.

El SII detalló que tras una revisión preliminar a 760 facturas entregadas en prenda entre abril de 2022 a junio de 2023 por Factop a AGC Operations –firma ligada a la matriz del fondo inglés Global SME, que reclama un fraude desde el factoring por $6 mil millones- constató que existían “266 facturas (emitidas por los contribuyentes investigados) que presentan irregularidades como haber sido emitidas sin la autorización del SII o tener datos o antecedentes distintos a los registrados en las bases de datos” del servicio.

Además, señaló que según los análisis de la Subdirección de Asistencia al Contribuyente del SII, área encargada de la cesión de facturas, se determinó que en las facturas analizadas existen “89 certificados en el registro de cesión de facturas utilizadas por Factop que presentan inconsistencia con la información de las bases de datos”. Entre esas inconsistencias, el SII detalló:

l Existen certificados duplicados, que teniendo el mismo folio consignan información distinta, siendo solo uno de ellos válido.

l Hay certificados con errores en el RUT de los emisores, en los montos consignados, con deudores distintos e, incluso, con un cesionario distinto a Factop.

l Certificados con cesión de documentos tributarios que no han sido cedidos y que no figuran en el registro de cesión del SII.

l Certificados de cesión sobre documentos que no pueden haber sido cedidos, ya que se trata de facturas no emitidas.

Uno de los pasajes que más resaltó ayer en la última jornada de formalización a los imputados por el caso Factop, fue el alegato del abogado Alejandro Awad, defensor de Rodrigo Topelberg (socio de Factop y quien solo quedó con arresto domiciliario nocturno). Ahí señaló: “Factop es una máquina de facturación falsa, destinada al financiamiento de grupos económicos (...), personas vinculadas al grupo económico de los Jalaff (exsocios de Grupo Patio), The Barber Group (de Topelberg, los hermanos Sauer y otros). Esto no tiene una estructura de estafa piramidal, no importaban las facturas falsas porque el pagador iba a pagar, porque era una bicicleta que se pagaba emitiendo otras facturas”.

En otro pasaje, Awad agregó que “los demás receptores de facturas recibieron millonarios financiamiento y hasta donde conocemos, no han declarado. No ha prestado declaración en esta investigación el señor Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos (ambos protagonistas del Caso Audio), no han prestado declaración los señores Jalaff”. El abogado aseguró que “los Jalaff deberían estar en este juicio, como mínimo, por provecho del dolo ajeno”.

Previamente, Awad reconoció que “nosotros tuvimos acceso al famoso audio (la grabación de Leonarda Villalobos a una conversación entre ella, Luis Hermosilla y Daniel Sauer) antes que la opinión pública, audio que fue enviado por Leonarda Villalobos a la mujer de nuestro cliente (Yael Speisky)”. Agregó que gracias a ese audio “de alguna manera le llevábamos ventaja al Ministerio Público y a la opinión pública. Ese audio está grabado el 22 de junio (2023) y a Rodrigo Topelberg le llegó a los pocos días, tipo 25 de junio”.

En un oficio de respuesta a la Cámara de Diputados, fechado el 1º de abril de 2024, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó los movimientos de dinero que hubo entre su cartera y el abogado Luis Hermosilla a partir de 2010, luego de que ese dato fuera solicitado por el diputado Daniel Manouchehri (PS).

Las primeras boletas fueron emitidas en Piñera uno, entre los años 2012 y 2013, cuando se celebraron cuatro contratos, por un monto total de $100.556.667. En Piñera dos, sus servicios fueron requeridos a través de 6 contratos, de los años 2018, 2020, 2021 y 2022, por un total de $112.149.956.

En los dos períodos informados, las cifras suman $212.716.623.

La revisión de los contratos de Luis Hermosilla con distintos organismos relacionados con el Estado se está haciendo frecuente, luego del estallido del caso audios. Por ejemplo, hoy El Mercurio publica que el Gobierno de Piñera lo contrató para defender al exministro de Salud, Enrique Paris por $12 millones y que esta administración aprobó el vínculo.

Antes, radio Biobío dio a conocer un contrato de BancoEstado con Hermosilla por $21,6 millones, en tiempos en que la entidad era presidida por Sebastián Sichel.