“El sistema actual de admisión no permite saltarse la fila, es un sistema expedito, evidentemente transparente que garantiza igualdad de condiciones a apoderados y apoderadas” dijo hoy la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC) retractándose de sus declaraciones de ayer en radio Cooperativa en torno a denuncias de que la plataforma «Anótate en la fila» ofrecía a los sostenedores un servicio más expedito para gestionar los cupos por 2.5 UF mensuales.

Dicha plataforma (gratuita) fue habilitada en enero por le Mineduc para evitar largas filas de padres pernoctando afuera de los colegios para conseguir matrícula para sus hijos. Para ello, el apoderado debe ingresar al sitio, buscar los establecimientos en los que desea solicitar una vacante (municipales, de los SLEP o subvencionados), hacer la solicitud y entregar la información de contacto. Los colegios reciben esta información y si tienen vacantes, las asignará por orden cronológico partiendo por quienes se inscribieron primero. Luego, los colegios contactan al apoderado para que acepte y continuar con el trámite de matrícula.

“Efectivamente se detectó una especie de servicio premium (...) nuevamente se utiliza la capacidad de pago de las familias para acceder a cupos dejando atrás a otros, como para saltarse la fila, y eso es algo abusivo que no podemos permitir”, dijo la ministra en la emisora radial, contradiciendo abiertamente lo que 24 horas antes (el lunes) había comunicado el Ministerio de Educación de manera oficial: “La plataforma asegura la igualdad de condiciones para apoderados y sostenedores, al momento de solicitar y/o asignar vacantes. No existe ningún servicio premium vinculado a «Anótate en la lista» que genere ventajas entre los usuarios”.

La detallada minuta con el mensaje del Mineduc explicando cómo funcionaba el servicio, que no había denuncia formal y que se había instruido una investigación no solo fue difundido en redes sociales, también fue enviado a La Moneda y a la Secom, por lo que las declaraciones de la ministra Vallejo sorprendieron en la cartera de su compañero de partido, Nicolás Cataldo, quien ayer debió enfrentar una arremetida de cuestionamientos en su contra en el Congreso (parlamentarios UDI pidieron su renuncia de manera pública) por la falta de matrículas para 880 alumnos y problemas en diversos con los SLEP, a lo que se sumó como argumento lo dicho por su colega Vallejo.

“Si eventualmente existiera una denuncia formal de algún establecimiento o alguien que está tratando, por el lado, de vulnerar el principio de la ley de inclusión, evidentemente que existen herramientas legales para poder sancionarlo porque habría un incumplimiento, pero por lo pronto no tenemos esas denuncias formales, la plataforma en si misma está hecha y diseñada para garantizar igualdad de condiciones y que nadie se salte la fila, si no que se anote en la lista y puedan acceder a los distintos cupos que el sistema contempla”, agregó hoy la ministra vocera.

Esta mañana la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, enfatizó en ADN radio que la plataforma “asegura igualdad de condiciones para todos los apoderados a la hora de solicitar y asignar vacantes (...) No hay ningún servicio que permita saltarse la lista”.

Aclaró que la empresa oferta servicios adicionales a los sostenedores que son pagados. Luego de la asignación de las vacantes, explica, “los sostenedores deben gestionar sus matrículas, la asistencia y las notas, información que deben subir al SIGE para consolidar todos los datos. Muchos establecimientos hacen esta parte con un informático que tienen contratado en la escuela, otros colegios externalizan esto a empresas que proveen este servicio. Y esta empresa que provee «Anótate en la lista», también entrega este servicio a algunos establecimientos, pero es un servicio distinto y eso no puede implicar alterar el orden de la lista”.

Arratia sostuvo que si bien no hay denuncias formales en torno al caso, igual se instruyó una investigación. “Le hemos pedido los antecedentes a la empresa. Aquí hay un contrato y estamos revisando que se cumplan todas las cláusulas. Si identificamos cualquier hecho que sea incumplimiento del contrato, vamos a aplicar todas las medidas necesaria (...) Una de las cláusulas especificas es la confidencialidad de toda a información a la cual se accede a través de la plataforma”.

Y si bien, dijo, hay plazos estandarizados en torno a la investigación donde se garantice “un justo proceso”, señaló que espera que ya al finalizar la semana tener “una primera aproximación. Hasta ahora, no tenemos antecedentes que nos den cuenta de una situación irregular”.

Consultada por qué el contrato fue vía trato directo y no se hizo vía licitación, la subsecretaria sostuvo que el trato directo se aplica siempre y cuando se cumplan alguna de las condiciones establecidas para ella. En este caso, fue la urgencia con que se necesitaba proveer el servicio.

Recordó que el año pasado, cuando se hizo el compromiso de pasar el registro público de postulación a un sistema digital, se debía cambiar el reglamento del sistema de admisión escolar. “Ese documento salió de Contraloría, con toma de razón, el 18 de julio. Había que contratar una empresa o hacer una licitación. Dado los tiempos de desarrollar una plataforma como esta, que tenia que estar disponible para fines de diciembre o principios de enero, no alcanzaban esos tiempos porque el desarrollo de una plataforma de este tipo toma entre 18 y 20 meses. Por eso, la necesidad de hacer trato directo. La causa es urgencia”.