“Siempre me planteé como objetivo ser la última ministra de la Mujer que le tocara tramitarla”, señala Antonia Orellana, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, sobre la nueva Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres.

En su oficina del ministerio, comenta los alcances del proyecto que ve la luz después de que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios de oposición para declarar inconstitucional la educación “no sexista” y acogiera los argumentos del Gobierno.

“Este proyecto fue presentado por la ministra Claudia Pascual, salió de la Cámara bajo la gestión de la ministra Isabel Plá y el primer set lo entregó la ministra Mónica Zalaquett. Era uno de nuestros principales compromisos legislativos como cartera. Confío en que con la implementación de esta ley vamos a dejar un país más preparado para enfrentar la violencia contra las mujeres”.

En la Cadem de marzo, la ministra Orellana subió cinco puntos de aprobación y aparece con un 70% detrás del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el mejor evaluado del gabinete. “Hay medidas que han sido bien valoradas por la ciudadanía. Me lo tomo con mesura... Los albos lideran”, dice bromeando.

—El 2023 cerró con la cifra más alta de femicidios frustrados de los últimos 10 años. 259 frustrados, 42 los consumados. ¿Cómo lo leen?

—Eso es multicausal. Con la entrada en vigencia de la Ley Gabriela cambió el tipo penal de femicidio hacia relaciones sin convivencia. Y desde 2021, delitos que antes eran considerados como lesiones graves o menos graves, son calificados como femicidios frustrados. Eso es resultado del trabajo de más de 10 años del Circuito Interseccional de Femicidios. Si miramos un poco más atrás, las agresiones que sufrió Nabila Rifo fueron consideradas como lesiones graves. Había una resistencia a ocupar esta figura y esto se ha ido revirtiendo gracias a un trabajo coordinado. Cuando Carabineros abunda en más detalles en su reporte, o cuando el servicio de salud reporta más datos en el parte médico. Como lo hace Valparaíso, que trabaja integrado con el circuito. Porque es muy distinta la decisión que se toma un juez cuando el informe dice “corte de arma blanca” o si dice “corte de arma blanca en zona cervical”.

“La pospandemia trajo un aumento de violencia contra las mujeres. Hubo un peak de llamadas de emergencia en pandemia que no necesariamente se tradujeron en juicios. Otro factor asociado es el aumento en la autonomía económica de las mujeres, que es reconocida como un factor de prevención. La última Encuesta Nacional de Empleo dice que recuperamos la tasa de inserción laboral, que ya es una buena noticia”.

—Según un estudio de la U. de Chile, de 2023, el 44% de las mujeres dice haber sido víctima de VIF. El indicador aumentó 11,4 puntos en una década: en 2012 era de 32,6%.

—Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito, un 41.4% de las mujeres en Chile, entre 15 y 65 años, señala haber sufrido algún tipo de violencia. Un 38,3% señaló haber sufrido violencia psicológica; un 15,5% violencia física y un 6,9%, violencia sexual. Del 2020 al 2021 tuvimos un salto y luego se han mantenido estables las denuncias, pero sabemos que no son el único factor para medir esto, por eso es que en los centros del SernamEG, como los centros municipales de la mujer o en los nuevos centros de atención especializada que estamos inaugurando en cada región, la denuncia no es un requisito para atenderse. Muchas veces lo que las mujeres necesitan es acogida, acompañamiento y orientación para iniciar el proceso de denuncia. Del 2022 al 2023 pasamos de 146.202 mil a 143.093 mil denuncias, pero cuando hablamos de esa magnitud no es estadísticamente significativo. La violencia intrafamiliar es uno de los delitos más denunciados del país y en la Estrategia de Seguridad Pública fue priorizada por la mayoría de los municipios del país como uno de sus mayores problemas.

—¿Cómo están funcionando las líneas de emergencia y las campañas?

—Hemos sido muy insistentes en informar que el 1455 del Ministerio de la Mujer no es un teléfono de emergencias. Fue una irresponsabilidad declararlo así en épocas anteriores, porque es un teléfono de orientación. Si miramos la Encuesta ENVIF (Violencia contra la Mujer), y otras como Ipsos o Humanas, podemos decir que hemos pasado de una cultura de “la ropa sucia se lava en casa” a una cultura de la denuncia. Lo que tenemos que ver es por qué eso no nos ha permitido parar la violencia. Hemos hecho un cambio en las campañas del ministerio también, porque llevamos muchos años centrados en la víctima, pero las mujeres ya saben que se puede denunciar. Hoy buscamos incidir en el entorno. El lema del 2022 fue “Sí es mi problema” y el de 2023: “Lleguemos a cero”.

—Una cosa es que sepan que pueden denunciar y otra es que se atrevan a hacerlo.

—Hay tres factores importantes: autonomía económica, expectativa respecto al proceso judicial y el factor cultural. El 25 de noviembre lanzaremos la campaña 2024, enfocada en jóvenes, porque estamos muy preocupadas con la “Décima Encuesta Nacional de las Juventudes” (2023), del INJUV, que muestra que no solo hay un aumento en la valoración de la violencia como forma de resolver problemas, sino que hay un aumento, en ambos géneros, en validar la violencia como forma de resolver conflictos en la pareja.

—Ante el último femicidio en Maipú, resultaba doloroso ver la cantidad de vecinos que decían haberlo visto venir y que no pudieron hacer nada.

—No se sabe mucho que cualquier tercero puede denunciar, de manera anónima a través del Denuncia Seguro (*4242) o a través del 133, 147, 149. No es necesario ser familiar tampoco. Y hay que aprender a identificar la violencia, porque se sigue relativizando. Ese caso es terrible, porque la comunidad no supo cómo reaccionar. Por eso la campaña hoy está enfocada en esas comunidades, para que sepan identificar conductas de riesgo como el control, el aislamiento de la víctima y los cambios de conducta.

—A propósito del femicidio frustrado de una abogada en Las Condes, el 22 de marzo la alcaldesa Daniela Peñaloza publicó cifras alarmantes: “En 2023, tuvimos 1903 llamados al 1402 por VIF y 501 ya van este año”.

—Estamos muy preocupadas, por eso tuvimos una sesión nacional de un Circuito Intersectorial de Femicidio con la Ministra Tohá. Ella instruyó que, a nivel regional, se hagan sesiones tanto del Circuito como de la evaluación del Sistema Táctico Operativo (STOP) de Carabineros para medir llamados, denuncias, representaciones jurídicas y hacer un paneo regional. A la fecha, este año han habido 13 femicidios consumados y 67 femicidios frustrados (10 y 62 a la fecha, en 2023). Es una cifra alta. La violencia contra la mujer es transversal a clases y zonas. Hay particularidades, como que en zonas rurales se denuncia mucho menos violencia psicológica que en zonas urbanas. Por eso decimos que la violencia contra la mujer es un problema estructural, porque para que ocurra hay más factores que una víctima y un agresor; hay un sistema donde no se aborda.

—En el mismo ejemplo de Las Condes, la municipalidad implementó capacitación de conserjes, por ejemplo.

—Nuestros servicios están permanentemente entregando charlas a quien lo necesite. El año pasado, gracias al plan “Prevenir” pasamos de 4500 personas capacitadas en el Estado a 33 mil. Tratamos de poner énfasis en funcionarios públicos, pero la empresa privada también ha detectado que es un tema a abordar. Sea desde la empatía a sus trabajadoras, por problemas de seguridad con agresores que llegan a agredirlas a su trabajo o por ausentismo. Cada vez más empresas se certifican con la norma 3262 que da herramientas para eso.

—Con respecto a la ley, en primer lugar se establece un mejor seguimiento de medidas cautelares en caso de VIF.

—A la hora de ingresar indicaciones, detectamos a los dos tribunales que tenían mejor cumplimiento de cautelares: el 1° Tribunal de Garantía de Santiago y el Tribunal Transversal para Materias de Género (TTPG) del Juzgado de Garantía de Iquique. De mutuo propio citan a audiencias de control, porque lo que se da siempre es que cuando la cautelar se infringe, es la propia víctima la que lo debe reportar. “Oye no me están haciendo la ronda”, “vino a mi casa igual”, “el teléfono del cuadrante no me responde”. Esa práctica la vamos a implementar.

—Van a contar también con un sistema de representación jurídica del SernamEG, en caso de femicidios o suicidios femicidas.

—Estamos fortaleciendo la representación jurídica del servicio porque, actualmente, tiene que conseguir el patrocinio de la víctima, excluyente de tener un representante privado. El SernamEG representa mujeres de clase alta, populares, mujeres que demandan futbolistas, mujeres que demandan a alcaldes. Hemos hecho una excepción solo para suicidios femicidas, femicidio y femicidio frustrado, porque los años han demostrado que en el caso de haber sobrevivientes, la familia está en shock y no está en condiciones de darnos el patrocinio, por lo que nos perdemos las primeras audiencias. Después, hay familias a las que no les interesa hacer justicia por su hija; o porque ya no tenían relación, porque no les interesa el sistema penal o por miedo. Y lo que está demostrado es que cuando SernamEG y Ministerio Público actúan juntos desde el primer momento, se obtienen mejores condenas y procesos más satisfactorios para las víctimas.

—¿Y de qué manera se implementa la gestión integral entre organismos del Estado?

—Estamos modernizando la atención a las víctimas, porque el reclamo permanente es que se tocan demasiadas puertas antes de conseguir ayuda. Más del 80% de la operación del SernamEG, que atiende a más de 60 mil mujeres al año, es con los municipios. Hay un software que ya llevan 300 municipios que los conecta con el sistema del Ministerio de Desarrollo Social. Le estamos añadiendo una pestaña que es la de violencia contra las mujeres. Así, nos deja utilizar mejor el tiempo de las intervenciones, porque no vamos a tener que recaudar datos que ya tiene el Estado y hacemos mejores evaluaciones de riesgo. Es muy distinto si observamos que hay una mujer que ha venido siete veces a orientarse y que nunca ha denunciado. El fuerte del presupuesto de este año del servicio está para actualización tecnológica.

“Esto también busca responder a las observaciones de Contraloría que hizo un informe sobre la violencia contra las mujeres en pandemia, que fue bien lapidario. Yo también hice un informe sombra, porque en ese tiempo yo era activista, y se lo mandamos a Dubravka Šimonoviæ, relatora de ONU. Habla de falta de conexión entre las instituciones, falta de campañas de alerta, problemas de gestión para conducir a las víctimas en un proceso efectivo y omisiones en los programas”.

“Si hablamos de que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, depende mucho más que del Ministerio de la Mujer superarlo”, añade la ministra y cita la Convención Belém do Pará, que ella presidirá, en Chile, en junio de este año.

“La senadora Alejandra Sepúlveda estuvo acá con una sobreviviente de femicidio, cuyos hijos van a un colegio que queda justo enfrente de la casa del agresor, y no hubo forma que le movieran la matrícula hacia otro lugar. Uno de los deberes de prevención tiene que ver con que esto no pase. Mucho recae en el Ministerio de Educación y también en el de Salud, de hecho, el fuerte de las platas del proyecto se van a la atención primaria”.

—La ley define el concepto de violencia de género y sus distintas expresiones: física, psicológica, sexual, económica, ginecobstétrica, entre otras.

—Estamos ampliando las definiciones de violencia, no todas conducen a tribunales. Por ejemplo, la violencia simbólica, como cuando una conductora que lee el informe de Nabila Rifo en un matinal. Lo que establecimos fue un mecanismo de reparación que tenemos que trabajar con el CNTV. En el caso de la violencia política contra las mujeres, se establecen mandatos para las organizaciones sociales, porque hoy en día la mayor participación política no se da en los partidos.

—¿Hay alguna nueva observación ante la violencia psicológica?

—Es importante concientizar sobre ella y también delimitarla. No todo lo que me hace sufrir es violencia psicológica. Es un abuso que causa dolor emocional, dependencia, que involucra muchas veces la coerción de la voluntad y que también incluye la amenaza de violencia física. La violencia ginecobstétrica es impresionante, yo estuve hace poquito en La Granja con un grupo de dirigentas y me preguntaban “¿qué es eso tan difícil de decir?”, pero cuando hablamos de las experiencias de parto de cada una, terminamos todas llorando. Muy pocas no tenían algo malo que contar, pero no le tenían un nombre. Con respecto a la violencia sexual, con la Ley Antonia se aumentaron de 5 a 10 años el plazo de prescripción del delito. Hace 15 años era muy difícil que se denunciara violencia sexual dentro de un matrimonio, por ejemplo, porque se entendía que era parte de las obligaciones propias del género. El viraje hacia el consentimiento ha sido muy importante y el caso de Antonia Barra provocó un remezón respecto a ello.

—En cuanto a la prevención, el artículo 12, el de la polémica, dice que en los colegios se debe promover la igualdad de género y la educación no sexista. La diputada Ximena Ossandón señaló: “A mí me gustaría que a mis hijos se les enseñara que son dos sexos: hombres y mujeres”.

—Agradezco a la exministra Plá que dijo: “No entiendo cómo mi sector se entrampa en esto”. Yo tuve muchas reuniones con la oposición, les presenté de la A a la Z el proyecto. Y los artículos que rechazaron en el Senado, yo no los repuse en la Cámara, porque las leyes sobre igualdad de género tienen que ser lo más transversales posibles. Siempre sostuvimos que la educación no sexista es un mecanismo apto constitucionalmente que no pasa a llevar la libertad de enseñanza, ni el derecho preferente de los padres. Lo que dijo la diputada Ossandón es una tergiversación del concepto. Hubo múltiples posicionamientos y apoyos de distintas áreas. Y cuando hablan de la “norma que obligará a impartir”, ¡por favor!, esto no va cambiar el currículo, solo tiene que ver con el colegio se mire y vea cómo propicia la igualdad dentro de la comunidad.