Evelyn Matthei acusa una inteligencia superior a la gran mayoría de sus colegas políticos. Es difícil dudar de sus conocimientos económicos y sus competencias en la gestión. Tiene una trayectoria pública como parlamentaria, ministra y alcaldesa. Tras décadas de vocación política ha sido capaz incluso de brindarle cauce alentador a un genio complicado; de dejar atrás conflictos, formar parte en equipos y desplegar aptitudes colaborativas.

Si existe algo así como el subconsciente social, las circunstancias le son muy propicias. Tras cuatro años en manos de un varón joven y escasa experiencia, algo desguañangado, sin hábitos claros, de frases biensonantes, pero a cargo de un gobierno incapaz en la gestión, adquiere modo de compensación necesaria la figura de una mujer y madre exigente, especialmente consigo misma. Y eso justo en el momento en que los problemas del país, más que con la verbosidad, se remiten a seguridad, economía, salud, educación e institucionalidad territorial.

Con todo, Matthei se halla todavía ante un desafío mayor, si ha de llegar a La Moneda. Luce tener alguna consciencia del asunto. De hecho, criticó fuerte y claro al opaco “Libertad y Desarrollo”, centro de tráfico de influencias y representación de intereses empresariales ocultos, cabeza de serie de los espurios “think tanks” que parasitan en el sector. Sin embargo, el entramado de intereses económicos, economicismo y falta de un pensamiento propiamente político está enquistado en la derecha desde la dictadura. Será difícil lidiar con él.

La mejor manera de hacerlo, probablemente la única eficaz, es avanzar en el diagnóstico e interpretación de la situación, de la “Crisis del Bicentenario”, la que dio lugar al estallido de 2019 y varias de cuyas bases siguen latentes. Sobre un diagnóstico serio, es menester todavía efectuar un planteamiento político responsable. Él debe reunir dos principios básicos para una centroderecha política:(1) división republicana del poder social: entre un Estado y una sociedad civil fuertes, en cuyo interior el poder se halle también dividido, e (2) integración del pueblo consigo mismo y su territorio.

Sólo un republicanismo de la división de la fuerza puede operar como defensa y promoción política de la libertad. Sólo una renovada consciencia popular y sobre el significado del paisaje permite pensar con claridad en la tensión de clases, los abusos, el hacinamiento, el abandono de las regiones, la sequía, la cuestión mapuche (y la verdad todos los problemas territoriales, sin solución a la vista).

Sólo a partir de principiospolíticospodrá orientar sus propuestas, desarrollar líneas de argumentación convincentes en foros libres, recuperar apoyo popular y legitimidad para las instituciones. Algo se ha avanzado en esas direcciones, pero todavía muy poco. De cuánto se avance dependerá el resultado de la elección presidencial.

El Simce 2023 reveló una importante mejora de aprendizajes postpandemia, destacando el avance de los 11 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en funciones. Comprensiblemente, se ha dicho que habría acá una evidencia de que es correcta la dirección de la reforma de la educación pública.

En verdad, es preciso evitar caer en causalidades fáciles y analizar los factores asociados con los resultados. Junto con ello, deben consolidar las buenas prácticas de liderazgo y gestión pedagógica pues, en rigor, la triple misión de elevar la matrícula, la asistencia y los aprendizajes no tiene aún suficientes indicios de éxito.

Atacama y Colchagua mantienen problemas que hacen difícil recomponer la confianzaen la educación pública.Para acelerar el cambio se requiere avanzar en dos flancos.El primero desafía a los directivos de los nuevos SLEP, porque el tradicional clientelismo en los municipios se ha extendido a la nueva institucionalidad. El gobierno ha presentado un proyecto de ley para resolver estos lastresy poner los incentivos correctos. También falta mejorar la “fase cero”, esto es, la etapa que resuelve desde las oficinas de los nuevos SLEP hasta la estrategia de instalación de procesos críticos.

Sin embargo, esta “fase cero” tiene un gran obstáculo: elartículo tercero transitorio de la ley 21040, según el cual el SLEP tiene calidad de sostenedor solo desde la fecha en que los establecimientos de su dependencia han sido traspasados. Por consiguiente, hay un periodo en que los directivos del SLEP, ya instalados, no tienen injerencia (ni opinión) en tres procesos clave: a) el Padem de cada comuna que establece la respectiva (sobre)dotación docente; b) el acceso a los recursos ministeriales y/o del gobierno regional para infraestructura; y c) la asignación de los recursos de subvención escolar preferencial (SEP).

Sin una adecuada instalación hay pocas oportunidades para el segundo flanco propiamente educativo y comunitario. No hay procesos pedagógicos efectivos sin una buena gestión de personas, infraestructura, tecnologías y recursos. De aquí la importancia de asegurar condiciones de operación que, en definitiva, son umbrales o garantías institucionales para enseñar, aprender y convivir.

Hace un año y medio, la Corte Suprema emitió el dictamen sobre la tabla de factores de riesgo, para terminar con la judicialización del sistema. Este fallo ha desencadenado consecuencias nefastas para el sistema de salud, algo que los jueces no anticiparon. La aplicación general y retroactiva de esta medida ha puesto en jaque al sistema, y el gobierno ha demostrado una falta de previsión en evaluar adecuadamente sus repercusiones.

Inicialmente, muchos creían que este fallo no tendría un impacto significativo. Algunos incluso pensaron, y aún sostienen, que podría ser útil para los objetivos políticos de reformar el sector hacia un seguro único de salud. La realidad ha demostrado lo contrario; las advertencias sobre el perjuicio del fallo se están haciendo realidad, se han iniciado despidos importantes en clínicas y centros de salud, las deudas del sistema tienen al borde de la quiebra a muchas empresas o han detenido las inversiones, la incertidumbre ha empujado a miles de personas a Fonasa y ya incluso las autoridades piensan que varias isapres quebrarán.

La solución propuesta de trasladar el problema al parlamento ha demostrado hasta ahora ser ineficaz. Después de un año de debate, aún no se ha aprobado una ley para implementar los fallos sin inestabilidad financiera ni mayor gasto público.

La ley corta, hasta ahora, no cumple con estos objetivos. Cumplir con el fallo según el actual proyecto de ley corta implicaría una deuda insostenible para las isapres; para aquellos que se vean obligados a trasladarse a Fonasa por la quiebra de su isapre se ha propuesto la Modalidad de Cobertura Complementaria, la cual aún está en proceso de definición; sin embargo, se estima un costo muy alto por la selección adversa de riesgo que harán a las personas.

Afortunadamente el sistema prevé una comisión mixta para arreglar los evidentes errores de la ley; por plazos, es la última posibilidad para que el Congreso tome medidas que permitan cumplir el fallo en forma viable considerando el equilibrio financiero de las isapres para impedir una crisis sanitaria y evite mayor gasto fiscal en Fonasa.

Sin embargo, se requiere, además, introducir reformas estructurales junto con soluciones inmediatas. Cuatro reformas mínimas en la ley corta podrían dar una señal positiva a la población, abordando problemas fundamentales del sistema: eliminar la selección al ingreso, permitir la libre movilidad de los afiliados, fomentar un cambio en el modelo de negocio de las isapres para controlar costos y mejorar la transparencia en la fijación de precios de los planes que de estabilidad al sistema y certezas a las personas. De lo contrario, enfrentaremos una nueva ola de judicialización y descontento público.