La mayoría de la población sabe que nada en la vida es gratis. Nos levantamos temprano, nos esforzamos por progresar en nuestras carreras y, así, desarrollamos nuestros talentos, mejoramos nuestros ingresos y nos sentimos más plenos, al tiempo que nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades. Así, para el chileno común, el “paga Moya” no existe. Sin embargo, en el Congreso se vive en un mundo paralelo, pues vemos iniciativas que pasan por alto los costos que conllevan y se presumen que, por ignorarlos, no habrá que pagarlos. Veamos.

Llevamos años con las cuentas de la electricidad congeladas y ahora, cuándo corresponde regularizar la situación, muchos parlamentarios no quieren hacerse responsable de financiar las deudas que hemos contraído con las empresas que generan la energía que usamos.

Otra. Aunque la cobertura de salud que los afiliados reciben por parte de sus isapres no ha variado, a partir de marzo los ingresos de las aseguradoras han disminuido bruscamente por los fallos de la Corte Suprema. Sin embargo, en el Congreso solo unos pocos valientes lo reconocen y, en cambio, muchos se niegan a apoyar reajustes extraordinarios que permitan reestablecer un equilibrio financiero. La idea que las isapres seguirán funcionando con pérdidas permanentes es una fantasía.

Con las reformas que está promoviendo el Gobierno pasa lo mismo. Este mes bajará el número de horas que trabajamos en un 2% y, en julio, subirá el sueldo mínimo en 9%. A eso debe sumarse un eventual aumento de las cotizaciones provisionales, sobre todo si ellas terminan siendo un impuesto que vaya a un fondo de reparto donde el trabajador no es dueño de sus ahorros. ¿Paga Moya? La verdad es que esos mayores costos laborales los pagarán los miles de desempleados que no lograrán conseguir un trabajo y también quienes sí tienen un empleo, pero que verán como sus sueldos crecen menos. Lo mismo sucede con la idea de subir los impuestos. En ese caso, Moya tomará la forma de menor crecimiento, inversión y un mercado laboral más deprimido.

En los últimos años nos hemos mal acostumbrado a diseñar políticas públicas utópicas, creyendo que los costos los pagarán “otros” o que esos costos se podrán diferir eternamente. Sin embargo, la realidad siempre se impone y no da lugar para trampas en el solitario. Las cuentas hay que pagarlas y cuando los recursos no alcanzan hay que escoger entre alternativas excluyentes. Por ejemplo, un fondo de reparto no puede subir las pensiones de los actuales jubilados sin desmejorar las de aquellos que se pensionarán en las próximas décadas; si optamos por privilegiar a quienes ya se jubilaron con cargo a los trabajadores actuales, la creación de empleos y los salarios se verán afectados.

No nos dejemos engañar. No hay deuda que no se pague y el costo de malas reformas las pagará Moya. Es decir, todos nosotros.

A pesar de que los resultados de la gestión municipal sean los más inmediatos y visibles del Estado para la ciudadanía, paradójicamente las municipalidades no han sido objeto del mismo nivel de modernización que el gobierno central. Esta falta de mejora en los instrumentos de gestión y control local ha tenido como consecuencia diversos problemas que en ocasiones se presentan al mismo tiempo, como el uso ineficiente de los recursos públicos y la corrupción.

En efecto, tras estimar la eficiencia municipal de 324 municipios, Pacheco, Sánchez & Villena (2020) concluyeron que las municipalidades tienen un grado relevante de ineficiencia, ya que podrían lograr la misma provisión de servicios con un 53%-61% menos de recursos.

A esto se suma una preocupante declaración del fiscal regional de O'Higgins, quien aseveró que más de la mitad de los municipios en Chile están siendo investigados por corrupción. Del mismo modo, el Consejo de Defensa del Estado ha señalado que se ha querellado por irregularidades detectadas en 135 municipios entre 2009 y marzo de 2023. La percepción pública es igualmente desalentadora, con un 65% de los encuestados por Cadem (2024) considerando que la corrupción está “muy extendida” en las municipalidades.

Todos estos antecedentes hacen que en general la ciudadanía desconfíe de la política y los partidos políticos, razón por la que tanto la ineficiencia como la corrupción repercuten directamente en las urnas. En este sentido, la tendencia creciente hacia el triunfo de candidaturas independientes fuera de pacto en elecciones de alcaldes, que pasaron del 15% en 2016 al 30% en 2021, es una clara advertencia de que la mala selección de candidatos a alcalde y no haber mejorado los controles y externos e internos de los municipios no ha sido gratis.

Lamentablemente, las propuestas en materia de integridad pública durante este gobierno tardaron demasiado en llegar y su impacto sobre la corrupción será posterior a las elecciones de este año. Sin embargo, más allá de la contingencia, es imperativo que la modernización y prevención de la corrupción en las municipalidades sean siempre una prioridad permanente del Estado. De lo contrario, no serán solo los partidos políticos los que sufran las consecuencias, sino los pilares mismos de la democracia representativa.

La discusión ante el Tribunal Constitucional por la expresión “educación no sexista” en el proyecto de ley integral de violencia de género nos invita a pensar sobre la relevancia de la educación, el rol del Estado y la familia. Voces a favor relevan garantizar el derecho de igualdad y no discriminación, principios de respeto y convivencia democrática. Voces en contra han puesto énfasis a la carga ideológica y la falta de claridad legal del concepto, además de resaltar la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos. Másalláde los argumentos a favor o en contra, que fueron ampliamente expuestos en el TC, nos gustaría focalizar la reflexión en el tema central que subyace a la ley y a la educación no sexista: la violencia de género.

La violencia de género es una problemática arraigada en nuestra sociedad y la vemos en los casos de feminicidio, la violencia física, discriminación, abuso y acoso sexual. La literatura desde la investigación y diálogo académico en la temática es clara. ¿Cómo evitar la violencia de género? Con prevención. ¿Cómo se previene? Con educación. Reconocer, nombrar e interrumpir la violencia requiere educación. La educación no sexista como proceso formativo en los espacios educacionales resulta clave para comprender qué es violencia, cómo opera, cómo la reconozco, cómo respondo a una situación de violencia, o cómo recibo un relato de violencia. No todo es violencia en temas de género, pero, ¿cómo aprendo a diferenciar una violencia de un conflicto o una incomodidad? ¿Cómo soy capaz de ver que he ejercido violencia o discriminación hacia otra persona o que he sido víctima de un trato violento? ¿Cuál es el mejor camino a seguir para mí y mi comunidad en estas circunstancias? Estas son algunas de las muchas preguntas urgentes que nos hemos comprometido y que podemos comenzar a responder a través de la educación no sexista.

Como sociedad tenemos un tremendo desafío de re-aprendizaje en cómo hemos sido construidos en temas de género, en aquellas exigencias de lo que podemos lograr y hacer dependiendo si soy varón o mujer. La violencia de género es un tema estructural que se entreteje en esas normas de género. Aprender a reconocerlos nos ayuda a comprender, empatizar, observar, escuchar, y reflexionar sobre nuestras relaciones de género, y al final del día, a construir espacios libres de violencia.