—No hay mucha claridad de qué hacer con los nombramientos judiciales —comenta José Tobías Silva, por decir algo.

—Bueno, en algunos lugares de Estados Unidos se hace por elección popular —recuerda Sammy Calderón.

—¡Pero eso sería una desgracia! —se queja María Luisa, que siempre ha sido un poco garantista.

—Mejor que los elija la inteligencia artificial, o un algoritmo.

—¿Como el sistema de admisión escolar?

—La tómbola, Jota Jota, dilo no más.

—Hay que escuchar la voz de la gente —sugiere el Pelado Trujillo, mientras se acerca a saludar.

—Debería haber un director técnico que los designe, como en el fútbol.

—Puede ser el mismo Gareca, que anda en racha —propone a su vez Walter Alberto.

—¿Y la gente?

—Que opine, pues. Que transmitan los juicios.

—Ya lo hace, pero nadie los ve.

—Que los relate Claudio Palma y los comente Schiappacasse. El canal del Poder Judicial podría hasta cobrar unas luquitas a los abonados.

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“No conviene ilusionarse con que una mejora formal vaya a terminar con instituciones tan universales como las recomendaciones o el intercambio de favores”.

La información sobre los contactos del abogado Luis Hermosilla con un ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, y un integrante de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa, previo a que ambos fueran nombrados en los respectivos tribunales, ha agitado la controversia en torno a la supuesta influencia de Hermosilla, y así como él, de otros litigantes u operadores políticos, en la configuración del Poder Judicial (y, por cierto, también del Ministerio Público).

Los reclamoshicieron quela propia Suprema reconociera, en una declaración pública, que «el sistema constitucional y legal vigente[de nombramientos] podría permitir algunos espacios de opacidad», y recordara que «se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura».

No se trata, desde luego, de una discusión nueva. El exministro de Justicia, Hernán Larraín, recordó que el gobierno anterior presentó al Congreso, en abril de 2021, una propuesta de reforma constitucional que creaba una comisión nacional de nombramientos judiciales, y que dejabaal margen del proceso de designaciones tanto alPresidente de la República como a los integrantes de los tribunales superiores de justicia. También los dos fracasados procesos constituyentes, en 2022 y 2023, incluyeron enlos textos sometidos a plebiscito modificaciones de distinta índole al gobierno judicial, las que naufragaron junto con el rechazo de ambas propuestas. Ahora, el actual titular de Justicia, Luis Cordero, ha recordado que junto con un “camino largo”, que es modificar el sistema de nombramientos, hay una ruta más inmediata que consiste en reducir los espacios de opacidad: “Eso tiene que ver con registrar cualquier gestión que alguien pueda hacer en un proceso de nombramiento”.

No hay coincidencia, en cambio, sobre cuál sería la mejor fórmula. El exsupremo Milton Juica ha defendido que el método anterior, cuando las designaciones eran potestad del Presidente de la República. “Era un buen sistema hasta que entró a participar el Senado. Ahí se echó a perder todo”, afirmó. Otro exministro de Justicia, Isidro Solís, ha dicho, en cambio, que la participación de todos los poderes del Estado hace más difícil asegurar la designación de una persona, y que el mejor recurso para evitar influencias indebidas es la publicidad.Cualquier discusión, desde luego,debe ponderar cuidadosamente los riesgos de politización, al incrementar la participación de representantes electos en los nombramientos; de corporativización, al dejarlos en manos del propio Poder Judicial, y de burocratización, al crear instancias supuestamente técnicas pero sin responsabilidades políticas que atender.

Con lo que no conviene ilusionarse, sin embargo, es que una mejora formal en el sistema de nombramientos, sobre la cual pareciera haber amplio consenso, vaya a terminar con instituciones tan universales como las recomendaciones, el intercambio de favores o, incluso, la oferta, explícita o implícita, de un trato deferente en el futuro. Como ha recordadoel mismo Solís, “cada vez que había un nombramiento, había mucha gente que llamaba. Mucha. De todos los colores y de todos los pelajes”.

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Voluntarismo

Señor Director:

En su columna, Marcelo Mena aboga por la renegociación de contratos de suministro eléctrico a clientes regulados. Parece desconocer la regulación del sector (donde las renegociaciones son regladas) y los efectos de las mismas, más aún cuando plantea la supresión total por vía de la renegociación de la energía de fuente fósil de la matriz eléctrica.

La columna, por cierto, no es casual. Se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para estabilizar las tarifas eléctricas y cuyo principal atributo es ponerle fin a la acumulación de deuda, asumiendo el alza en los precios de la energía. Sería bueno que Mena hablara de los retrasos del Gobierno en la dictación de los decretos tarifarios (con la consiguiente distorsión en los precios a clientes regulados), del tránsito hacia un mercado más comprensivo de los costos de las energías renovables o de la necesidad de asumir que, al menos por el tiempo que dure la transición, los precios de la energía van a variar por efecto del IPC y de otros indexadores. Decir, sin embargo, que renegociando contratos se acaban los problemas, es estar preso en el voluntarismo.

Juan Ignacio Gómez Corvalán

Libertad y Desarrollo

Presión social

Señor Director:

El senador Núñez nos recuerda la innegable eficacia de abandonar el tedioso proceso de diálogo y consenso por la mucho más vibrante estrategia de presionar a nuestros representantes electos. Este innovador enfoque hacia la gobernanza es, sin duda, un faro de esperanza para aquellos que han encontrado el proceso de negociación y debate político demasiado complejo y lento. Agradezcamos que nos haya recordado que la democracia y sus engorrosos mecanismos de votación, respeto a la libertad y derechos pueden ser fácilmente reemplazados por la acción directa.

Los párrafos anteriores parecen descabellados, ¿cierto? Bueno, en esa lógica se mueven algunos grupos en nuestro sistema democrático. La democracia, el diálogo y los acuerdos deben ser no solo el norte sino también el método para superar los desafíos en materia de seguridad pública, crecimiento económico, progreso social, salud y pensiones.

Miguel Ángel Fernández

Faro UDD

Año seco

Señor Director:

La encuesta “Chile nos Habla” de la Universidad San Sebastián revela que la mayoría de los chilenos creen que el cambio climático es muy importante y, a la vez, que como país estamos poco o nada preparados para enfrentarlo. A nivel nacional, es común que al hablar de este desafío se priorice el disminuir emisiones a través de la descarbonización de la matriz energética, o el fomento de la electromovilidad. Sin embargo, considerando que Chile emite el 0,26% de los gases de efecto invernadero y que somos unos de los países más vulnerables a las consecuencias del cambio climático, ¿qué estamos haciendo para abordar nuestro gran desafío: la adaptación?

2024 volverá a ser un año seco, producto de la retirada del fenómeno de El Niño. ¿Qué haremos al respecto? Como ejemplo, el valle del Limarí, región de Coquimbo, tiene solo 3% de agua en los embalses. El momento es ahora, mañana será tarde.

María Emilia Undurraga

Decana Facultad de Ciencias de la Naturaleza, U. San Sebastián

Paula Santibáñez

Jefa del Observatorio Climático, U. San Sebastián

Clima adverso

Señor Director:

El ministro de Justicia, don Luis Cordero, afirmó que se aplicarán inhibidores de celulares en el perímetro donde se ubica Santiago Uno y la ex Penitenciaria, y que ello podría provocar un “clima adverso” en las cárceles.

Los que financiamos dichos llamados, gracias a la inexcusable omisión de quienes por largos años, por acción u omisión, han permitido que las personas privadas de libertad nos hagan “pitanzas”, gozamos de un clima mucho más adverso y abogamos por un cambio de estación.

Francisco Castillo O.

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