Dos reuniones consecutivas del pleno de la Corte Suprema ameritó el caso de las revelaciones del incautado teléfono celular de Luis Hermosilla, donde en uno de los últimos capítulos se supo que el ministro del máximo tribunal, Jean Pierre Matus y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, recurrieron al abogado en 2021 para que los ayudara a ocupar los puestos que ostentan hoy.

Tras esa información revelada por Ciper, el pleno se juntó a las 14:30 horas de ayer y a las 8:30 horas de hoy. En el primer encuentro, los magistrados habrían conversado sobre rechazar una eventual invitación del presidente de la comisión investigadora del caso audios, Daniel Manouchehri (SP), para declarar respecto de lo que sepan sobre influencias externas en los nombramientos de ministros y jueces.

Hasta el cierre de esta edición, en el Poder Judicial, no se respondía si esa invitación ya había llegado.

En el encuestro de hoy, se acordó la redacción final de un comunicado, que omitió toda referencia a la comisión investigadora, y que tampoco nombró a los ministros Matus y Ulloa, cumpliendo así con el acuerdo de ayer de no realizar defensas corporativas.

El comunicado fue leído por el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, quien partió diciendo que la declaración se debía a “las diversas publicaciones de los últimos días relativas a presuntas influencias en los nombramientos en los cargos del Poder Judicial”.

Tras ello, recordó que “la Constitución contempla la participación de los tres Poderes del Estado en el nombramiento de los ministros y ministras de la Corte Suprema” y resumió que solo en una de las etapas actúa el máximo tribunal: cuando propone una quina al Presidente, quien luego elige un nombre entre esa quinela y lo presenta al Senado, organismo que ratifica o no al elegido.

“En el caso de los demás miembros del escalafón primario, el Poder Judicial elabora una terna y compete al Ejecutivo el respectivo nombramiento”, sentenció.

Sin referirse a debilidades puntuales, que permiten lobbies como el cuestionado, el comunicado añade que “conscientes de que el sistema constitucional y legal vigente podría permitir algunos espacios de opacidad, esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”.

Entre esas medidas, “se han afinado los procedimientos para ponderar —previo cumplimiento de los requisitos legales— la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones. En torno a este punto, el Poder Judicial seguirá trabajando para mejorar la transparencia y rendición de cuentas”, concluye.

“En el mismo sentido —continúa el escrito—, esta Corte se ha manifestado reiteradamente de manera favorable en orden a revisar el proceso de nombramiento de los miembros de la judicatura, como lo hizo presente al informar el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial y ha instado por cambios en el sistema en los procesos constituyentes recientes, particularmente, en lo que se refiere a separar la función jurisdiccional del gobierno judicial, conforme a los acuerdos adoptados”.

Sin nombrar a la Cámara, el escrito concluye refrendando que están cumpliendo con su deber, lo que refuerza su autonomía: “El Poder Judicial continuará ejerciendo sus facultades disciplinarias para corregir prácticas o conductas que infrinjan la normativa vigente, con el objeto de preservar su independencia y correcta administración de justicia”.

Lamberto Cisternas, exministro de la Corte Suprema, en @InfinitaFM: “Hay un cierto consenso en que es bueno mejorar el sistema. Y ciertamente, si la propia Corte determina que debería salir de su ámbito las cuestiones administrativas, con mayor razón”.

Carlos Gajardo en @Futurofm: “Esto puede ser muchas cosas, menos sorpresivo, es un secreto a voces... es un sistema que premia al amiguismo, al conocimiento y la fidelidad que se tiene a esas recomendaciones”.

Pedro Pierry, exministro de la CS, en @elmostrador: “Todo el mundo sabe cómo funciona esto, desde hace décadas. Hay operadores que todos sabemos quienes son y a quienes representan, para los efectos de conseguir influencias en los nombramientos... Evidentemente, el sistema tiene que reformarse".

Iván Flores, senador, en @AgriculturaFM: “El teléfono del padrino Hermosilla es la mejor muestra de que el sistema ya no se sostiene”.

Cristián Riego en @sonarfm: “Esta forma de hacer las designaciones afecta la independencia, la transparencia y la calidad de los jueces”.

Mariela Hernández, vocera de la Asociación Nacional de Magistrados, en @adnradiochile: “Tenemos que trabajar hacia un modelo que evite y que pueda blindar toda injerencia del mundo político”.

Carlos Reusser (@CarlosReusser), académico UAH: “¿Quieren evitar la corrupción? Es fácil: establezcan por ley requisitos OBJETIVOS muy altos (pero conocidos por todos) y los que los cumplan van a un sorteo público. Y se acabó. Con ello el poder político perderá el control de los nombramientos, por lo que nunca ocurrirá”.

Patricia Schaulsohn (@pschaulsohn): “Autoridades y poderosos influyen en nombramiento de jueces y está muy mal. La mayor gravedad y connotación del caso Hermosilla es que éste litiga en Tribunales, o sea, compra anticipadamente los resultados de los juicios que le interesan”.

Nicolás Mena Letelier (@Nimena), exsubse de Justicia: “Una de las propuestas de la CC rechazada el 4/09/22 fue la del Consejo de la Justicia, en donde se transparentaba el sistema de nombramientos de jueces a través de un órgano autónomo. Sería bueno reconsiderarlo”.

Desde que se supo de la presunta influencia de Luis Hermosilla en los nombramientos de Jean Pierre Matus en la Corte Suprema y de Antonio Ulloa, en la de Apelaciones de Santiago (en 2021), se temió que tal gestión podría ser retribuida con fallos en beneficio del abogado.

“La Segunda” revisó si Hermosilla tramitó causas en las salas integradas por alguno de esos magistrados. En el caso de la Suprema, entre 2021 y 2024 no aparecen en alguna sala que integrara el ministro Matus. En el caso de Ulloa, existen tres en donde el sistema judicial hace coincidencia.

La primera (de 2022), junto a Ulloa integraron la ministra (s) Ana María Osorio y el abogado integrante Jorge Benítez (Sexta Sala en ese momento) y confirman el sobreseimiento definitivo que dictó el 7° Juzgado de Garantía respecto al exministro de Salud, Enrique Paris, y al exdirector del hospital San José, Luis Escobar. Esto respecto a la apelación de la activista Cecilia Heyder quien se querelló porque no le habrían otorgado cuidados paliativos en su casa, luego que se le negara la eutanasia. No alegó Hermosilla sino su socio Francisco Sepúlveda.

En el segundo fallo (de 2023) si bien Hermosilla sigue apareciendo como abogado de Francisco Frei, quien alegó fue Juan Rondón que era el abogado de Frei en ese momento.

El fallo fue contrario a Frei, dado que —Ulloa, la ministra (s) Carolina Bustamante y el abogado Integrante Sebastián Hamel— revocaron la medida de cinco años de libertad vigilada y determinaron que debía cumplir la condena en la cárcel. Medida que la Suprema reversó en enero de este año.

El tercer caso —también de 2023—es un recurso de protección interpuesto por un funcionario de Salud en contra del Consejo para la Transparencia, que fue acogido por Ulloa, la ministra (s) Paola Díaz y el abogado integrante Eduardo Jequier. Todos en ese momento integrantes de la Séptima Sala.