“La izquierda no es woke”, se titula la reciente obra de Susan Neiman, cuya versión castellana presentaron este viernes Josefina Araos y Carlos Peña. Como es natural, este lanzamiento ha traído de regreso la discusión sobre la política identitaria y su rol en la historia de la izquierda contemporánea. Dentro de esa discusión la tesis de Neiman es, en cierto sentido, sencilla: la izquierda identitaria habría abandonado las convicciones centrales de la izquierda ilustrada precedente; ha abandonado el universalismo, la distinción entre justicia y poder, y la fe en que el progreso es posible. Como resultado, la izquierda se habría vuelto reaccionaria, aunque esa no es su posición ni destino natural. Se trata de un tipo reconfortante de conclusión. El identitarismo ha sido un dolor de cabeza, pero viene desde fuera. En realidad, es de derecha.

Comoquiera que uno juzgue sobre las líneas centrales del argumento de Neiman, debe tenerse por bienvenida otra vuelta sobre esta discusión que lleva ya una década. Porque, aunque en Chile el fenómeno haya tocado cumbre con la fallida Convención de 2022, nada permite suponer, como algunos parecen creer, que está en retirada. No solo forma el corazón del actual gobierno. También ocurre que la generación más fuertemente formada bajo esta mentalidad ha entrado recién a los espacios de poder político y cultural que, con idas y venidas, ocupará por las próximas décadas. Motivos para interrogar esta mentalidad tendremos por largo tiempo.

¿Qué decir entonces del libro de Neiman? No es este el espacio para abordar los aspectos más discutibles de la historia intelectual que traza. Sí puede ser de interés público detenerse, en cambio, en esa conclusión según la cual estas ideas serían en último término de derecha. Porque esa idea, por útil que pueda ser a la hora de conducir a la izquierda en direcciones más promisorias, tiene un grave problema: ella impide a la izquierda preguntarse en serio cómo es que el identitarismo ha llegado a desempeñar un papel tan fundamental en su historia reciente. En Chile, donde la capitulación fue virtualmente total, la pregunta parece particularmente importante.

Levantar esa pregunta no implica responder a Neiman con una crítica simétrica, señalando que la izquierda sí es por naturaleza identitaria. Más bien salta a la vista el límite de nuestras categorías usuales de derecha e izquierda para comprender fenómenos como este. Pero, aunque se trate de un problema cultural y generacional más amplio, parece crucial describirlo de modo que la izquierda se pueda plantear esa elemental pregunta. ¿Cómo es que una tradición política en apariencia tan robusta pudo volverse tan permeable a lo que ahora algunos declaran ser su opuesto?

Es inminente el anuncio del Gobierno sobre la lista de salares que serán parte del 30% de protección comprometido a través de la Estrategia Nacional del Litio, así como de aquellos que serán destinados a proyectos de exploración y explotación. Comunidades indígenas que habitan los entornos de los salares, organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico están atentos y vigilantes al anuncio, que sentenciará el futuro de los salares del norte de Chile. La responsabilidad de esta decisión es gigantesca.

A pesar de las tecnologías y métodos que se están poniendo en la mesa, la explotación del litio generará severos impactos en los salares; aquellos que sobrevivan quedarán con secuelas irreversibles y otros irán directo al sacrificio. Nuestra triste historia reciente de destrucción de salares a manos de la minería es elocuente, ilustrada a través de casos brutales como los de Punta Negra, Talabre, Hamburgo, Surire, Coposa, Llamará y otros.

La definición del 30% de protección es el mínimo ético, pero por cierto que resulta insuficiente en términos de stock de capital natural. Es por eso que la lista de salares a conservar debe dar cuenta de asegurar la mantención de una red de sitios críticos funcionando entérminos ecológicos y de sus servicios ecosistémicos. Esta decisión debe estar basada en ciencia y no en los análisis económicos del Ministerio de Minería.

El Gobierno “ecológico” del Presidente Boric tiene la obligación, a nombre de una transición energética justa, de fortalecer la red de protección de salares, pero sin letra chica. El punto de partida debe ser lo que ya tenemos protegido hoy.

Chile tiene la oportunidad única de transformar capital natural en capital social y conocimiento de manera inteligente, donde la conservación de salares no sea un porcentaje sino que un esfuerzo sostenido.

La política pública, la institucionalidad, quienes toman las decisiones y la sociedad en su conjunto, no pueden cometer el imperdonable pecado de tratar a nuestros salares como si fueran minas, mientras que la evidencia científica nos muestra, de manera elocuente, que son vitales para sostener comunidades y para la acción climática.

Es 12 de junio de 2009. Marco Enríquez–Ominami, diputado socialista, renuncia a su partido para competir, como independiente, en las elecciones presidenciales, denunciando la dificultad para refrescar ideas en pactos ya anquilosados. Cristaliza así, post democracia, la disyuntiva permanente de los sistemas políticos, entre la estabilidad y la gobernabilidad, por un lado, y la renovación de actores y propuestas.

Es junio de 2010. Un grupo transversal de senadores ingresa un proyecto que busca hacerse cargo de los candidatos díscolos. La moción, que se transformaría en la ley antidíscolos que conocemos, dificulta la presentación de candidaturas de quienes renuncian a sus partidos. Esta ley fue pensada para candidatos y no para parlamentarios en ejercicio, y suponía operar con el binominal, que ya hacía agua por todos lados.

Es 14 de enero de 2015. Tras una maratónica jornada en el Congreso, se pone fin al sistema binominal. Se baja el umbral que permite la formación de partidos y se privilegia la proporcionalidad en la representación, antes que la generación de mayorías. Tras esta reforma, en marzo de 2018, entrarían al Congreso nuevos actores, especialmente el Frente Amplio. El hecho de que cuatro años después el FA haya ganado las elecciones, con Gabriel Boric, demuestra cuán necesario era necesario el recambio, y advierte sobre el efecto nocivo que el blindaje rígido de las coaliciones tiene en materia de participación y calidad de la representación.

Pero garantizada la entrada de nuevos actores, formadas nuevas coaliciones —también en la derecha— y ampliado el centro político, el problema es la fragmentación, que complica la generación de acuerdos. El problema se agrava porque esos actores, ya fragmentados, pueden renunciar a sus partidos, formar nuevos y cambiarse de coalición o de tendencia sin pagar costos. La fragmentación y el discolaje son un mal cóctel no solo para la credibilidad del sistema; también para su operatividad.

Es 27 de octubre de 2022. Los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, de la Democracia Cristiana, renuncian a su partido y, pocos días después, forman uno nuevo, Demócratas, hoy aliado políticamente con Chile Vamos y por estos días en el ojo del huracán a propósito de la histórica caída de un acuerdo para la presidencia del Senado.

Así, si el problema, hace unos años, era la rigidez del sistema, hoy lo es la excesiva plasticidad. ¿Hay un equilibrio perfecto y sostenible? Quizás es posible que las reformas que permitan a las democracias bascular en uno o en otro sentido, privilegiando la continuidad y la reproducción de un sistema sano, sean vistas no como una señal de crisis, sino como un atributo adaptativo, que estemos dispuestos a abrazar. En estos días, en que un grupo transversal técnico y político piensa en respuestas que incentiven la disciplina y suban los umbrales para garantizar la estabilidad, importa saber que, sea cual sea la norma que se zanje, seguramente equilibrará el sistema por un tiempo, para inclinarlo otra vez.