El Banco Security ingresó a los juzgados civiles de Santiago una solicitud de liquidación forzosa (quiebra) de la Inmobiliaria Paseo San Damián, de propiedad del empresario Alfonso Vásquez Parker, que es dueña del terreno de Av. Las Condes 11.271 que, en los 90, albergó al complejo gastronómico y nocturno homónimo.

El banco argumentó que la inmobiliaria mantiene un impago por algo más de $1.204 millones, que suscribió a fines de marzo de 2022 y cuyo vencimiento estaba programado para el 29 de septiembre del año pasado.

El pagaré, ingresado como medio de prueba a tribunales, contemplaba una tasa de interés de UF más 5% anual y fue firmado por el propio Vásquez Parker, quien además actuó como aval y codeudor solidario.

Consultados por La Segunda tanto el empresario como el banco no se refirieron a la acción judicial.

Vásquez Parker y el Security mantienen, desde hace meses, una disputa por los créditos asociados a la Inmobiliaria Paseo San Damián. Según publicó DF, el empresario en una demanda que presentó en noviembre de 2023, acusó que la Inmobiliaria Paseo San Damián desde 2008 en adelante celebró, a lo menos, cinco contratos de leasing y lease-back con el Banco Security. Sin embargo, según esa acción judicial, “estos contratos celebrados uno tras otro son simulaciones de contratos de financiamiento, a través de herramientas permitidas en nuestro ordenamiento jurídico, con la finalidad de vulnerar el cobro de la tasa máxima convencional”.

El año pasado el empresario enfrentó otro litigio judicial, cuando la UDI se querelló en contra suya y de su esposa Macarena Plass por la retención indebida de fondos reembolsados por campañas políticas para la contratación de publicidad con la Radio Agricultura. Causa que aún investiga el Ministerio Público.

Luego de que el consorcio bielorruso Belaz-Movitec -que desarrollaba el proyecto Rajo Inca, cuyo contrato fue desahuciado por Codelco en 2021- incumpliera los acuerdos de pago alcanzados tras la solicitud de quiebra presentada en su contra a fines de 2023, Servicios Comerciales Multiservice nuevamente pidió la liquidación forzosa de la compañía.

La acción patrocinada por el abogado Sergio Zamudio Cataldo señala que solicita la quiebra de Belaz-Movitec después de que cesara en el pago de una obligación por más de $1.101 millones más reajustes e intereses, estipulada en un contrato notarial firmado el 7 de diciembre pasado, a raíz del acuerdo de pagos por la solicitud de liquidación interpuesta inicialmente en contra del consorcio bielorruso. Agrega que de ese acuerdo, Belaz-Movitec solo ha cumplido con un pago inicial de $137,7 millones, faltando las restantes ocho cuotas mensuales de igual monto.

Multiservice explica que la liquidación de este consorcio se justifica, además, al considerar que otros 13 acreedores tramitan la ejecución judicial de esa empresa por más de $1.454 millones. Y otros nueve acreedores tramitan la cobranza judicial de facturas por $3.945 millones.

-¿En qué estás?

-Operamos en siete países --Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, El Salvador, Honduras- y vamos a entrar EE.UU. Fuimos seleccionados por The Roux Institute, dependiente de la U. de Boston, que nos entregó un premio de US$25 mil y acceso a estudiantes de postgrado para el diseño y desarrollo de negocios. El programa dura un año, con mi socio estamos en Boston y viajamos a los mercados donde operamos. Este año proyectamos crecer, al menos, tres veces en ventas.

-¿Cuál es tu sueño?

–Mi sueño es que Videsk esté en todo el mundo. Estamos buscando partners en Francia y España para que nos representen, como franquicia, para detectar oportunidades reales antes de entrar directamente Durante la pandemia hicimos pilotos en Filipinas para gimnasios y estudios de yoga y en Japón para clases de idioma. Probamos que esta tecnología funciona en cualquier parte del mundo.

Una querella por estafa con facturas falsas presentó Inmobiliaria Puerto+Arquitectura, controlada por la empresaria y presidenta de la firma Gabriela Luksic, en los juzgados de garantía de Santiago en contra de un ex proveedor que operaba en la construcción de un edificio en Candelaria Goyenechea (Vitacura). Obra que asumió la firma de Luksic tras la quiebra de la constructora Proyecta, que desarrollaba la obra.

Puerto+Arquitectura acusó un perjuicio superior a los $57 millones, a través de la emisión de facturas ideológicamente falsas por parte de la empresa Ingeniería Acústica J&P y su representante.

La inmobiliaria, que se orienta a proyectos de lujo, explicó que en febrero del año pasado Acústica J&P emitió una factura por casi $10 millones más IVA; en mayo del mismo año despachó otro documento por casi $12 millones y en agosto otro por más de $45 millones. Todos, sin que existiera un “finiquito de obras” , ya que en las conversaciones previas ambas empresas acordaron que los ítemes “ejecutados y terminados” por el contratista equivalían a solo $7,6 millones.

“Hasta esta fecha, las únicas comunicaciones que se han recibido de Acústica J&P han sido misivas destinadas a denostar y amenazar a la inmobiliaria”, dijo Puerto+Arquitectura a tribunales.

Agregó que “dado que los hechos corresponden además a un delito tributario, también se realizó denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos”.