Hoy a las 16:00 horas, el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, declarará ante la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, quien investiga la violación de secreto, que él habría cometido como número uno de la policía civil, al traspasar informaciones en al menos cinco causas al abogado Luis Hermosilla, según el historial de mensajes obtenido por el Ministerio Público desde el teléfono de este último.

La idea, explica un cercano a Muñoz, es mostrar disposición a colaborar en la causa, antes de la formalización de cargos de mañana a las 9:00 horas, donde los persecutores podrían pedir su prisión preventiva. Así, no solo renunciará a su derecho a guardar silencio, sino también reconocerá como suyos los mensajes.

Muñoz llegaría acompañado por su abogado, Juan Carlos Manríquez, el mismo que hoy representa a la familia del exteniente venezolano secuestrado y asesinado, Ronald Ojeda.

Las filtraciones comprobadas hasta hoy afectan a 5 causas, donde dos ya están sobreseídas. Pero hay tres en curso que lo complican más: la relacionada con irregularidades del exalcalde de Lo Barnechea —y exintendente metropolitano—, Felipe Guevara, el caso Vitacura o Raúl Torrealba y el del exdirector de la PDI Héctor Espinosa.

De esas tres causas, las últimas dos son las más peligrosas para Muñoz, pues su secreto o reserva están reforzadas por le Ley de Lavado de Activos. Y si ello es así, es porque una filtración podría provocar con mayor probabilidad un “daño” a la investigación.

Justamente el “daño” es el concepto clave que estará en juego pues, como explica el penalista Felipe Polanco, “si se comprueba que hubo violación reiterada de secreto con grave daño a la causa pública, la pena que arriesga es de crimen, es decir, de 5 años y un día de presidio y si esa fuera la hipótesis del Ministerio Público, podría pedir prisión preventiva en la audiencia de formalización (de mañana)”.

Por el contrario, si no hubiese daño grave, entonces solo recaerían castigos menores, como multas y suspensión del cargo, que ya dejó.

Ante la fiscal Lorena Parra, Muñoz argumentaría que no entregó a Hermosilla información relevante de las causas. Que, por ejemplo, no habría una revelación de la estrategia o de diligencias relevantes, sino meros oficios conductores, por ejemplo, sobre la petición que la PDI haría de entregas voluntarias de información a involucrados de cada una de esas causas.

Esa estrategia de reconocer los envíos de información además deja abierta la posibilidad de una absolución total de cargos, si se considera que los tribunales han fallado dos veces, en un mismo caso, que no toda entrega de información viola el secreto de una causa.

Ello sucedió en el caso de violación de secreto llevado en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, a quien el exfiscal nacional Jorge Abbott intentó destituirlo sin éxito.

Arias fue investigado por haber ordenado a su secretaria que ingresara al sistema de información interno de la fiscalía, para rescatar antecedentes de una persona indagada por drogas y luego enviársela a su hermana en Puerto Montt. El caso se resolvió a su favor en 2021, pero fue anulado y la sentencia se repitió a su favor en 2022.

Qué tan acotada será la causa, está por verse. Según un cercano a Muñoz, de todo lo incautado lo ya revelado sería el único material de preocupación.

Según el acta de elementos requisados en el allanamiento del viernes a la casa y a la oficina de Sergio Muñoz, hay también dos pendrives que están afectos a la Ley de Inteligencia, por lo tanto, están encriptados y tienen una clave de ingreso a ellos que ya caducó, pues lo hace automáticamente cuando el director cesa en el cargo. Una parte de esa información podría ser rescatada con la clave del nuevo director, pero otra se perderá.

Pero más allá de la nueva información que podría aparecer ahora —ya no desde el teléfono del abogado Hermosilla, sino del aparato de Sergio Muñoz—, una pregunta que ronda en la mente de los persecutores es quiénes son los destinatarios finales, pues el exdirector de la PDI le entregó a Hermosilla datos sobre causas que él no llevaba.

Una de ellas, según adelantó Ciper, es la investigación sobre la compraventa de la Minera Dominga, que en 2021 tenía al entonces presidente Sebastián Piñera en calidad de imputado, pues, aunque él operaba a través de un fideicomiso, su familia seguía relacionada con los negocios y un pago de la operación a ellos estaba condicionado a que el Gobierno no pusiera nuevas trabas ambientales al proyecto.

Hermosilla recibió datos de Muñoz en octubre de ese año, cuando su fuente ya era director nacional. Por ejemplo, Muñoz le advirtió que habría una petición de entrega voluntaria a actores involucrados en la trama.

Y Hermosilla —según información de “La Segunda”— le reenvió la información a Andrés Chadwick a las 22:03 horas del 25 de octubre, quien para entonces ya no era ministro del Interior y, aunque tampoco llevaba la causa, era primo de Sebastián Piñera.

Este diario pidió la versión de Andrés Chadwick, pero por ahora no hablará y desde su círculo se aclara que él “no se relacionó nunca con Muñoz. No lo conoce mayormente” y que solo estuvo con él en una actividad en el Senado en 2023.

Desde fiscalía prefirieron no referirse al caso. Sin embargo, La Segunda confirmó que el Felipe Sepúlveda le envió la información sobre este hallazgo a la fiscal regional Metropolitana Oriente el miércoles 6 de marzo de 2024.

Los datos fueron extraídos desde el teléfono de Luis Hermosilla, dando origen al informe de extracción del 25 de noviembre de 2023 y que contiene una copia de una conversación de WhatsApp Hermosilla el móvil +5697485XXXX, teléfono que pertenecía Chadwick (después cambió de número).

Ahí Hermosilla le revela que existe una instrucción particular “que tiene por fin la incautación voluntaria de antecedentes documentales” de algunas sociedades.

Javier Macaya (@javiermacaya): “El gobierno juega irresponsablemente con la institución que tiene a su cargo la seguridad. Ministro de Justicia, que no es de quien depende, le pide la renuncia al director general de @Carabdechile por TV”.

Iván Flores, senador, en @CNNCHile: "Yáñez debiese renunciar. Siendo el ministro de Justicia una persona muy cautelosa y prudente, lo que ha señalado puede ser la opinión del Gobierno".

Rodolfo Carter (@rodolfocarter): “Chile en caída libre: las dos policías en crisis; un Ministro de Justicia que pide renuncias por televisión, y un Presidente de la República ausente”.

Carlos Gajardo en @AgriculturaFM: “Lo que está haciendo el Gobierno es dejar esa decisión entregada a los propios intervinientes... me parece una decisión errónea, son decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo”.

Cristián Valdivieso en @elmostrador: “Lo que hizo el ministro es anticipar una posición que él tiene, pero fue poco cuidadoso porque esto debió haberlo conversado con el presidente”.

Felipe Harboe en @Pauta_cl: "(Cordero) debió haber evaluado que va a poner al Presidente en una situación muy incómoda”.

Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti): “Yo esperaría que el Ministro Cordero evalúe su renuncia, por hablar sobre un tema que no le compete, y de forma totalmente impropia”.

Isabel Plá (@isabelpla): “Así elige el gobierno resolver el problema, con este nivel de resguardo institucional? Que el Ministro le pida la renuncia al general por TV?”.

Diego Schalper en @TheCliniccl: “No me parece que se diga que se quiere cuidar la institucionalidad del país, y a continuación se envíen recados por la prensa en una situación tan compleja”.

Gloria Naveillán (@glorianaveillan): “Asumió el papel de vocero de gobierno el Ministro Cordero? El general director de @Carabdechile debe mantenerse en su cargo”.