Esperábamos los resultados del Simce con gran expectativa, pues nos permitirían establecer el estado de los aprendizajes de nuestros estudiantes luego de la extendida interrupción de los procesos escolares que provocó la pandemia. Los resultados del año pasado nos habían mostrado caídas relevantes en los aprendizajes, a niveles observados cerca de una década atrás. La duda era si nuestro sistema escolar contaba con capacidades para recuperarlos y cuánto tiempo nos tomaría. Muchos temían que lo observado hace un año fuera seguido de resultados aún más descendidos. Otros también temían que la capacidad de recuperación, si la había, se distribuyera de manera muy desigual entre las escuelas que atendieran a estudiantes de distinto origen socioeconómico. La buena noticia es que nuestro sistema escolar cuenta con capacidad para recuperar los aprendizajes y, más aún, que esas capacidades se observan en distintos contextos y para distintos grupos.

El mejoramiento en los puntajes del Simce nos vuelve a poner en los niveles de logro observados en la última medición prepandemia, lo que representa un avance muy relevante con respecto a lo comunicado hace un año. Sin perjuicio de valorar esta buena noticia, es importante observar con cuidado que el ritmo de recuperación no es idéntico para hombres y mujeres, lo que nos vuelve a plantear el desafío de abordar la brecha de género.

No contamos aun con suficientes datos para precisar lo que está detrás de la resiliencia de nuestro sistema escolar. Seguramente es una combinación de diversas políticas públicas, algunas de más larga data (como las que han buscado desarrollar capacidades docentes), y otras más recientes. Al mismo tiempo, la pandemia y sus serias secuelas en el plano de la salud mental han valorizado el rol de las habilidades socioemocionales en el desarrollo de los estudiantes. Los resultados hoy informados nos indican que varias de esas habilidades están estrechamente relacionadas con el mejoramiento de los aprendizajes cognitivos.

Más allá del rol específico de ciertos factores, un consenso amplio que ha surgido es que el aprendizaje debe ser presencial, basado en interacciones pedagógicas de calidad entre estudiantes y docentes. Por ello, debemos poner todo nuestro empeño en abordar y corregir oportunamente todas las situaciones donde los estudiantes se ven impedidos de asistir regularmente a las escuelas, abordando las manifestaciones más preocupantes en este ámbito, como la deserción y la inasistencia crónica.

No se puede concluir este comentario sin valorar que, por primera vez en su historia, el Simce entrega sus resultados a comienzos del año escolar, una demanda ampliamente expresada por las comunidades escolares. Este logro de la Agencia de Calidad merece ser reconocido. Lo importante ahora es que las comunidades educativas puedan hacer un uso oportuno y con valor pedagógico de esa información.

En un contexto donde reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres es aún una bandera fundamental, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI) insta a avanzar hacia una democracia paritaria en todas las esferas. Este llamado resuena con fuerza en Chile, tras el reciente proceso de reflexión respecto al orden social, político y económico. La democracia paritaria, igualitaria para ellas y ellos, pone el acento en los tres grandes principios de las democracias actuales: la libertad (libre de violencias y de coacciones hacia las mujeres), la igualdad sustantiva (que permita el mismo poder poder que siempre han tenido los hombres, para desarrollarse personal y profesionalmente) y la paridad en la representación, cargos y funciones a todos los niveles.

Chile ha dado pasos significativos, introduciendo cambios legislativos y políticas para fortalecer sus respuestas a cuestiones de enorme envergadura, como la despenalización de la interrupción del embarazo, combate a la violencia contra las mujeres y alzas en pensiones. Sin embargo, aún se enfrentan desafíos críticos, como las brechas salariales y, sobre todo, la persistencia de estereotipos de género limitantes.

Avanzar en convivencia democrática es poder reivindicar las tres “R”: representación (voz e influencia), reconocimiento (de la misma dignidad que los hombres) y redistribución (de recursos y oportunidades). La representación paritaria es un requisito, pero no es suficiente. Una de las llaves para la transformación está en la corresponsabilidad en todas las esferas, incluida la de los cuidados, que exige no sólo políticas públicas sino también mucha pedagogía con nuestros aliados de vida, los hombres.

Desde los años 70 el movimiento feminista ha proclamado que los problemas personales de las mujeres no son algo privado: “Lo personal es político”. Hoy ponemos énfasis en lo social, como lo hizo el proceso constituyente al establecer, en sus bases, el Estado Social.

La lección de la historia y, la crisis económica y sanitaria es clara: lo social es paritario y democrático. Es esencial que Chile continúe implementando políticas que promuevan la igualdad sustantiva en todos los ámbitos, donde la participación paritaria sea el reflejo de una democracia inclusiva y justa.

A un día del 8M y ad portas del aniversario de dos años de gobierno, seguimos sin una propuesta del Ejecutivo en materia de sala cuna. Durante esta administración, en dos oportunidades se ha condicionado este proyecto a la aprobación de otras reformas. Primero asociándolo a la aprobación de la reforma tributaria y luego incluyéndolo en la reforma de pensiones, mezclando dos asuntos completamente distintos. Ambos proyectos siguen estancados, arrastrando a esta misma suerte al cambio en sala cuna.

Avanzar en este proyecto es una deuda ineludible con las mujeres de nuestro país por al menos dos razones. Primero, porque la actual legislación castiga la contratación de mujeres, especialmente la número 20, asignándole un costo al empleo formal femenino que repercute también en la brecha salarial. En el actual contexto, bajar las barreras al empleo de las mujeres debiera ser prioridad: aún no recuperamos el empleo prepandemia, la tasa de desempleo de la mujer está en un 8,8% y continua la brecha en participación laboral de 20 puntos porcentuales con respecto a los hombres. Segundo, el derecho a sala cuna no debiera ser solo para algunas. La actual legislación discrimina entre mujeres según su lugar de trabajo, siendo arbitrario quienes reciben este beneficio.

Llevamos 27 años de discusión legislativa de esta reforma sin resultados. En el segundo gobierno del Presidente Piñera se presentaron dos proyectos al respecto; el último fue ingresado al Senado en enero de 2022, boletín que fue aprobado por unanimidad en 2022 en la Comisión de Trabajo del Senado; en enero de este año, en la Comisión de Educación del Senado, fue aprobada por la mayoría la idea de legislar. Hay un sentido de urgencia por parte de los parlamentarios, pero si el Ejecutivo no se pronuncia este proyecto no llegará a puerto, debido a que su financiamiento considera gasto fiscal.

Para que avance esta reforma se requiere destrabar nudos mediante grandes acuerdos. Algunas de las necesarias mejoras son que el beneficio no dependa del tamaño de la empresa, que este derecho sea tanto para madres y padres que trabajan, y que se garantice la calidad de las salas cunas privadas y públicas. Sin embargo, el principal nudo de la discusión está en la ambición de algunos de abordar todos los desafíos de la educación parvularia en este proyecto, lo cual debiera ocurrir en otras reformas y no en esta que es de carácter laboral. Quizás la clave esté en trazar una hoja de ruta gradual, con constantes revisiones en el tiempo. Esperemos que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y deje de ser el gran ausente en esta discusión, presentando una propuesta independiente a la aprobación de otras reformas, para lograr finalmente un gran acuerdo en sala cuna.