Hace unos días la estadounidense María Hastings (37) regresó a EE.UU. y se llevó como recuerdo una artesanía chilena. “Ella vive en Tampa, Florida, y fue una de las cinco personas procedentes de ese país que aterrizaron en Santiago recientemente para conocer a sus madres biológicas”, relata Juan Luis Insunza, chileno, quien vive en la capital y es vicepresidente de Connecting Roots. Esta organización, sin fines de lucro y con sede en Texas, ayuda a reunir con sus familias biológicas chilenas, a quienes fueron llevados a EE.UU. en adopción durante la dictadura. Ninguna de estas personas habla español, todos tienen unos cuarenta años, la mayoría nunca había visitado Chile y cada uno —a su manera— se reencontró con sus raíces.

Connecting Roots organizó reencuentros múltiples en las últimas semanas entre familias chilenas (una de Punta Arenas, otra de Chillán y dos de Santiago) y sus hijos adoptados de forma irregular. “Queríamos impactar a la opinión pública con estos encuentros y lo logramos. Porque en nuestro país no se ha tomado real conciencia de estas adopciones forzosas. Desde 2021 nuestra fundación ha ayudado a reunir 37 madres e hijos que fueron separados en la dictadura”.

Y agrega: “En estos días nos han llegado más de 500 correos de familias chilenas; el problema es que el tiempo corre, quienes perdieron a sus hijos hoy son mayores y algunas madres se están muriendo. Los casos en que podemos ayudar son de hijos que están viviendo en EE.UU., porque tenemos los papeles de adopción y podemos investigar. De todas formas no es fácil: las familias chilenas que buscan a sus hijos no tienen datos y es complejo encontrarlos en un país donde viven 340 millones de habitantes”.

—Las primeras denuncias de estas adopciones son anteriores a la dictadura, pero fue una práctica que se volvió común a finales de la década del 70. ¿Por qué aumentaron estas irregularidades en esos años?

—La dictadura comenzó a promover estas adopciones durante un periodo de crisis económica que existió en el país. Muchas madres, que se vieron obligas a entregar a sus hijos, eran de bajos recursos, vulnerables y analfabetas. Eran en su mayoría adolescentes, indígenas, campesinas y asesoras del hogar. Varias no sabían leer ni escribir. Vivían en casas de piso de tierra.

La historia de Connecting Roots comenzó en 2012 en EE.UU. Ese año, Insunza (46), bombero del aeropuerto Arturo Merino Benítez, viajó a Houston para realizar un curso de capacitación en seguridad donde conoció a un colega estadounidense: Tyler Graf (38).

Graf, quien creció en Minnesota, le contó que era chileno nacido en Temuco, que había sido adoptado, y que poco sabía acerca de su madre chilena. “Sus papeles de adopción, con fecha 3 de marzo de 1983, registraban que era hijo de Hilda del Carmen Quezada, quien tenía 26 años cuando lo tuvo. En los documentos también salía que ella era de escasos recursos, y como tenía más hijos, tuvo que darlo en adopción. Pero la verdad es que dos semanas después de que Tyler nació, los médicos le dijeron a su madre que su hijo había nacido prematuro y que había muerto. No le permitieron verlo bajo el pretexto de que era muy pequeño”.

“Yo provengo de una familia de izquierda y tengo recuerdos de la época de dictadura, entonces me pareció que debía darle una mano a Tyler para que encontrara a su familia. Y lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la organización chilena «Hijos y Madres del Silencio», que ayuda a familias que han sufrido situaciones similares”, explica.

Después de conocer su verdadera historia, Graf fundó Connecting Roots en Estados Unidos y hoy se dedica ayudar a otras víctimas de estas adopciones. “Los casos nos llegan desde EE.UU. Nosotros hacemos una búsqueda por internet y con la información del rut sacamos certificados de nacimiento a través del Registro Civil. Después comenzamos a identificarlos, a localizar a las personas y finalmente madres e hijos se hacen el test de ADN”.

Insunza se detiene en el caso de Ben Fruchter, quien vive en Nueva York, y nació como el octavo hijo de una familia de Chillán. “Cuando Ben, de dos meses y medio, cayó enfermo comenzaron a moverlo entre el hospital de Chillán y el Regional de Concepción. Lo escondieron entre estos dos hospitales para que la familia le perdiera la pista. Cuando la mamá llegó a verlo a Chillán, donde se suponía que estaba hospitalizado, no lo encontró. En esos años el hermano mayor, de entonces ocho años, acompañó a su madre en su periplo para encontrar a su guagua perdida. Recuerda que llegaron a buscarlo al hospital de Chillán, que su mamá entró a una oficina, conversó con una señora y se puso a llorar. Esa mañana se devolvieron a su casa en silencio sin su hermano. Esa madre nunca le contó a su familia qué le dijeron en el hospital. Jamás supieron si el niño había muerto o si lo habían dado en adopción. Después de perder a su hijo la mamá cayó en una depresión y, once años después, murió”.

—¿Qué les dijeron a los padres estadounidense de Ben cuando lo adoptaron?

—Que el niño era el menor de ocho hijos, que él como sus hermanos tenían ocho papás diferentes y que su madre de escasos recursos no los podía cuidar. Esa fue la verdad con la que él creció. Cuando dimos con su familia chilena, sus hermanos nos dijeron que lo andaban buscando hacía treinta años. Cuando se hizo la primera videollamada entre Ben y sus hermanos se dieron cuenta que todos eran muy parecidos, que tenían la misma nariz del padre. Ben viajó en febrero a Chile acompañado de su padre estadounidense. Es lindo como en los años 80, su papá americano vino a buscar a su hijo adoptado y cómo ahora lo trajo de vuelta para que se reencontrara con su familia biológica.

Sin embargo, aclara: “Todas estas adopciones se dieron en el marco legal y la mayoría de estas personas en EE.UU., crecieron sabiendo que eran adoptados”.

La estadía de los cuatro estadounidenses en Santiago incluyó una visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que les ofreció un recorrido privado. “Los llevamos a este lugar para que entendieran un poco el contexto en el que se dio todo esto que les pasó. Para ellos fue impactante, muy fuerte”, comenta Insunza.

El juez Mario Carroza (actual ministro de la Corte Suprema), en 2018 inició una investigación judicial sobre las adopciones irregulares en el extranjero —entre 1970 y 1999— estimando una cifra de 20 mil casos. “Cuando accedemos a las familias nos enteramos que muchos de los niños no fueron entregados voluntariamente”.

—Se cuenta que había un aparataje estatal en estas modalidades de adopción.

—Miles de niños chilenos que fueron dados en adopción a EE.UU. y Europa, fueron sustraídos a sus madres después de nacer. En todos los papeles de adopción a los que accedimos nos encontramos con motivos donde hubo mentiras. En su mayoría, esos papeles dicen que las madres chilenas entregaron a sus hijos por una supuesta falta de recursos que les impedía cuidarlos. Pero la verdad es que los niños fueron dados por muertos al nacer, los secuestraron de hospitales chilenos, o presionaron a esas mamás para darlos en adopción.

—¿Qué historia los sorprendió más?

—Está el caso de la señora Sara Melgarejo, una mujer de escasos recursos de San Bernardo quien tuvo dos hijos entre 1983 y 1984. A ella le dijeron que sus niños habían muerto al nacer, pero la verdad es que fueron entregadas a una familia en Virginia, EE.UU. Después que le sustrajeron al primer hijo, detectaron que ella estaba embarazada otra vez, en esa oportunidad de una niñita. Entonces, a los padres estadounidenses, que habían adoptado al hijo mayor de Sara, les ofrecieron la parejita de hermanos biológicos. Ambos niños fueron inscritos en el Registro Civil y la adopción fue tramitada por el Cuarto Juzgado de Letras de Santiago.

Y agrega: “La mayoría de las adopciones forzosas tuvieron la complicidad del Estado durante la dictadura militar. Esto sucedía en hospitales públicos con funcionarios del Estado. Con doctores, abogados y jueces pagados con recursos públicos. El Gobierno sabía y amparó estas adopciones”.

—¿Qué requisitos debían cumplir estos padres adoptivos en EE.UU.?

—En gran parte de los casos las familias adoptivas eran también engañadas sobre la procedencia ilícita de los recién nacidos. Ellos debían cumplir con los requisitos legales que existen en los EE.UU.: informes de trabajadores sociales de la ciudad donde residían y de las iglesias locales, donde el párroco tenía que señalar si la pareja cumplía con las exigencias solicitadas. También se les exigía pagar los costos operacionales. El monto podía variar entre los 25 mil y los 50 mil dólares.

—En Chile, organizaciones como «Hijos y Madres del Silencio» piden que el Estado reactive el proyecto de banco de huella genética y ADN, que quedó estancado, y que además se cree una “comisión de verdad”.

—Hoy, el Estado chileno está jugando poco o nada. Hay dos organizaciones para estas búsquedas en Chile, dos en el extranjero, la nuestra en EE.UU. y hay otra en Europa. Los privados estamos haciendo la pega. Queremos hacer un llamado para que las adopciones forzadas se reconozcan como una verdad histórica en nuestro país. Constituir un órgano, como lo fueron las comisiones Valech o Rettig, para que se investiguen estos casos en profundidad. Que sepamos si son los 20 mil casos que dijo en su momento el juez Carroza, o si son más personas que fueron dados irregularmente en adopción. Hasta el año pasado se registraron mil casos judicializados y hasta la fecha no hay condenas.

—¿Quiénes estaban detrás de estas adopciones irregulares?

—Creemos que eran varias organizaciones distintas, por eso es tan difícil constituirlo, porque era bastante inorgánico. Si bien hay nombres de trabajadoras sociales y direcciones que se repiten, es difícil encontrar un caso que sea igual a otro. Hay que pensar que a todos los padres adoptivos les cobraban tarifas distintas.

—Pero hay factores comunes entre muchos casos.

—Claro, a la mayoría de las madres les dijeron que sus hijos habían nacido muertos y nos las dejaban ver el cuerpo; era la excusa legal que entregaban en esa época. Algo bien traumático, porque muchas de estas madres les dieron pecho a sus hijos y después llevaban a los niños a una incubadora; los daban como prematuros y luego les decían que habían fallecido.