La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las críticas de uno de los líderes de la oposición a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, quien fustigó el convenio de información recíproca, firmado por Chile y pendiente de ser ratificado por Venezuela.

“El gobierno del presidente Boric @GabrielBoric no puede relativizar a una dictadura llegando a acuerdos policiales con Maduro”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter. Tohá retrucó: “La política exterior de Chile la manejamos en Chile… Poner en duda la convicción y la coherencia del Gobierno de Chile en esta materia, respecto a Venezuela o a cualquier situación en el mundo, no tiene asidero… Hemos mantenido como política de Estado la defensa de los derechos humanos”.

Conmoción entre los exmilitares venezolanos refugiados en Brasil causó el secuestro, y posterior asesinato, del primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Ronald Ojeda Moreno, en Chile.

Y mucho temor, también. Tanto que incluso algunos de ellos han tenido, como publicó el diario O Globo de Río de Janeiro, cambiar sus rutinas familiares tras conocer lo que había pasado con Ojeda, que tenía refugio en Chile, fuera secuestrado por una operación “tipo” extracción de su hogar la madrugada del 21 de febrero pasado.

El caso, como era de esperar, alertó a la comunidad de disidentes venezolanos residentes en Brasil, en particular a exmilitares de la FANB, unos 900 que viven en ese país, según estimaciones no oficiales del diario carioca.

Muchos de los exmilitares venezolanos que se encuentran viviendo en Brasil, tras el secuestro de Ojeda empezaron a cambiar las rutinas de sus familias, cambiarse de casa e incluso sacaron a sus hijos de los colegios. “Desde que vivo en Brasil siempre he tenido miedo de que me secuestraran o me mataran”, declaró uno de ellos de forma anónima al medio brasileño. “Cuando se lo conté a las autoridades brasileñas me dijeron que exageraba, pero el caso de Ojeda confirmó que nuestro temor es fundado. Estamos tratando con criminales”, aseguró el ex militar. La mayoría de ellos llegó a Brasil en 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro reconoció al gobierno interino de Juan Guaidó.

Así, “las imágenes de Ojeda siendo llevado por personas que se hicieron pasar por policías chilenos para entrar donde vivía el exmilitar, en Santiago, a las 3:15 de la madrugada del miércoles 21 se convirtieron en una ‘pesadilla hecha realidad' para los exmilitares venezolanos en Brasil”, cuenta O Globo.

Y agrega: “Este exmilitar, como muchos otros que viven en Brasil como refugiados políticos, se comunicó en los últimos días con las autoridades brasileñas para alertar sobre el riesgo que todos consideran correr estando fuera de Venezuela. De acuerdo con otro de esos exmilitares, todos están viviendo el peor momento de sus vidas desde que dejaron su país” desde que se conoció el caso de Ojeda.

“Ahora tememos que Maduro pida la colaboración de Lula, alegando que los militares que vivimos en Brasil formamos parte de una conspiración inexistente para derrocar al gobierno venezolano”, dijo uno de ellos a O Globo.

Sin embargo, fuentes del Palacio Planalto consultadas por el diario negaron cualquier posibilidad de alguna coordinación en ese sentido entre el gobierno brasileño y el venezolano.

Recordemos que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde que llegó al poder en enero de 2023, ha tratado de estrechar las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Incluso el 29 de mayo de 2023, tras la visita del líder bolivariano a Brasilia en marco de una cumbre sudamericana, el mandatario brasileño declaró a la prensa que su par venezolano era víctima de una “narrativa” urdida por sus enemigos.

Una frase de Lula que el propio Presidente Gabriel Boric cuestionó y produjo un distanciamiento entre el líder del Partido de los Trabajadores brasileño y el Mandatario chileno.

Pero ese no es el único temor que tienen los militares venezolanos en Brasil. Como publicó el sitio Infobae, también preocupa entre ellos los estrechos vínculos del Primer Comando de la Capital, el PCC, la organización criminal brasileña más importante, con el Tren de Aragua. Se trata de una alianza entre los dos grupos que fue expuesta por la periodista Ronna Rísquez en su libro “El Tren de Aragua: el grupo que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.

Según Infobae, las relaciones entre el Tren de Aragua y el PCC comenzaron alrededor de 2017, cuando miles de armas, muchas de ellas procedentes de las FANB, circulaban por Venezuela. De ahí la idea de venderlas en Brasil a un costo mucho mayor que en Venezuela, gracias al PCC. “Por poner un ejemplo, un fusil AR-15 que costaba 5.000 dólares en Caracas se vendía en Brasil a un precio cuatro veces mayor, es decir por 20.000 dólares”, agrega el medio online trasandino.

Según la cadena británica BBC, la alianza entre ambos grupos del crimen organizado también fue denunciada en un informe del Ministerio Público del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y región por donde entraron a Brasil la mayoría de los exmilitares de las FANB para establecerse principalmente en el centro sur del gigante sudamericano.

Los policías están levantando todas las piedras que hay que levantar, dice una fuente ligada a la investigación del secuestro de Ronald Ojeda, que revela algunos de los antecedentes de las indagatorias y que, a su juicio, no comprometen el éxito de las pesquisas.

Además del supuesto menor de edad (no tiene RUT) formalizado ayer por su participación en el secuestro y homicidio del exprimer teniente del Ejército Venezolano, hay más de dos partícipes del crimen que ya están identificados. “Son varios, pero no revelaremos cuántos”, afirman. Hay 7 personas en labores específicas (cobertura, secuestro, vigilancia, traslados, encubrimiento, homicidio, inhumación ilegal), pero hay sospecha de la participación de cerca de una docena de personas en los hechos.

Gran parte de lo logrado fue “tirando la hebra” de “Ángel”, como La Tercera identificó al menor de supuestos 17 años. Él viajó de copiloto en uno de los autos utilizados en el secuestro, placa patente RZDD-43 y fue recogido por M.V. el martes 20 de febrero, en las vísperas del crimen, en la esquina de Pedro Lagos con Zenteno.

Gracias a cámaras en las calles, hay pruebas visuales del hecho. Ambos se dirigieron al edificio de la comuna de Independencia, donde vivía la víctima y habrían realizado labores de vigilancia. De hecho, los dos llegaron a las 23:00 horas y se fueron a las 8:00 horas de la mañana siguiente, luego de perpetrado el rapto, por parte del grupo disfrazado de PDI.

Fue después de eso que cometieron un error, que fue aprovechado por los investigadores: cargaron bencina en un servicentro Copec; el piloto pagó con tarjeta y para cumular puntos promocionales, dio su RUT. El verdadero. Y su imagen —la de un hombre que pertenece al Tren de Aragua— quedó registrada.

Se supone que luego siguieron la ruta de los secuestradores y que los hombres disfrazados de PDI fueron a una población peligrosa del sector sur de Santiago, donde habrían tenido que bajar cubiertos por mantas, para evitar que por sus vestimentas fueran atacados por los pobladores.

Una versión indica que quienes proveyeron esas mantas eran chilenos, lo que no estaría comprobado aún. Esas personas se podrían sumar a quien actuó con acento chileno en la conserjería del edificio donde vivía Ronald Ojeda y que se quedó abajo, mientras una célula de tres subía para secuestrarlo.

Según un informe policial publicado hoy por El Mercurio, las cámaras de seguridad del edificio muestran que los plagiadores llegaron con seguridad al ascensor, que no era visible desde la conserjería.

Una pista que se investiga es la ayuda desde el interior, proporcionada por un extranjero.

Una vez concretado el plagio, uno de los individuos filma y saca fotos, que fue enviando a una tercera persona, respecto de quien no se sabe si era un mero controlador de la operación o si se trataba del mandante de la misma.

Solo se sabe de la existencia de esas imágenes, pues fueron borradas.

Ojeda fue conducido en un vehículo con la placa patente clonada y se hizo un trasbordo a otro “en un punto ciego” (sin cámaras) de Costanera Norte. A pesar de ese cuidado, algunos teléfonos mantuvieron sus GPS perdidos y al ser incautados por la PDI, se pudo reconstituir parte de la operación, mediante la triangulación de las antenas de telefonía.

Los investigadores aprovecharon un descuido más: el celular de Ronald Ojeda fue destruido por uno de los criminales, que usaba guante y se sabe que desde ahí fue levantada una huella digital. ¿Cómo? Lo habría recibido uno de sus secuaces con guantes sin dedos.

El 22 de enero de 2024, a la primer teniente de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, se le perdió el rastro. Fue llamada por sus superiores y nunca más volvió a casa. Hoy cumplió un mes y 12 días detenida, sin que sus familiares ni abogado tengan acceso a ella. Nadie la ha visto ni oído de ella.

Al otro día, el 23 de enero, la familia se enteró, mediante un comunicado publicado del Ministerio de Defensa venezolano –cuando se informó una lista de militares degradados-, que Gómez había sido acusada de estar implicada “en conspiraciones” contra el gobierno, “contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional”, Nicolás Maduro.

Gómez integraba la misma lista que el militar venezolano asesinado en Chile, Ronald Leandro Ojeda Moreno. “Mi hermana fue desaparecida por la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y el gobierno venezolano. Llamo a eso desaparición porque no hemos tenido contacto de ningún tipo con ella. Solo supimos, por informaciones públicas, que el 23 de enero fue degradada de la Fuerza Armada, sin cumplir el ciclo de investigación, violándole todos los derechos”, dijo Ronald Gómez.