Ayer, la Superintendencia de Salud dio a conocer el tope de alza de sus planes que podrán aplicar las isapres. Así, el Índice de Costos de la Salud, o ICSA para 2023, se fijó en 7,4%, pero si bien primero las aseguradoras deberán plantear al regulador en cuánto subirán sus planes dentro de ese rango, ya hay voces que dicen que el alza traerá consigo nuevas judicializaciones.

“El alza es casi tres veces el valor del año anterior, y dado que se adelantó su aplicación (que normalmente es en junio, pero ahora será en abril) generará mucha confusión en la gente, lo que traerá molestia en los usuarios y estimulará la judicialización”, advirtió el exsuperintendente de Salud y director del Instituto de Salud Pública UNAB, Héctor Sánchez.

En esta ocasión, el ICSA de este año es casi tres veces más alto que lo calculado en el periodo anterior, cuando el tope del alza de precio base se fijó en un 2,6%.

“Puede reactivar una judicialización en la medida que los afiliados perciban un alza de precio desmedida no justificada”, dijo también el senador PS y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro.

Ambos estaban en lo correcto, ya que los principales estudios de abogados dedicados específicamente a presentar recursos de protección contra las adecuaciones de planes ya están analizando cómo podrían judicializarse contra esta nueva alza.

Es el caso del estudio Defensoría Salud, que el año pasado tramitó más de 11 mil de estos casos. Y si bien la abogada de dicha oficina, Carolina Vega, ha visto una baja en los últimos años en este tipo de recursos, también cree que lo alto de la cifra (el 7,4% tope) y otros factores específicos de este ajuste, abrirán espacios nuevas judicializaciones.

“Este proceso es diferente porque se considera un alza que se aplicará desde finales de marzo, y no a mitad de año como ha ocurrido en los procesos anteriores. El margen de ganancia entonces aumentará, porque hay más meses donde se hará el nuevo cobro. Particularmente esto es algo que tendremos que analizar una vez tengamos la resolución que de cuenta del cumplimiento legal”, dice Vega.

Las isapres tienen cinco días corridos desde ayer para entregar a la Superintendencia sus propuestas de adecuaciones de los precios de sus planes. Después de esto, el regulador verificará los costos operacionales informados, para lo que tendrá hasta el 29 de febrero. Luego, entre el 1 y el 10 de marzo, las isapres deberán comunicar el alza a sus afiliados.

“Ahí es cuando los afiliados recibirán las cartas de sus isapres donde se les informará del proceso de adecuación, y ahí como estudio estaremos atentos para analizar si corresponderá o no judicialización”, agrega Vega.

Otros abogados del sector salud también creen que podrían venir nuevas judicializaciones con lo anunciado ayer por la Superintendencia de Salud.

“Lo probable es que este alza de 7,4% genere judicialización a gran escala porque la Corte Suprema ya desconoció una vez el cálculo efectuada por la Superintendencia de Salud, al amparo de una ley reciente. Lo único que no sabemos todavía es cuál será la actitud de la Corte Suprema frente a este nuevo alza; esto es, si será o no deferente con el organismo técnico”, comenta el abogado experto en derecho público y socio de la firma Valdivia Legal, Juan Francisco Sánchez.

“En efecto se judicializará el tema ya que esto es una constante en proceso de alza de precios de las isapres, y cada vez los afiliados toman más conocimiento de ello a través de distintos abogados que realizan las acciones de protección en contra del alza de las isapres una vez que llegan las cartas de adecuación de precio del plan”, concuerda el abogado Pablo Peñaloza.

“Duplique su dinero en un solo click” o “gane un sueldo de por vida comprando acciones”, son algunos de los mensajes que utilizan falsas empresas de inversión para estafar a personas con distintos videos que se difunden en redes sociales como Facebook, Instagram o Tiktok, y en los que se utilizan imágenes modificadas con inteligencia artificial de personalidades como el Presidente Gabriel Boric, el empresario Leonardo Farkas, el economista Óscar Landerretche, y los periodistas Ramón Ulloa y Daniel Matamala, entre otros.

“Llevo muchísimos años denunciando a todos estos estafadores que se aprovechan de la gente que, en su gran mayoría, no están al tanto de cómo funcionan las redes, ni internet. Les recuerdo que no hace tanto luché para tratar que exista internet para todos y la gente que recién entra a la red, no sabe, y lógico cae en esas cosas, con la esperanza de recibir algo y mejorar sus vidas”, relata Farkas a La Segunda.

Y es que la imagen del empresario y filántropo ha sido utilizada en múltiples intentos de estafa online por parte de grupos delictivos desde hace años. En los últimos meses, se ha difundido un video ‘scam' creado con inteligencia artificial de una supuesta compañía petrolera llamada “Oil Profit” en el que se muestra a Boric, Farkas y Matamala respaldando esta inversión que promete una rentabilidad irreal. Sus voces, que invitan a invertir en la estafa, son casi indistinguibles de las reales, al igual que los videos generados con estas tecnologías. Al hacer click en los mensajes, las web fraudulentas piden información personal al usuario, como contraseñas o cuentas bancarias, para luego extraerles el dinero.

En cuanto a las acciones legales realizadas por estas estafas, Farkas expresa su molestia. “Lo he hecho muchísimas veces, pero es muy difícil con las leyes existentes en Chile. Yo si lo logro con mis recursos: investigadores privados, contactos en Estados Unidos con Facebook, Twitter y otros, notarios en terreno y que certifiquen cada post, ya que muchos al darse cuenta, cambian de cuenta y de IP. Y todo de nuevo y después de meses y meses, demostrando casos específicos de gente que perdió su trabajo, su vivienda, etc. para recién ahí poder hacer algo, y al final del día, si resulta que quienes cometen estos delitos no tienen recursos, no se saca nada, ni hay penalidades. Lo máximo que he logrado son trabajos comunitarios (que ni se terminan realizando) y muchos de estos delincuentes son menores”, agrega.

El periodista de Chilevisión, Daniel Matamala, apunta a la lenta reacción y pocos filtros de estas plataformas. “Advierto a Google y eventualmente los avisos falsos se bajan, pero luego vuelven a subirlos, o aparecen otras estafas usando mi nombre o imagen. Me parece que las políticas de Google y Meta son absolutamente insuficientes, porque son siempre reactivas. Son una reacción (bastante lenta, además) una vez que ya se han publicado los avisos con engaños, falsedades y estafas. Eso es muy grave, y serán cada vez más grave con el avance de los deepfakes y programas de IA”, explica.

Por su parte, desde presidencia comunican que están al tanto del caso de uso malintencionado de la imagen del Presidente Boric, y se encuentran recabando antecedentes.

“Resulta bastante molesto que se busque hacer uso de esa reputación para estafar a personas. Confieso que hasta hace poco subestimé el tema. Asumí, quizás equivocadamente, que resultaría evidente para cualquier persona que era imposible comprar acciones de Codelco y la publicidad era una estafa. Mi perspectiva cambió cuando una pariente, muy querida, jubilada, me contactó para verificar la información que estaba pensando en invertir. Me dijo,'me da confianza verte a ti'”, comenta, Óscar Landerretche, expresidente de Codelco.

El también economista y académico de la Universidad de Chile seguirá los lineamientos que tome la firma estatal en torno a esta problemática.

“Tomé contacto con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, ya que el intento de estafa me involucra a mí, pero mucho más importante que eso, el nombre de la compañía, que es parte del patrimonio histórico y económico de todo Chile. Me parecía que era importante que los equipos legales corporativos analizaran en serio que se puede hacer para eliminar esas informaciones falsas y castigar a los culpables. Entiendo que se está analizando esta y otras situaciones similares. Me plegaré a la estrategia que defina la corporación. Francamente no creo mucho en eso de ‘querellarse contra todo el que resulte responsable'. Mi impresión es que no es algo que tenga muchos efectos. Voladores de luces comunicacionales que no me interesan”, sentencia Landerretche.

Por otra parte, uno de los videos más sofisticados y difíciles de identificar es uno que “protagoniza” el periodista de Canal 13, Ramón Ulloa. En el video, una imagen de él avisa sobre un “bono” que “estaría entregando el gobierno”, y se evidencia que la voz falsa generada por IA calza a la perfección los movimientos de los labios del conductor del noticiero central de Canal 13.

“Nosotros con varios en el canal hemos estado atentos a esta situación, con Iván Valenzuela y Álvaro Pacci, de quienes creo también se ha utilizado su imagen. Eso sí, la diferencia es que cada vez lo han ido mejorando. Parece que el programa que compraron yo no es el ‘desde', sino que, es el ‘hasta'. Ya lo hacen bastante bien”, expresa el conductor de T13.

En cuanto a la eliminación de las publicaciones de las diferentes plataformas, Ulloa señala que esto lo gestiona Canal 13. “Es poco lo que uno puede hacer. Legalmente, el canal está encargado de eso, porque en todos los contextos ha sido con la utilización de segmentos del noticiero. No ha sido que hayan tomado alguna imagen o video de tipo personal, sino que, todas han sido sacadas del noticiero. El canal ha hecho las denuncias respectivas, pero hasta aquí, según entiendo, no han tenido mucho efecto porque además es difícil regular esto. Como que sacas un video o noticia y aparecen cinco o seis más”, explica Ulloa.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) han estado monitoreando este fenómeno. “Detrás de esto se establece que hay organizaciones criminales, por tanto, una sola persona no está realizando a nivel mundial este tipo de videos modificados por inteligencia artificial. Se necesita alguien que realice el video, alguien que la suba a una plataforma web y alguien que sostenga estas plataformas de inversión”, asegura Julio Vargas, subcomisario de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI.

“Alguno de los rastreos de los que hemos realizado llevan a Rusia. Por tanto, los sitios han estado alojados en ese país”, agrega.

“Cuando descubrimos anuncios que infringen la política, los eliminamos y a menudo tomamos medidas a nivel de las cuentas”, dicen desde Google Chile, que explica que en 2022 retiraron 5.200 millones de anuncios, restringieron más de 4.300 millones y suspendieron 6,7 millones de cuentas de anunciantes asociados a este tipo de estafas.