El exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís, ha defendido a magistrados superiores en causas disciplinarias y, con su experiencia, cree que lo de Daniel Urrutia es una anécdota y que generaría más daño sacarlo que aguantarlo.

—¿Por qué es tan difícil sancionar a un juez como Urrutia?

—Para las cortes es importante distinguir una resolución con base dogmática de una falta disciplinaria. La corte tiene claro que un juez dentro de la interpretación de las normas puede equivocarse, pero también que el camino para restablecer la interpretación de la ley es la vía recursiva. Que un juez tenga una opinión no es fundamental, es legítimo y si está equivocado el encargado de enmendarlo es el superior y por eso en el ejercicio global de un derecho, la postura de un juez no tiene una trascendencia demasiado importante. Punto aparte es que utilice la facultad legal que tiene en un ejercicio de opciones políticas.

—Las sanciones son un “tan tan en la mano”. Liberó a presos del estallido y lo trasladaron a otro tribunal menor y volvió.

—La corte cambió lo que él resolvió y lo sancionó… La independencia de la justicia es más importante que la anécdota que constituye la conducta de un juez. Es muy difícil que solo por su opinión permanentemente incómoda uno quiebre los principios del servicio judicial.

—Es difícil comprender cómo se consigue un permiso sin goce de sueldo por tanto tiempo estando cuestionado (2009-2012 a México). Es como un privilegio.

—Está dentro del estatuto. Sin goce de sueldo el Estado no tiene costo... Lo que el juez Urrutia hace permanentemente es generar polémica y que por la vía de la corte de dejar sin efecto sus actuaciones se transforman en polémicas bien poco importantes y de pocos efectos finales. Acaba de generar una polémica por dar acceso y conceder beneficios a reos y cuál es el efecto: que la corte dictó una orden de no innovar y su decisión se transformó en nada, no tiene trascendencia, es una pompa de jabón.

—¿No son este tipo de decisiones las que entorpecen el sistema?

—No, es una resolución de millones.

“Es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés”, advirtió en radio Universo el ministro de Justicia, Luis Cordero, al ser consultado sobre una publicación de Ex-Ante que da cuenta de que el juez Daniel Urrutia otorgó un beneficio carcelario a un narcotraficante que tiene el mismo abogado suyo.

Según el medio, en la nómina de reos a quienes Urrutia ordenó entregar beneficios -lo que objetado por Gendarmería-, se encuentra el colombiano Rafael Marín Vielma, condenado a 15 años por tráfico de drogas. El juez le concedió una “visita íntima” con su pareja.

El abogado defensor en dicha causa de Marín Vielma fue Carlos Quezada, quien a la vez también es abogado de Urrutia en diversas querellas que ha presentado el juez por amenazas y calumnias. De hecho, Quezada aseguró en CNN este fin de semana que las críticas del mundo político a Urrutia eran “destempladas y ridículas”.

Frente al tema, Cordero dijo en Universo que “es una nota (la de Ex-Ante) que al menos pone en riesgo la condición de independencia (…) Para evaluar en concreto un caso de conflicto de interés, es conveniente tener todos los antecedentes, pero es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés”. Agregó que “es conveniente que lo despeje tanto el juez Urrutia como su abogado (…) Me parece inconveniente, por el contexto en el que estamos y por la naturaleza de la función jurisdiccional”.

El ministro sostuvo que “el atributo central de la función jurisdiccional, es la independencia judicial y eso es lo que justifica que le reconozcamos la independencia y la inamovilidad a un juez. Por eso los estándares que le exigimos a los jueces para el desempeño de su nivel jurisdiccional, deben ser mayores o superiores a las de cualquier otro funcionario público”.

En fuentes judiciales se indicó que es una práctica habitual que los jueces que conocen a los abogados intervinientes se inhabilitan, o lo informen en la audiencia. Si alguien tiene problemas con la información que se entrega, los abogados quedan en libertad de recusar al juez y el magistrado sale de la sala y se cambia por otro.

El penalista Juan Carlos Manríquez señaló que la inhabilitación “expresamente no existe, porque la inhabilidad del juez o la implicancia o la recusación es tener alguna vinculación con la parte interviniente, no el abogado. En ese caso las vinculación es con Carlos Quezada, no así con el representado de Quezada. Sin embargo, en este caso, atendido que Quezada es abogado de juez, las reglas generales de prudencia sugerirían una recusación amistosa, es decir, que el juez dijera “mire por compartir en ese caso la representación personal mía del abogado X en esta causa, yo me inhabilito”.

“Es más fácil sacar a un supremo que a un juez. El supremo es acusable constitucionalmente y el juez no”, dice un exsubsecretario de Justicia, de tiempos de Sebastián Piñera, refiriéndose al caso del titular del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia.

Desde mediados de enero vive su última polémica judicial, una más dentro de una larga saga, que se remonta a 2005 (ver recuadro) y que le ha costado una serie de procesos disciplinarios, que a veces ha solucionado con viajes al extranjero (a México más de dos años y a Honduras por un año) y otras aguantando “palmadas en la mano”, como un traslado temporal a un juzgado de inferior entidad, para luego retornar a su puesto.

Que en su rol de visitador de las cárceles haya entregado beneficios a los reos más peligrosos de todo el sistema judicial, recluidos en el módulo de alta seguridad de Santiago Uno, permitiendo videollamadas y una visita conyugal con otra presa, podrá enervar, sobre todo considerando que lo hizo a contrapelo de Gendarmería. Pero, como dice el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís, la Corte Suprema no aplastará su criterio, el que podría ser corregido por la Corte de Apelaciones.

Pero hasta ahí llegará el asunto, a menos que surja algún ilícito mayor.

“El sistema está hecho para que un juez no pueda ser amenazado al tomar sus resoluciones, ni siquiera por sus superiores, aunque haya que aguantarse a tipos tan irritantes como Urrutia”, sentencia un exsubsecretario de Justicia de Piñera. Por eso, añade, no importarán las quejas del Ejecutivo o del Legislativo y ni siquiera el sentido común.

Solís está de acuerdo, y adelanta que “la corte va a cautelar, más allá de la actuación de un juez, la facultad de los jueces en general de resolver las causas en su conocimiento de acuerdo a su interpretación legítima de la ley. La corte no tratará de aplastar el fuero íntimo de un juez al aplicar la ley. Es un elemento central del derecho”.

Y no importará que actúe con error: “El juez podrá equivocarse todas las veces que quiera y la corte le enmendará todas las veces que sea necesario… En la evaluación global del servicio judicial no tiene otra importancia más que la anécdota personal. Urrutia ha estado al filo de un funcionamiento regular, pero es una conducta que tiene que ser evaluada; será molesta, incómoda, poco pulcra, pero lo que uno no puede hacer es quebrar el principio de la independencia judicial”, añade.

“Es difícil entender que en la maquinaria estatal los nombres son absolutamente indiferentes y que al Estado lo que le importa es que el servicio se preste. La persona que estamos tratando es incómoda, pero la incomodidad no da base para afectar el sistema y causar un daño más grave que el aguantarse… El único daño que puede recibir la sociedad, eventualmente, es el daño de decisiones abusivas, pero esas decisiones son fácilmente enmendables por sus superiores jerárquicos”, remata.

Solís añade que solo un delito o una falla demasiado grande, en que se pueda demostrar que va expresamente contra derecho y no que se equivoca en virtud de alguna doctrina —como la que heredó del fallecido Miguel Soto Piñeiro—, puede terminar por darle un fin a su carrera.

Dentro del Poder Judicial son varios esperando a que eso pase, incluyendo a una parte de sus propios compañeros.

En 2006-2007, Urrutia destacó como uno de los líderes de los jueces conocidos como “garantistas”, dentro del 7º Juzgado de Garantía. Sin embargo, se fue peleando con algunos de sus pares, que hoy, cuando hablan de él, le critican que más que una doctrina, está cayendo en un activismo judicial, basado en sus ideas políticas.

Cuando dejó en libertad a 13 presos del estallido social (ver recuadro), sus compañeros no dudaron en acusar que él se saltó “a sus espaldas” un acuerdo para repartirse esas causas. Pero Urrutia ya se había peleado con perros más grandes: no solo le ganó a la Suprema un caso ante la corte Interamericana, sino que también se querelló en contra de sus superiores de la Corte de Apelaciones por impedir que viera algunas causas más políticas debido a su parcialidad. Pero perdió.

En 2000, el mismo año en que debutó la reforma Procesal Penal, el juez Daniel Urrutia ingresó al Poder Judicial y al año siguiente pasó a planta. Fue juez de garantía en Freirina, Ovalle y Coquimbo, para llegar al 7º de Garantía de Santiago en 2006. Desde entonces, se ha ganado enemistades en las cortes Suprema, de Apelaciones y con sus pares del 7º.

1 Victoria sobre la Suprema (2005): En un trabajo de postítulo responsabilizó a la Suprema en dictadura por ser funcional a la violación contra los derechos humanos. Fue amonestado por “expresiones inadecuadas e inaceptables”. El recurrió a la Corte Interamericana de Justicia y ganó.

2 Quequitos Mágicos (2007): Fue amonestado por desencuentros en diligencias probatorias del caso de estafa piramidal entonces conocido como “quequitos mágicos”.

3 Sobreseyó a los Andha Chile (2016): La Fiscal Sur lo investigó por prevaricación al anular un fallo ejecutoriado en contra de 76 personas de la agrupación Andha Chile, condenados por desórdenes. Urrutia acusó a la fiscalía de discriminar y pretender acallar “protesta social”. La Corte de Apelaciones anuló el sobreseimiento.

4 Maltrato y demostraciones de poder (2016): Los funcionarios de su juzgado denunciaron internamente a Urrutia por malos tratos, hostigamientos y demostraciones de poder. 15 trabajadores estuvieron con licencia por estrés. La Corte de Apelaciones intervino y la ministra Adelita Ravanales se fue a instalar al Centro de Justicia y propuso una fórmula para superar la crisis.

5 Llamado de atención por voto de presos (2017): Urrutia ordenó al Servel y a Gendarmería instalar mesas de votación en la cárcel para que imputados en prisión preventiva votaran. Se inició una investigación disciplinaria, que terminó con un “llamado de atención” en su hoja de vida.

6 Le sacan causa por parcialidad (2019): La Corte de Apelaciones le quitó la vista de la causa llevada en contra de un mayor de Carabineros, formalizado por apremios ilegítimos por disparar perdigones a estudiantes en un liceo. Urrutia perdió parcialidad al afirmar que “es similar al caso Catrillanca”.

7 Liberó a presos del estallido (2020): Estaba con permiso, pero así y todo tomó en sus manos la suerte de 13 detenidos de manera preventiva por su participación en delitos en el marco del estallido social y los liberó para evitar contagios en pandemia. En el proceso disciplinario fue suspendido y trasladado a un juzgado de cobranzas, reintegrándose al 7º Juzgado de Garantía en junio de 2021.

8 Se tiró contra 19 ministros de la Corte de Apelaciones (2022): La Corte de Apelaciones decidió que Urrutia no podía ver nada relacionado con la querella en contra del expresidente Piñera en el contexto del estallido, por haber emitido juicios previos. Urrutia respondió con una querella por “prevaricación judicial” en contra de 19 ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y de una ministra de la Suprema. Fue declarada inadmisible.

9 Expulsado de la Asociación Nacional de Magistrados (2023): Urrutia ya no forma parte de ese grupo, luego de que en 2022 se pidiera su salida al afirmar en la Convención Constitucional que los jueces de la Corte de Apelaciones eran cómplices de las lesiones oculares en el estallido social, al no haber acogido recursos de protección contra Carabineros. En 2023 fue confirmada la medida.

10 Se queda sin caso Gatica (2024): La corte lo inhabilitó de seguir viendo materias relacionadas con el caso Gatica (el joven que quedó ciego por balines de carabineros), nuevamente por falta de imparcialidad, al haber indicado expresamente que a partir del 18 de octubre de 2019 “hubo terrorismo de Estado en Chile”.