No están condenados, pero los tipos “son malos”, dicen en los pasillos de los tribunales de justicia. Están presos por delitos como homicidio de carabinero, secuestro extorsivo, trata de personas con fines de explotación sexual y, en general, “por el tipo de cosas que hace el Tren de Aragua” (ver recuadro).

Por eso la decisión del juez de garantía, Daniel Urrutia, respecto de cuatro de ellos, levantó polémica y el reclamo de Gendarmería, que los mantiene en el módulo de alta seguridad en la cárcel Santiago Uno, según consignó Mega.

Y es que el magistrado dio derechos de visitas de familiares en situación de inmigración irregular en Chile, a video llamada y, en un caso ya solucionado, a visita conyugal.

La Corte de Apelaciones dictó una Orden de No Innovar (paralizó los beneficios) y el hasta el Gobierno se metió: La resolución de Urrutia “perjudica la seguridad del país”, dijo el subsecretario Manuel Monsalve.

Al igual que la autoridad, desde el oficialismo y desde la oposición salieron a “pegarle” a Urrutia, un juez ultragarantista, muchas veces incomprendido, quien simpatizaba con la primera Convención Constitucional y que ha tenido sonados roces con sus superiores (ver recuadro inferior).

Pero quien no ha sido escuchado aún es mismo Urrutia, a quien “La Segunda” pidió su versión, pero se excusó por existir una Orden de No Innovar, mientras se revisa la legalidad de su actuar.

Sin embargo, una fuente del 7º Juzgado de Garantía confidencia que un funcionario del tribunal —y no el mismo juez— ya envió a la Corte un informe con los antecedentes que Urrutia tuvo a la vista para tomar sus decisiones.

En lo básico, sostiene que los presos no pierden todos sus derechos humanos, que eso está en la ley y que la ley tiene un rango superior al reglamento de Gendarmería. Por eso, los reos no pierden todos sus derechos humanos —sí la libertad de desplazamiento, entre otros— y tampoco sus familiares los pierden. Así, madre e hijos tienen el derecho a estar en contacto con sus padres y ese es, precisamente, el caso.

La historia de la polémica se inició con la visita de Daniel Urrutia a Santiago Uno durante la primera quincena de enero de 2024. La ley mandata a los tribunales de garantía visitar las cárceles bajo su jurisdicción, recogiendo comentarios y quejas de los internos.

En ese contexto, los detenidos en cuestión (ver recuadro) plantearon sus reclamos y él acogió algunos.

El primer caso es el de José Alberto Candurin Meléndez, “a quien le autorizó una videollamada en presencia de un gendarme con su pareja e hijo menor de edad”, dicen en el juzgado.

Y continúan: “El segundo es David Alexander Fuentes Escalona, a quien se le autorizó la visita de su madre al centro penitenciario; el tercero es el famoso Ovicmarlixón Josué Garcés Briceño, a quien se autoriza la visita de su madre y el cuarto es Yondri Javier Martínez Garcés, quien solicita que las entrevistas con su abogada solo sean grabadas visualmente y no por audio, que es un requisito elemental, es de Perogrullo”.

“Hay otro caso, al que finalmente Gendarmería se allanó y que se trata de un sujeto que está preso al igual que su pareja, pero ella en San Miguel y que pedía visita conyugal. ¿Qué peligro puede haber cuando los dos están presos? El asunto en que Gendarmería inicialmente arguyó que en el módulo de alta seguridad no hay venusterio, pero está dentro de Santiago Uno, donde sí hay venusterio en otros módulos y es cuestión de trasladarlo ahí, si siquiera sacarlo de las paredes de la cárcel”, rematan en el juzgado.

Respecto del caso del “venusterio” recuerdan que “en su momento se autorizó a Francisco Solar y Mónica Caballero, del caso bombas, a tener visitas conyugales, estando los dos presos y ¿qué más peligrosos que ellos?”.

Y sobre quienes no tienen permiso de residencia en el país, dicen, existen documentos como pasaportes o enrolamientos “en instituciones que certifiquen que la persona es quien dice ser y esas instituciones en Chile son el Registro Civil, Migraciones e incluso el INDH. Además estamos hablando de parientes, no de cualquier persona. No puedes impedir que una mamá o un hijo visiten a su esposo o a su padre”.

En el juzgado dicen que es común que se produzcan desacuerdos con Gendarmería, pero que se van solucionando, como el caso de un niño con autismo, que tenía visitas con su padre y que se las cortaron cuando su progenitor fue trasladado al módulo de alta seguridad. Finalmente, el contacto fue reanudado.

El caso remeció las redes sociales, donde abundaron las críticas contra Urrutia (ver nota asociada), incluyendo algunas amenazas de muerte, que no reproducimos.

Para el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), “más allá de no conocer el detalle de la resolución, es imposible enfrentar integralmente el tema de la seguridad sin juntar los elementos que influyen , como el control en las cárceles, que no sean fuente de alimentación del crimen. Parecen completamente contradictorias con cualquier política que busque enfrentar en serio el tema de la inseguridad..., resoluciones del tipo de la del juez Urrutia”.

Consultado si los tribunales superiores debieran investigar el desempeño del magistrado, dijo: “Tienen algo que decir. Hay autonomía del Poder Judicial. Pero es muy difícil juntar fuerzas de Gobierno y oposición, FF.AA. y civilidad, Gendarmería, PDI y Carabineros, todos apuntando al mismo lado, y simultáneamente (...) con este tipo de medidas que van en contra”.

En poco más de un mes, Daniel David Urrutia Laubreaux (48) cumplirá 24 años en el Poder Judicial. Magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, arrastra un historial de controversias por sus decisiones y comentarios.

Una de sus primeras acciones notorias data de fines de 2004, cuando —tras asistir a un diplomado en Derechos Humanos— escribió una tesis donde acusó a la Corte Suprema de haber colaborado en las violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar. Ello le valió un sumario y sanciones, pero él a alegó ser víctima de una persecución y recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que, en 2020 dispuso una indemnización en su favor de US$ 27 mil (restitución de costas incluidas).

En 2007, falló en una causa por el ataque —a piedrazos— de un anarquista contra el auto de la ministra Gloria Ana Chevesich (hoy suprema), quien iba a bordo. En lugar de condenarlo por ataque contra la autoridad, lo hizo por daños a un vehículo en movimiento y luego de otra serie de polémicas, se fue a México (2009-2012), y trabajó en la Universidad Autónoma de Chiapas.

Volvió y en el marco del estallido, resolvió de motu proprio sacar de la cárcel a 13 imputados de la “primera línea”, cambiándoles la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, argumentando que corrían riesgo de contagiarse de coronavirus. La Corte de Apelaciones se reunió de manera extraordinaria y revocó la medida. Fue trasladado un tiempo a un tribunal menor y en ese contexto, le dijo al medio ruso Sputnik: “La mantención de prisión preventiva en los casos de estallido social tienen un alto componente político… Hay presos políticos”.

En la época de la Convención, apareció apoyando públicamente a algunos de sus miembros (como Rodrigo Rojas Vade, el del falso cáncer) y, según Ex-Ante, abogó por la refundación del Poder Judicial.

En el mismo periodo tuiteó: “Agradecer a ‘les' constituyentes y todas las personas que han apoyado la necesidad de refundar el Poder Judicial en Chile. No más una justicia heteropatriarcal machista, colonial, servil a las élites abusivas que han mantenido a los pueblos sin una verdadera justicia”.

En abril de 2023, se informó de una censura por escrito en su contra, precisamente, por haber promovido la idea de “refundar” la judicatura