La forma de trabajo de la alcaldesa ha sido muy poco responsable”.

Camila Flores,diputada RN.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), hizo ayer un “aro” para saludar a Gabriel Boric por su cumpleaños, en medio del despliegue del Presidente por esa comuna, la más golpeada por el incendio de hace 10 días.

Un video viralizado en redes sociales muestra cómo, en terreno, Ripamonti —quien ha comenzado a enfrentar cuestionamientos por la catástrofe— se acercó al Jefe de Estado, junto a funcionarios y dirigentes vecinales. “¡Presidente, feliz cumpleaños! Acá tiene una bandera de Viña del Mar para que nunca nos olvide, ¿es parecida a la de su pueblo?”, le preguntó, sonriente. Luego, se fundió en un emocionado abrazo con Boric.

Ripamonti tiene un papel protagónico en medio de la tragedia. Fue ella la primera en entregar cifras de personas desaparecidas, cuando las autoridades mandatadas por la ley (policías y Ministerio Público, entre ellas) aún no consolidaban esas estadísticas.

Así, la alcaldesa habló primero de casi 400 desaparecidos. Después mencionó, entre otras, las siguientes cifras: 372, 243 y 199.

Oficialmente, sin embargo, la cantidad de denuncias por presunta desgracia (término legal para las desapariciones) que manejan la Fiscalía, Carabineros y la PDI está muy lejos; se mantiene en torno a la quincena.

El activo rol de la alcaldesa en la entrega de cifras —al parecer, provenientes de un call center municipal— terminó “enfrentándola” con el Ejecutivo.

A través de distintas autoridades, el Gobierno aclaró cuál era el número oficial de desaparecidos y subrayó que los municipios no se cuentan entre los organismos que —por ley— pueden participar en el proceso de búsqueda de personas.

Pero la cantidad de extraviados no es el único flanco abierto para Ripamonti. También se le cuestiona, tras una revelación de Ciper, que la Municipalidad no contaba con un plan comunal de emergencia al momento de la catástrofe.

Ripamonti dijo que había una estrategia vigente en ese plano, pero Nicolás Sepúlveda, periodista de Ciper, reafirmó hoy en 13c Radio que esa comuna contaba sólo con un plan municipal, pero no comunal, como lo exige la ley.

“Nos dimos cuenta que ese plan no estaba vigente, recién se estaba trabajando, mitad del verano 2024 (...). Es mucho más profundo que el plan que tiene actualmente la comuna, municipal, no comunal, pensado en accionar el accionar de los funcionarios; no está pensado en la población”, dijo Sepúlveda.

El profesional insistió: “No existía (un plan de evacuación para incendios)… no aparece nada sobre qué hacer en caso de incendio forestal”.

En paralelo, en La Tercera, el fiscal de la Región de O' Higgins, Emiliano Arias, explicó que “puede que una negligencia no termine con una determinación de responsabilidad penal, pero (...) si esas autoridades no cumplieron sus funciones, también pueden originar responsabilidades civiles y administrativas (...), se puede llegar a que hubo, por ejemplo, falta de servicio”, afirmó el persecutor.

Con ese telón de fondo, entre los diputados de la zona golpeada se está dando un intenso debate respecto del papel que cumplieron Ripamonti y otras autoridades. Con matices, cuatro legisladores de la zona censuraron, por ejemplo, que la alcaldesa haya entregado por iniciativa propia números de desaparecidos.

Camila Flores (RN) fue especialmente crítica. “La forma de trabajo de la alcaldesa Ripamonti ha sido muy poco responsable y poco rigurosa. Esta catástrofe (...), la tomó sin instrumentos, sin herramientas, sin conocimiento (...).. Cuando hablamos de vidas humanas hay que ser rigurosos y responsables a la hora de entregar información, (…) lo único que hace es generar más conmoción”, subrayó

Criticó también que no contara con el plan comunal de emergencia. “Estaba notificada desde 2021 (...), eso (tener la estrategia) habría permitido probablemente salvar muchísimas vidas. Fue absolutamente negligente”.

Flores afirmó que la Fiscalía debería investigar las eventuales responsabilidades de Ripamonti, de funcionarios del municipio y de autoridades regionales.

Desde el oficialismo, Tomás Lagomarsino(PR) subrayó que habrá una comisión investigadora —impulsada por él y otros legisladores— que la Cámara debiese conformar en marzo.

Sobre la entrega de cifras de desaparecidos por parte de Ripamonti, la comparó con lo que hizo el exministro Jaime Mañalich, al inicio de la pandemia: “Fue establecer un mecanismo paralelo de cómputo de víctimas fatales, lo que es contrario a toda emergencia de cualquier índole, porque en este escenario hay que tener una voz dando las cifras y aquella debe ser la más autorizada (...), para este caso no es el municipio”.

Lagomarsino agregó: “El incendio ha sido el festival de los codazos, tanto en el Gobierno Regional, en los seremis, tanto entre la alcaldesa afectada, entre los ministros, subsecretarios”.

Evitó evaluar la inexistencia del plan comunal de emergencia o la posibilidad de que la Fiscalía investigue a Ripamonti u otras autoridades. “No me gustaría caer en dimes y diretes (...), lo mejor es que se constituya la comisión investigadora”.

Andrés Longton (RN) también criticó a la alcaldesa por difundir cifras: “Cuando hay una emergencia de esta magnitud es difícil medir las consecuencias (...), debiera servir de lección para la alcaldesa, de modo de sopesar de mejor manera los antecedentes”.

Consideró que la Fiscalía debería “investigar todas las eventuales responsabilidades”, “y eso tiene que ver también con investigar responsabilidades de autoridades”. Afirmó que corresponde hacer “un reproche” a la jefa comunal por la ausencia del plan comunal, que “podría haber mitigado o provenido el desastre”.

Su colega Hotuiti Teao (Evópoli) dijo que “es parte de la decisión de la alcaldesa entregar precipitadamente balances de muertos y desaparecidos”, pero resaltó que probablemente se basó en datos de los propios vecinos.

Como Lagomarsino, resaltó que el desempeño de Ripamonti y otras autoridades debieran ser examinados por la comisión investigadora de la Cámara. Respecto de si el Ministerio Público debiera indagar el papel de Ripamonti y de otros organismos públicos, respondió: “Creo que sí”.

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