Una querella por usura en contra de 17 personas -entre ellas empresarios, abogados y un hijo del exPresidente Sebastián Piñera- presentó Alejandro Araneda Fuentes, socio de la Inmobiliaria Los Mogotes SpA.

En 2019, Los Mogotes recurrió a MásAval, una Sociedad de Garantía Recíproca o SGR para obtener el aval que entregan estas empresas a las pymes cuando piden un crédito al banco o a financieras.

El problema es que no solo MásAval participó en la operación. “A mi cliente lo invitaron a una reunión en las oficinas de MásAval y aprovechando su condición de debilidad, le ofrecieron créditos que MásAval gestionó con la sociedad MACapital, controlada por los mismos accionistas de MásAval, lo que la ley (20.179) prohíbe, ya que una sociedad de garantía recíproca debe tener giro único”, explica el abogado querellante Jorge Mohor, socio de Mohor y Asociados.

Admitida a tramitación el 25 de enero por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, expone que “si el legislador hubiera querido que las sociedades de garantía recíproca se dedicaran también al negocio financiero, no habría existido la imposición legal de ser empresa de giro único”.

Agrega que la forma para burlar este impedimento “fue la creación de otras empresas relacionadas, usando eventualmente a terceras personas, pero con vinculación directa en el negocio y en la dirección, para establecer una red de financiamiento que no quedaría sujeta a las normas que tipifican el delito de usura”.

Mohor cuenta que fue abogado de su cliente en un juicio anterior que ganó contra el Serviu por término anticipado y unilateral de contrato (viviendas sociales en Rancagua), por lo cual el Serviu le pagó 93 mil UF a Araneda. “Al revisar el pago de las deudas de mi cliente me surgieron dudas por lo escandaloso de la diferencia entre el valor de lo que le entregó MásAval y lo que le cobró. Le pedí a un auditor que hiciera un análisis y concluyó que incluyendo las comisiones y otros gastos que le cobraron, se configuraba claramente el delito de usura”.

Entre junio y septiembre de 2019 Los Mogotes, la empresa de Araneda, “suscribió pagarés por obligaciones que sumaban $1.327 millones, pero que a su vencimiento ascendían a $1.585 millones”. Sin embargo, según la querella, “la realidad es que Los Mogotes solo recibió $1.069 millones”. Se adjunta una tabla que consigna ítemes por “comisión” ($172,6 millones) y “otros gastos” ($85,8 millones).

“Si uno incorpora los gastos y comisiones y los considera como interés, tal y como lo ha indicado nuestra jurisprudencia, la tasa ya no es del 1% mensual”, sostiene la acción judicial.

De los 12 pagarés se cobró una tasa de interés de 1% mensual -como se acordó- en dos de ellos. En el resto, el interés aplicado, según la tabla, fue de 1,37% (dos pagarés), 1,38%, 1,45%,1,52%, 2,87%, 5,1%, 6,1%, 6,3% y 7,03%.

“Tenemos la convicción de que MásAval tiene los mismos controladores que MACapital, porque estudiamos los antecedentes. De Addwise, que también otorgó préstamos a mi cliente, no sabemos, pero tiendo a suponer que sí, ya que un porcentaje muy alto de sus operaciones las hace con MásAval”, sostiene Mohor.

Según explica Felipe Alvear, abogado que trabaja con Mohor, “MásAval se formó como SGR en 2009, y seis o siete años después se creó MACapital para financiar a los clientes de MásAval. Los socios de MásAval son MA Holding SpA, el fondo de inversión privado Cabo de Hornos e Inversiones San Crescente SpA”.

“El controlador de Inversiones San Crescente -continúa Alvear- es BP Capital SpA, cuyos directores en la primera sesión de directorio eran Juan Sebastián Piñera Morel, Bernardo Simián Soza, Franco Acchiardo Olivos, José Miguel Bulnes Valdés y Lucas Marinovic Carrasco”, precisa Alvear.

Mientras, el fondo Cabo de Hornos “tiene de socios a Gestora Kawesqar S.A, cuyos representantes son Matías Elizalde Valenzuela, Gonzalo Ruiz Fehrman y Juan José Pellegrini Vial”. Alvear explica que los representantes son los gerentes o directores, quienes toman o ejecutan las decisiones.

Para llegar a los socios de MásAval como personas naturales, los abogados revisaron las juntas de accionistas, “porque allí aparecen los verdaderos socios cuando son SpA o sociedades anónimas”, asegura Mohor.

“A la junta de accionistas de Masval de 2017 asistieron José Miguel Bulnes Valdés (representando a MA Holding y BP Capital), Alejandro Poklepovic Zegers como gerente general de MásAval, Gonzalo Pizarro Brignardello (por MA Holding), Ignacio Errázuriz Montt, Gonzalo Ruiz Fehrman y Matías Elizalde Valenzuela (ambos por Gestora Kaweskar), el Fondo de inversión privado Cabo de Hornos e Inversiones San Crescente (por BP Capital). Todos representando a sus accionistas”, sostiene Felipe Alvear.

Contra todos ellos -y seis personas más- está dirigida la querella que solicita además determinar qué porcentaje de las operaciones de MásAval representan MACapital y Addwise con el fin “de establecer la estructura jerárquica y las relaciones de negocios de los querellados para determinar si sus empresas funcionan o no como una unidad de negocios”. Y que se exhiban los contratos suscritos entre ellas.

No fue posible obtener una versión de MásAval, cuyo nuevo nombre corporativo es Maxxa. No respondió correos y la recepción no atendió los numerosos llamados de La Segunda.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un informe, por consulta de la aerolínea Jetsmart, que concluyó que las reglas contenidas en las bases de la de licitación pública de la JAC de las frecuencias aéreas de la Ruta Santiago-Lima establecidas mediante la Resolución Exenta N°1220, del 28 de septiembre de 2023, no infringen las disposiciones del Decreto Ley N°211.

La razones entregadas por la FNE, son debido a que, primero, “la JAC no cuenta con discrecionalidad para actuar contra la normativa legal y reglamentaria aplicable, que asignará las frecuencias aéreas disponibles a la empresa que haya ofrecido la mayor suma de dinero por cada una de ellas”. Y, segundo, “en los casos en que existe cierta discrecionalidad por parte de la JAC, las bases permitieron la participación de los oferentes y estos mantuvieron mínimas condiciones de rivalidad”, argumentaron.

Sin embargo, desde la FNE advierten que hay partes de la norma que necesitan ser vistas. “Existen elementos de la normativa sectorial que preocupan y deben ser revisados en profundidad desde una perspectiva de libre competencia, de forma de evaluar, luego de recabados los antecedentes pertinentes, la necesidad de recomendar fundadamente modificaciones a la normativa que regula la asignación, uso, abandono y relicitación de las frecuencias aéreas restringidas que han sido asignadas a distintos operadores aéreos, así como la necesidad de establecer límites adicionales a la adquisición o tenencia de dichas frecuencias aéreas en base a la evolución que ha tenido el mercado”, sentencian desde la institución.