El 16 de enero pasado, el exseremi Carlos Contreras declaró por primera vez en el caso Convenios. Tras ser formalizado y en prisión preventiva, acusado de fraude al fisco, Contreras entregó su versión al fiscal de Antofagasta a cargo de la arista de Democracia Viva, Cristian Aguilar.

En una declaración de 13 páginas, a la que La Segunda tuvo acceso en exclusiva, Contreras acusa presiones desde el nivel central del ministerio de Vivienda, en especial de la encargada del Programa de Asentamientos Precarios, la arquitecta Verónica Serrano, tía del jefe de asesores presidencial, Miguel Crispi. Y ratifica lo que ya se había conocido por las conversaciones filtradas entre él y la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, respecto a que la minuta que confeccionó días previos a que estallara la crisis, llegó a manos de Presidencia.

En su relato, el exseremi explica cómo llegó a trabajar y recibir fondos la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez y quien también está cumpliendo prisión preventiva en Antofagasta.

Contreras dice, sin mencionar a Andrade, que la fundación estaba dentro de sus contactos pero que no “tenía una relación cercana con ellos, sino que simplemente estaba buscando organizaciones que pudieran ejecutar el programa de Asentamientos Precarios, entendiendo que tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos”. Y detalla: “Tenía presión desde el nivel central para cumplir con estos objetivos, quiero hacer hincapié que (de) ninguna otra autoridad del Ministerio recibí el nivel de presión que recibí desde Verónica Serrano, en ningún tema, ni del Ministro, ni de la Subsecretaria, ni de ninguna otra jefatura. Realizó dicha presión en la reunión de julio del 2022, de manera permanente a través de Yasna Contreras (encargada del Serviu de Antofagasta) que presionaba a mis equipos, lo hizo de manera telefónica y finalmente lo hace por escrito en el email del mes de septiembre del 2022. Siempre con la idea que por el alto monto asignado a Antofagasta, monto que no participé ni solicité, recaía la eficiencia del gasto del programa a nivel nacional”.

Respecto al conocimiento que tenía Presidencia en ese momento, en los días 5, 6 y 7 de junio, cuando supuestamente el asesor presidencial Miguel Crispi se había enterado de un “rumor”, como lo dijo frente a los diputados en la Cámara, Contreras explica que siempre el nivel central, vale decir, subsecretaria y encargada de Asentamientos Precarios, estuvieron al tanto. “La regularidad del proceso es lo que se me transmitió a nivel central y regional, a tal punto, que con todos los procesos posteriores, la auditoría que realizó la Subsecretaria en diciembre del 2022, la auditoría que realicé yo a partir de febrero del 2023, el ordinario 584, con que se respondí a la Subsecretaria en mayo del 2023, el informe de Ricardo Trincado (ex jefe de Asentamientos Precarios) en junio del 2023 y en el informe de la subsecretaria (Rojas) realizó y envió a Presidencia con mi colaboración entre los días 5, 6 y 7 de junio del 2023, se expresan y entienden como regulares todos los procedimientos asociados al programa de Asentamientos Precarios realizados por los equipos a nivel nacional y en Antofagasta”.

Contreras se defiende relatándole al fiscal Aguilar que el informe al que hizo alusión “habría dado cuenta a Presidencia de que el ministerio de Vivienda, en todos sus niveles, consideraba apropiados estos procedimientos, entiendo que dicho informe no está en la carpeta investigativa y parte de mis pruebas, son mis conversaciones por WhatsApp con la subsecretaria Tatiana Rojas. Conversaciones que dan cuenta de que durante al menos dos días elaboró dicho informe y que termina con la expresión de la subsecretaria ya está enviado y un poco más abajo me indica: “Ahora hay que esperar qué dice La Moneda”.

En esa parte de la declaración, vuelve al rol de la tía de Miguel Crispi y remata: “Para mi este informe da cuenta de que los procedimientos eran propios a nivel nacional del programa de Asentamiento Precario, muy posiblemente también indicaría la responsabilidad de Verónica Serrano, ya que la Subsecretaria habría detectado falencias, las que posteriormente fueron corroboradas por la Contraloría General de la República”.

Al inicio de la declaración, el exseremi hace un relato de su trayectoria política. Le cuenta al fiscal Aguilar que hacía a los menos siete años que prestaba apoyo político y técnico en diversas campañas electorales. “Fui parte del programa de campaña de don Ricardo Díaz (Gobernador de Antofagasta), también trabajé en la campaña de Beatriz Sánchez y en las parlamentarias, encargado del programa de la diputada Catalina Pérez. Así la conocí entre el años 2016 y 2017. Tiempo después de ella ser electa, estando trabajando yo en Taltal, Catalina Pérez me contacta para ofrecerme la posibilidad de ser su jefe de gabinete, esto en el año 2020, por lo que inicié así mi trabajo en política”.

Respecto a Democracia Viva, Contreras explica que “en cuanto a mi conocimiento de los miembros de Democracia Viva, tenía claridad de 2 militantes de Revolución Democrática, conocía a Daniel Andrade desde que él fue parte de la directiva nacional del partido y yo parte de la directiva regional del partido, conocía a Carolina Pérez, actual subsecretaria de Patrimonio, desde que ella fue parte del gabinete del senador (Juan Ignacio) Latorre, misma época que yo fui jefe de gabinete de Catalina Pérez. Por mis redes sociales tenía conocimiento de la existencia de esta fundación, no siendo amigo de ninguno de los dos, más allá de la camaradería que uno tiene dentro del ámbito político y sus contactos los tengo así como tengo los contactos de la mayoría de los participantes de Revolución Democrática ya que fui parte de la directiva”.

Respecto a su trabajo como seremi, que comenzó en abril de 2022, Contreras relata que al poco tiempo de su llegada, los equipos de finanzas y del área jurídica le indicaron que había “una problemática critica respecto al programa, ya que habían 25 convenios que se debían ejecutar y ya estaban sobrepasadas en su trabajo, lo que se agravaría ya que por comentarios de SERVIU, se triplicaría el trabajo por realizar del programa de Asentamiento Precario, ya que en julio vendría una avalancha de convenios que revisar, realizar resoluciones y realizar las revisiones técnicas y financieras”.

Contreras comienza así a develar el rol de Serrano y la responsabilidad que tiene, según él, la arquitecta. “Este programa de Asentamiento Precario es una de las principales acciones de política pública, definida desde nivel central y dependiendo del Programa de Asentamiento Precario a cargo de doña Verónica Serrano a nivel nacional y su jefa regional de Antofagasta es Yasna Contreras. A través de este espacio se ejecutan diversos programas en los campamentos, siendo los más numerosos los de habitabilidad primaria, los cuales se ejecutaban principalmente, a través de organizaciones sin fines de lucro, como las Fundaciones”.

Contreras le explica a Aguilar que existía una “sobrecarga administrativa de las jefaturas correspondientes. El año 2020, por ejemplo, Contreras aseveró que el SERVIU había solicitado “alrededor de 2 mil millones a ejecutarse el 2021, pero dicha ejecución se realizaría hasta mediados del 2022, estando ello en ejecución (en) SERVIU”.

Dice que antes de su llegada, para la ejecución del presupuesto en 2022, dicha repartición había pedido 7.100.000.000 más: “Hago hincapié que, no obstante, se pidan por SERVIU dicho dinero, Nivel Central debe evaluar dicha petición. Finalmente se otorgaron 5.000.000.000, lo que llevó a pasar de 24 convenios vigentes a 74 convenios vigentes. Esa proyección que las jefaturas me plantearon era imposible de afrontar”.

Y agrega: “Otro problema era que alguna de las fundaciones con que se venían trabajando de años anteriores en dicho programa, tenían atrasos en sus rendiciones, por lo que me alertan que llegado el momento de realizar las transferencias correspondientes a 2022, no se podrían concretizar administrativamente, ya que es requisito que la fundación no tenga rendición pendiente para realizar nuevos montos del año siguiente, es decir, las rendiciones debían estar al día”.

Contreras dice que el tercer problema que había era que no existía “reglamentación específica respecto al programa, había un marco lega muy amplio sobre el cual existían manuales, pero no se hacían cargo de todos los aspectos, por ejemplo, las condiciones mínimas que debía cumplir una fundación para ser parte del programa, ni tampoco había parámetros que indicaran los montos máximos a entregar a una fundación”.

Según la versión del exseremi Carlos Contreras, ante los problemas que tenía para manejar los cuantiosos recursos extra del programa de Asentamientos Precarios, el 17 de julio de 2022 “durante un viaje a Santiago con el objeto de realizar una ronda de gestiones, conversé en torno a esto con Claudia Ernst, jefa de la división de Administración y Finanzas a nivel nacional. Le pregunté sobre la posibilidad de tener solución de recursos humanos, explicándole a grandes rasgos de la situación, contándole que desde 2019 hay funcionarios en el SERVIU y SEREMI con cargo a los convenios, pagados por las fundaciones y me indica que no tiene más cupos para contratar y me plantea que converse con Verónica Serrano la contratación con cargo a los convenios, que ella no lo veía problemático desde lo presupuestario”.

Cabe señalar que la investigación determinó que se contrató a 12 militantes de RD con cargo a las fundaciones, pero que prestaban servicios a la seremi sin ser funcionarios públicos. Una de esas militantes fue la concejala de Antofagasta y exjefa territorial de la diputada Pérez, Paz Fuica, quien se encuentra en prisión preventiva.

Posteriormente, siguió Contreras, “tengo una reunión con Verónica Serrano, oportunidad en que le planteo la problemática que se presentaría por el monto elevado que entregarían al programa. Le planteo también la falta de reglamentación, le señaló que quería incorporar pagos intermedios y tomar resguardo mayores, además de la sobrecarga laboral que me habían planteado, que era imposible abordar”.

Contreras dice que Serrano le respondió que: “Yo también me fui de espaldas” y luego me explica por un lado la relevancia de ejecutar el presupuesto anual del programa, que mi región tenía muchos fondos asignados. Esa premura no iba a permitir generar cambios respecto a los requerimientos y resguardos para el ministerio para generar protocolos, por ejemplo. Yo le plantee el protocolo a lo que me señaló que hay que avanzar en la gestión presupuestaria, avanzando en la firma de los convenios”.

Cuando Contreras le consultó por directrices a seguir, según su versión, Serrano “me contestó que básicamente el programa seguiría funcionando como era hasta ese momento”.

Respecto a reuniones con las otras autoridades, Contreras dijo que cuando se trataba de citas individuales, era excepcional: “Quiero hacer hincapié que las reuniones con la subsecretaria y el Ministro de forma individual, son excepcional, aproximadamente me reuní unas 4 veces con ellos en forma individual, debiendo ser fundadas y de una forma de proceder”. Y agregó: “Cuando hable con Tatiana Rojas telefónicamente, directamente le platee la problemática de los grandes recursos entregados a la región y las fórmulas de solución, no señalándole reparos a las propuestas que me habían entregado desde la SEREMIA ni de parte de SERVIU, ya que de haber cuestionado los procedimientos habría cuestionado el quehacer del SERVIU desde el año 2019 en adelante y, por ende, la gestión del gobierno anterior”.

Finalmente Contreras afirmó que lo planteó, pues “a 4 meses de mi incorporación como SEREMI y estando todas las jefaturas regionales para hacerlo, para solucionar el problema, siendo yo arquitecto y no un profesional del área administrativa o jurídica, no tenía ninguna base para haber cuestionado lo que se me planteaba como solución técnica, ni los valores, ni las formas, ni los procesos de invitación a las fundaciones”.

“También le planteé buscar nuevas organizaciones para el programa, estando de acuerdo, ya que lo único que le interesaba era que se ejecutara el programa. Además le señalo que si no se mejoraban las carencias, mejor no ejecutar el programa ya que como SEREMI nos veríamos sobrepasados y en ese momento insinuó que si no se ejecutaban por tener un presupuesto alto a nivel nacional, fallaría la ejecución nacional del programa. Me manifestó que si no se ejecutaba el presupuesto 2022 se vería mermado el presupuesto 2023. La conversación terminó bien ya que compartí el fundamento de cumplir con la ejecución del programa tomándolo como un desafío”. Pero, advirtió Contreras en su declaración: “Para poder haber hecho algo así, tendría que haber estado en desacuerdo alguna de las jefaturas de Antofagasta o en su defecto haber realizada una auditoría que arrojara hallazgos como problemas, cosa que también debe ser fundada y que finalmente si realice terminado el periodo 2022, cuando solicité dicha auditoría”.