Un inédito sabotaje informático denunció este mes Empresas Lipigas, de los grupos Santa Cruz y Vinagre, y que le acarreó importantes pérdidas por ventas no realizadas, al “resetear” y desconectar 2.200 celulares de sus camiones de venta y distribución de gas licuado en Chile, Perú y Colombia.

El sabotaje, ocurrido el 11 de septiembre del año pasado y requirió una extensa investigación interna por parte de la compañía, ya que afectó a todos los equipos entregados a los repartidores de Lipigas en los tres países.

“La consecuencia del reseteo de los 2200 dispositivos móviles, fue que los respectivos 2200 camiones repartidores dejaron de operar, porque dejaron de tener acceso a los pedidos de entrega de cilindros a domicilio, sin poder operar normalmente hasta el día siguiente (12 de septiembre) a última hora, de modo que Lipigas estuvo cerca de 30 horas sin poder responder pedidos y atender emergencias normalmente en tres países simultáneamente, lo que implicó una merma de venta de 220 toneladas de gas, con un perjuicio económico para la compañía de $288 millones”, dijo la compañía en su querella contra quienes resulten responsables, aunque apuntando a un extrabajador de su área TI, desvinculado dos meses antes.

Consultada Empresas Lipigas, señaló que “el caso se encuentra en investigación”, aunque “se trató de un hecho de carácter puntual”. Agregó que Lipigas cuenta con un Plan Maestro de Ciberseguridad cuyos protocolos fueron inmediatamente activados, lo que permitió retomar el correcto funcionamiento de las operaciones” y pese al incidente “en ningún momento se expuso información sensible ni datos de clientes”.

Según la investigación del área de ciberseguridad de la compañía, el sabotaje se habría generado luego que un tercero accediera a los sistemas mal utilizando la clave de acceso del jefe de Servicios TI de Lipigas.

En medio de los cambios y reestructuración que lleva Falabella en sus distintas unidades de negocios, el gigante del retail nacional acordó inyectar el equivalente a US$30,5 millones en la unidad a cargo de su marketplace, Falabella.com.

La inyección de recursos se da en medio de la expansión y rediseño de la estrategia digital del retail y su apuesta por el mercado online. “Este aumento de capital responde a un proceso rutinario que ayuda a fortalecer la estructura financiera de la compañía y promover el crecimiento a largo plazo de falabella.com”, dijo la compañía a La Segunda.

A lo menos $1.500 millones esperan recaudar los acreedores de Grupo Rhein, la conocida fábrica de cuadernos de la marca homónima, con el remate online de sus marcas comerciales: Rhein, Village y Argos.

La subasta, que también incluye más de cinco millones de artículos en inventario, fue solicitada por la liquidadora de la compañía, Loreto Ried, y se efectuará mañana a las 11:00 horas a través de Remates del Río.

Por la marca Rhein (con siete registros) se pide un mínimo de $800 millones, por Village (cinco registros) $200 millones y por Argos (15 registros) $500 millones.

Además, se subastaran 850 mil cuadernos y artículos de oficina de la marca Rhein y otras, junto a 4,7 millones de artículos de cotillón y otros de la marca Argos.

Grupo Rhein, de la familia Ordóñez, se declaro en quiebra (liquidación forzosa) a inicios de diciembre, tras enfrentar problemas de liquidez, luego de un fallido plan de reestructuración financiera y empresarial.

Empresas Guzmán & Larraín, grupo inmobiliario fundado por el expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y dirigente empresarial, José Antonio Guzmán, junto a Juan Larrain Doggenweiler, proyecta invertir US$60 millones en la comuna de Maipú.

Según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el plan busca modificar el Proyecto Inmobiliario El Rosal e incorporar dos edificios con 472 departamentos y 544 estacionamientos al proyecto habitacional que ya tenía autorizado el grupo inmobiliario en Camino Las Flores, Maipú.

El jueves 8 de febrero, a las 12:50 horas, se retomará la audiencia inicial en el juicio de liquidación forzosa (quiebra) que el Fondo LarrainVial Facturas lleva contra Rodrigo Topelberg, socio del factoring Factop, luego que la causa -que lleva el 25° Juzgado Civil- fuese suspendida mediante un recurso, que no prospero, de la defensa de Topelberg ante el Tribunal Constitucional.

La audiencia, busca determinar si se dan las condiciones legales para la liquidación forzosa personal del empresario. Según la demanda del fondo LV Facturas, en el caso de Topelberg “existen al menos tres títulos ejecutivos vencidos -en circunstancias que la ley sólo exige dos-”: Se trata de un pagaré adeudado a ese fondo por unos $2.117 millones suscrito por Factop y donde Topelberg figura como aval, otro por $360 millones moroso a Finameris y un documento por $5.919 millones adeudado a Tanner, lo que según el fondo suma deudas impagas por más de $8.000 millones.