Poco a poco la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), fundada por la Sofofa en 1958, comenzó a incursionar en la salud común, al ofrecer prestaciones ambulatorias ajenas al seguro de accidentes del trabajo.

Las mutuales de seguridad reciben el 0,9% del sueldo imponible de los trabajadores para pagar tratamientos y licencias médicas provocados por accidentes laborales dentro de la empresa, en el trayecto de ida o vuelta, y enfermedades profesionales.

De las autorizaciones provisionales obtenidas desde 2021 por el Ministerio del Trabajo, la ACHS consiguió el 28 de febrero de 2023 que dicha cartera aprobara un Plan de Salud No Laboral en términos amplios “en accidentes de cualquier naturaleza (sean del trabajo o no) que podrá comprender los aspectos de prevención, curación y rehabilitación”, lo que se suma a consultas por traumatología y salud mental, siempre que no altere sus obligaciones con los trabajadores.

El escrito plantea que dicha aprobación fue más amplia de la solicitada por la ACHS y “en términos definitivos” como pidió el entonces presidente del directorio de la ACHS, Paul Schiodtz.

A raíz de ello, Inversiones Renacer, dueña de cuatro clínicas en Concepción, Puerto Montt, Calama y Chillán, cuyos controladores son las familias Imschenetzky y Sáenz, formuló a fines de diciembre una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC). Pide que se pronuncie respecto de si el ingreso de la ACHS al negocio de la salud común y la última autorización del Ministerio del Trabajo, en febrero de 2023, contravienen las normas de la libre competencia. Y si se afectan las prestaciones del seguro de accidentes del trabajo al agregar esta nueva línea de negocios que, en su nueva imagen corporativa, se presenta como ACHS Salud y ACHS Servicios dirigidas a comercializar prestaciones fuera del ámbito del seguro laboral obligatorio.

Renacer, representada por su gerente general Gonzalo Grebe Noguera, y con el patrocinio de los abogados Javier Velozo (exministro del TDLC) y Pablo Pardo sostiene en su escrito de 66 páginas que hay subsidios cruzados cuando una compañía utiliza fondos provenientes de un área de negocios -en este caso, las cotizaciones que pagan los empleadores por el seguro laboral- para financiar actividades en otra área diferente como serían las prestaciones de salud común.

Explica además que la ACHS lleva, al menos, cinco años participando en la licitación de las listas de espera de Fonasa y se ha adjudicado el 80% por los bajos precios que ofrece en regiones donde tiene competencia, dado que cuenta con un flujo de ingresos asegurado mensual por el pago de las cotizaciones del seguro de accidentes del trabajo. En aquellas donde no la tiene participa con precios superiores.

Pone como ejemplo que, en 2018, la ACHS ganó atenciones por listas de espera por el equivalente a $3501 millones de un total de $4.350 millones y su alta participación se ha mantenido.

La ACHS -presidida por Paz Ovalle- es la mutual más grande con el 40% de participación de mercado seguida por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción con un 32%.

Es dueña del 50% de Bionet, dueña de 80 laboratorios en todo el país y, al menos, 12 clínicas desde Antofagasta a Puerto Montt.

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago declaró admisible la reclamación de la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos contra el proyecto Mall Vivo Santiago, iniciativa que se instalará en los exterrenos de Copesa en Avenida Vicuña Mackenna.

El recurso fue presentado por el abogado Marcos Emilfork Orthusteguy contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del mall que fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental en octubre de 2022 y que cuyo permiso fue nuevamente validado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a fines de 2023.

De acuerdo a la alcaldesa proyecto fue fraccionado en su fase de demolición y en la construcción del mall, lo cual no estaría permitido en la Ley de Bases del Medio Ambiente, adicionalmente sostiene que "la metodología utilizada para descartar el impacto vial no sirve para predecirlo", también alega que existen ilegalidades por una eventual "errónea determinación y justificación de la línea de base y área de influencia para el medio humano", y que "produce impactos sobre la salud de la población".

La admisibilidad fue declarada por la ministra Marcela Godoy Flores, el ministro suplente, Cristian López Montecinos y el ministro José Pablo Rodríguez Moreno.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un proyecto inmobiliario que consta de locales comerciales, restaurantes, gimnasio, oficinas, preuniversitario, cines, consulta médica, vivienda y apart hotel, lo anterior, en una torre de 30 pisos y 7 subterráneos.

Una mañana volátil tuvo la acción de SQM en la Bolsa de Comercio de Santiago, tras el desbloqueo ayer del acceso principal al Salar de Atacama por parte de los pueblos atacameños.

El viernes pasado las acciones cerraron con una caída de 3,4% en tanto que hoy abrieron con un retroceso de 2, 39%.

Sin embargo, al cierre de esta edición, el papel se recuperó y subía 1,82%

Al respecto Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4 Corredores de Bolsa, explicó que la caída de la semana anterior “es producto de los acuerdos entre la minera privada y Codelco por extracción de litio que de acuerdo a algunas entidades bancarias puede que no sea tan bueno para la compañía, pese a que se aseguró la extracción hasta 2030 sin la necesidad de ir a licitación; también por el corte del camino de las comunidades que no fueron parte del proceso de negociación y por último, porque en China no modificaron los precios de consumo”.

La empresa Hy2Wind Spa ingresó a tramitación ambiental el proyecto “Parque Eólico Los Coihues”. La inversión corresponde a US$470 millones.

El proyecto considera la construcción y operación de 47 aerogeneradores para generación de electricidad, los cuales se ubicarán en la comuna de El Carmen, provincia de Diguillín, en la Región del Ñuble.

Cada uno de los aerogeneradores tiene una potencia de hasta 7,2 MW, que en conjunto poseen una potencia nominal total de 338,4 MW.

La energía eléctrica producida en los aerogeneradores será evacuada a través de dieciséis ramales soterrados de distribución eléctrica.