El consumo y mal uso de estupefacientes y psicotrópicos ha aumentado considerablemente en el mundo, lo que se ha llamado “epidemia de los opioides”. Chile no es la excepción. Según el informe 2022 de la ONU de Sustancias Psicotrópicas (JIFE), somos una de las naciones con más alto consumo de anfetaminas a nivel mundial. Hemos visto una creciente venta ilegal de medicamentos en las calles y ferias libres, a lo que se suma la reciente comercialización ilícita de fentanilo, también conocida como la “droga zombie”.

Los estupefacientes y psicotrópicos, aunque útiles en tratamientos médicos específicos, representan un desafío debido a sus riesgos para la salud pública en su uso incorrecto.

En este escenario, junto a un grupo de docentes de la Universidad Católica, con el apoyo del Centro de Políticas Públicas UC, propusimos las bases para el desarrollo de una política nacional de registro y control de estupefacientes y psicotrópicos, para contar con vigilancia farmacológica efectiva, una gobernanza sólida y un enfoque multidimensional. Para ello se realizaron análisis de documentos, revisión de siete países que han implementado estas políticas y sistemas de prescripción electrónica, y entrevistas a actores relevantes en la materia.

El sistema actual de registro, control y vigilancia de estos medicamentos está focalizado en la detección de reacciones adversas, existiendo limitaciones en la notificación de situaciones de abuso o dependencia. El principal desafío es implementar un programa de monitoreo continuo de estos medicamentos, así como un sistema de prescripción electrónica. Diversos estudios han demostrado que estos programas se asocian a una reducción en la prescripción, venta y compras médicas de opioides, muertes y hospitalizaciones asociadas, reducción de las visitas a urgencias y disminución de los costos de hospitalizaciones.

Creemos que es necesario contar con una propuesta armonizada con la normativa vigente y de los proyectos de ley que se encuentran en discusión en el Congreso, junto a una adecuada protección de la privacidad de los datos sensibles de salud, debida entrega de información a los pacientes sobre el registro electrónico y resguardo de la confidencialidad médico-paciente.

Proponemos seis principios rectores para el desarrollo del programa, incluyendo obligatoriedad, secuencialidad, integración con sistemas de atención médica, capacidad técnica de análisis y vigilancia, sostenibilidad financiera e interacción entre entidades estatales.

Una propuesta como esta requiere compromiso político multisectorial de las autoridades involucradas, y depende de un trabajo de implementación gradual tanto en ámbitos normativos, tecnológicos, técnicos y de gestión. Creemos que contamos con las condiciones necesarias para poner en práctica este registro cuanto antes y estamos disponibles para colaborar en su diseño e implementación.

Según el estudio Sociedad en Acción, del Centro de Políticas Públicas UC, en Chile existen 234.502 organizaciones de la sociedad civil, las que resultan importantísimas en la construcción social. Prestan servicios en ámbitos a los que no llegan ni el mercado ni el Estado y, por lo general, son iniciativas privadas lideradas por personas con un profundo compromiso social.

La mayoría de estas organizaciones vive el día a día marcado por la búsqueda de financiamiento, lo que se ha convertido casi en un calvario después que estallara el “caso convenios”. En los últimos meses, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil (OSC) se encuentran en el banquillo de los acusados, aun cuando realizan un tremendo aporte a la sociedad.

Si eres una OSC y tienes la forma de fundación, el camino se hace hoy más difícil. No sólo ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía, sino que los líderes políticos han establecido nuevas condicionantes para el acceso a recursos. En 2024 las fundaciones y corporaciones no podrán postular a fondos de los gobiernos regionales, ni hay claridad sobre cómo se ejecutará el presupuesto del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para proyectos sociales y comunitarios.

El caso de Democracia Viva y otros de la misma calaña han hecho un tremendo daño al sector. ¿Por qué se castiga a un enorme conjunto de instituciones que han venido haciendo el bien de forma desinteresada, honesta y eficiente? ¿Es que la desfachatez de unos pocos tiene que afectar a todos los que se apegan a las normas y trabajan honestamente?

En Fundación Tacal estamos convencidos que esto no es así. Existen mecanismos simples de control y minimización de riesgos que reducirían significativamente las posibilidades de defraudar al fisco, tales como entregar los recursos de manera fraccionada, exigir cuentas bancarias de uso exclusivo de cada proyecto con rendiciones mensuales y garantías, trayectoria y acceso a recursos según experiencia y tamaño.

En nuestro caso, el trabajo que iniciamos hace 38 años para capacitar e insertar a personas con discapacidad en el mundo laboral ha permitido que más de 2.700 personas accedan a un empleo estable. Esperamos y estamos disponibles para aportar en procedimientos de rendición de cuentas y control desde nuestra experiencia. Es imprescindible que nos bajen del banquillo de los acusados.

Muchos han sido los “fantasmas” económicos que han recorrido el país en los últimos dos años. Inclusive, para algunos, estos parecen haberse visto acrecentados inmediatamente después que la actual administración resultó electa. En ese momento no dudaron en augurar una inflación descontrolada, una debacle en el crecimiento del país e incluso pronosticaron una política fiscal irresponsable con consecuencias permanentes para la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. Favorablemente, estos fantasmas han ido desapareciendo, y aunque Chile ha navegado por aguas macroeconómicas turbulentas, lo ha hecho con una destreza notable, esquivando muchos de los riesgos que a menudo desestabilizan las economías emergentes.

Este éxito se atribuye, en gran medida, al responsable manejo fiscal de la administración actual, y su coordinada acción con la política monetaria del Banco Central, lo que ha desempeñado un papel crucial en mitigar los potenciales impactos negativos, y ha sido reconocido así incluso internacionalmente. Recientemente, la revista The Economist, destacó a Chile como uno de las mejores economías en el año 2023, posicionándola cómo séptima mejor del mundo. Basada indicadores económicos claves, destacan al país por un crecimiento estable del mercado laboral, así como del PIB, y una inflación controlada. Adicionalmente, el Banco Mundial, en su reciente informe sobre perspectivas económicas del mundo, ha destacado el manejo fiscal en Chile y la calidad de sus instituciones, lo que ha ayudado a limitar el impacto negativo de tendencias mundiales.

Así es cómo, la evidencia ha mostrado que un manejo fiscal que logró responsablemente consolidar una normalización de las finanzas públicas, coordinadamente con una política monetaria con perspectivas expansivas, puedan dar cómo fruto una normalización de la economía: pasando de una inflación de más de 14% anual a una menor de menos de 4%, sortear un año desafiante sin caer en recesión y encaminarse a un año de mayor crecimiento, haciendo desaparecer los augurios menos auspiciosos.

Ahora que se han ido los fantasmas, es tiempo de volver a poner los focos, esfuerzos y voluntades de todas y todos los actores económicos en los desafíos estructurales del país: afianzar políticas públicas modernas que guíen al país hacia una mayor productividad, que estas sean compatibles con una economía más verde e inclusiva, que se materialicen en una mayor inversión y creación de empleos, para que finalmente, se traduzcan en mayores seguridades para la ciudadanía.