Tras la polémica desatada por el desfile de ministros y parlamentarios al departamento de Pablo Zalaquett –para reunirse con empresarios- la firma de lobby manifestó hoy mediante un comunicado de prensa, su inquietud por “ la manera en que estos acontecimientos podrían repercutir en el ya complejo escenario delineado previamente”.

La consultora liderada por Enrique Correa, exministro Secretario General del gobierno de Patricio Aylwin, que asegura haber participado activamente por las buenas prácticas pre y post Ley de Lobby, afirma que “están consternados ante los sucesos recientes”.

“En la actualidad, nuestro país y, en una perspectiva más amplia, la esfera global, experimentan un período en el cual nuestro sistema de gobierno, encarnado por la democracia, se encuentra en un estado de devaluación alarmante. A esto se añade una profunda crisis de confianza que afecta a las instituciones tradicionales. Nos encontramos ante un contexto desafiante para todos aquellos que participamos en algún grado en la actividad política”, manifiesta el documento que difundieron.

Por ello, instan al gobierno a cumplir con su promesa de perfeccionar la normativa: “Hace algunos meses, durante su primera Cuenta Pública en el año 2022, el Presidente Gabriel Boric anunció la inminente modernización de dicha ley. Estas noticias fueron recibidas con entusiasmo, ya que durante años se había avizorado la necesidad de ajustes, motivados por diversas variables, entre ellas, el impacto de las tecnologías de la información, una ciudadanía cada vez más exigente y la consolidación de nuestro quehacer político. Como consultora, en 2023, elaboramos un documento que llevó a cabo un análisis exhaustivo sobre la normativa vigente, concluyendo con siete propuestas que abarcan desde una más precisa conceptualización del lobby hasta la creación de un registro ex ante de lobbystas y la imposición de obligaciones para quienes se desempeñan en esta esfera, entre otros aspectos de esta índole”.

Desde ayer, el director Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Álvaro Hormazábal, copreside el Grupo de Trabajo sobre Preparación para Emergencias de APEC.

La designación ocurrió en una reunión sostenida con Estados Unidos y la Secretaría de APEC, junto a Japón y China, los copresidentes salientes. Su nombramiento se había producido el pasado 22 de diciembre, tras comunicarse la aceptación de su candidatura por los 19 miembros del grupo, junto a la representante de la Federal Emergency Managent Agency de Estados Unidos.

A partir de este nombramiento, SENAPRED estará encargado de coordinar los esfuerzos de los países del Asia-Pacífico para el desarrollo de iniciativas y proyectos de interés común para el desarrollo de capacidades de gestión del riesgo de desastres; coordinar acciones de prevención y mitigación con otros sectores de APEC; promover la reducción del riesgo de desastres como estrategia para el desarrollo en el Asia-Pacífico; y asistir al país anfitrión en la organización de las reuniones anuales del Grupo, que este año serán en Perú.

El Grupo reúne a las agencias de gestión del riesgo de desastres de Australia, Canadá, China, China Taipei, Chile, Corea del Sur, EE.UU., Filipinas, Hong Kong, entre oras naciones.

Dijo que aceptó la invitación de Pablo Zalaquett porque a su ministerio se le criticaba “de intransigencia, de falta de diálogo” y que le pareció apropiado conocer a su contraparte en un espacio social. En entrevista con T13 Radio, esta mañana la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, agregó que el encuentro le sirvió para “tener un acercamiento con un mundo que no es tan cercano a mí, por razones personales, porque vengo de la academia y, por lo tanto, históricamente no he tenido contacto con ese mundo y con el Ministerio de Medio Ambiente”. Es más, consultada sobre si sabía que el exalcalde era lobista, afirmó: “No lo tenía claro”.

Poco antes, en El Mostrador, dijo que tras los cuestionamientos comenzará a registrar todos los encuentros, “aunque no sean de lobby, pero cuando tienen relevancia pública”. Y en concordancia con el argumento en el que ha insistido desde el Presidente Gabriel Boric –que los encuentros no califican como lobby por los temas tratados- Rojas reiteró que “esto no era lobby”.

Las declaraciones de Rojas generaron revuelo entre los expertos y políticos, incluso del mismo oficialismo: no sólo marca un nuevo vuelco de cómo debería haberse registrado ese encuentro –justo cuando Contraloría indaga el tema y pidió informes a ella y otros cinco ministros por estas citas-, sino que por el desconocimiento que refleja una autoridad al asistir un encuentro con privados.

Entre los expertos, primó una evaluación crítica de las explicaciones de Rojas.

“No es necesario saber que la persona que invita es lobista para informar que se tuvo una reunión con grupos de interés”, aclara Francisco Leturia, expresidente del Consejo Para la Transparencia.

Alberto Precht, expresidente de Chile Transparente, es más tajante: “Uno esperaría de un ministro de Estado que conociera básicamente cinco normativas: La Ley de Probidad, la Ley de Transparencia, la Ley de Lobby, el Estatuto administrativo y la Ley general de bases del Estado (...) La principal responsabilidad es conocer la Ley, haberse capacitado y eso es algo que no ocurrió (...). En Chile más allá de regular la industria del lobby lo que se regula es la acción de influir en la toma de decisiones en la omisión de esas decisiones. Eso es lo que toda autoridad debiese saber cuando se junta con el sector privado”.

Agrega que le llama la atención la explicación de Rojas, “porque más allá de que fuera un lobista, es decir una persona pagada para realizar esa actividad, habría sido un gestor de interés y ahí también rige la obligación de registrar. La Ley regula cualquier acción de influir”.

A juicio de Manuel Aris, académico de la U. Alberto Hurtado y experto en materia de anticorrupción, “la autoridad debe saber con quien se reúne; indagar quién estará en la reunión. Los asesores preparan minutas antes y por lo tanto, se debe hacer un trabajo previo. Si no lo están haciendo en el gobierno, sería importante que lo hagan”. En su opinión, “los ministros están actualmente en un bucle retórico: Se han centrado en una falta de ley para no asumir principios que están explícitos en ella: igualdad, transparencia y probidad”. Considera que “hubo un mal diseño de respuesta a esta coyuntura” y que “la táctica ha ido empeorando el problema en lugar de terminarlo”.

Sobre las posibilidades de sortear la crisis, Precht y Leturia creen que la autoridad tiene la oportunidad de enmendar el rumbo y registrar las reuniones por Lobby. “La mayoría de expertos estamos de acuerdo en que así debió haber sido”, remató el primero.

Enrique Rajevic, profesor de derecho administrativo de la U. Alberto Hurtado precisa que “si solo ciertas actividades se registran y otras no por un mero tema formal, la ley carece de utilidad”. Por eso argumenta que lo relevante “ya no es si la reunión se pidió o no por plataforma, sino lo que Contraloría determine ya que hay un procedimiento en curso, de si lo que se trató ahí era o no inocuo para la toma de decisiones”. Y reitera que es difícil pensar que los privados no se reunieron con el objetivo de “plantearles puntos de vista y representar su perspectiva para que la autoridad decida”.

Otros expertos que optaron por mantener su identidad en reserva son más desconfiados y consideran que los ministros asistieron pensando en ampliar su red de contactos, “generando buenas relaciones con sus futuros empleadores”.

El primero del Frente Amplio en criticar lo sucedido fue el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social). A comienzos de semana en Estado Nacional, señaló que en su opinión el titular de Economía se debería haber reunido con los empresarios “en horario laboral y en una oficina“.

Ayer se sumó la diputada PC, Karol Cariola. La diputada oficialista consideró que quienes participaron en las reuniones organizadas por Zalaquett tomaron una “mala decisión (...). Considero que fue un error desde el punto de vista del rol que jugaron algunos ministros de ir a reunirse sin haberlo declarado, sin haberlo dicho públicamente. Yo preferiría que esas reuniones se dieran en el espacio que corresponde”, dijo Cariola y añadió que “debe quedar un aprendizaje”.

“La recomendación es q haga uso de las capacidades de sus distintos asesores, para q el día de mañana, cuando vaya a una reunión, se informe bien de quiénes son los que la integran”, agregó por X.

Además, acotó que le parece cuestionable, porque “Zalaquett no es ningún actor validado públicamente, ni en su historial anterior, para poder ser el vínculo para desarrollar este tipo de reuniones”.

Hoy en Radio Pauta, el diputado del partido liberal Vlado Mirosevic recalcó que el Gobierno debe interpretar en forma “más estricta” la ley: “Si yo voy a la casa de un lobista, no es cualquier cena (...). La Ley de Lobby hay que cumplirla, así de simple, y hay que reconocer que esto, que quizás da para alguna una interpretación de alguno, de ahora en adelante no volverá a suceder porque se aplicará de manera más estricta la ley”.

“No satanicemos el diálogo, pero de aquí en adelante, como gobierno nos autoimpondremos, esto es lo que diría yo si fuera ministro, nos autoimpondremos una interpretación la más estricta respecto a la Ley del Lobby”, agregó.

Consultado por el planteamiento que hizo Nicolás Grau al reiterar en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que no correspondía haber registrado la cita, Mirosevic señaló que el ministro de Economía está equivocado.