Por alguna extraña razón que no conoce, la abogada Karinna Fernández (45) quedó ubicada al lado del guitarrista Tom Morello, durante todo el acto de 50 años de memoria en La Moneda.

De ahí que toma sentido el relajo con que resultó la selfie -sacada por el propio genio de Rage Against the Machine- y que la abogada luce desde septiembre en el perfil de la única red social que dice ocupar: WhatsApp. “Para mí fue difícil aceptar ir a los 50 años, porque reflejan mucho dolor y lamentamos que mujeres víctimas como Verónica de Negri no fueran invitadas. Fuimos pocas abogadas”, confiesa.

Lleva más de 15 años dedicada a la defensa de los DD.HH. Es experta en litigio nacional e internacional en el tema, parte del equipo jurídico del grupo Londres 38 y una de las abogadas patrocinantes de la querella que hoy tiene al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, camino a la formalización.

Se especializó en Inglaterra y ha sido consultora en la CIDH de Washington, el último año el Poder Judicial cerró cerca de 90 juicios donde estuvo involucrada como querellante, no sólo en Chile: se enfrentó al gobierno de Evo Morales por obstaculizar entrega de información sobre la desaparición de un diputado en dictadura y logró un fallo en contra de una isapre en cortes internacionales.

El último mes ha sido movido: se dictó sentencia por el Caso Quemados, por la Caravana de la Muerte (que involucra al general (r) Juan Emilio Cheyre) y se anunció que en mayo formalizarán a Yáñez por hechos ocurridos en el estallido.

Quienes la conocen, la describen como «una litigante feroz y veloz», tanto por lo radical de sus posiciones como por su rapidez para argumentar (le decían «metralleta» en la escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso).

Clara y elocuente para decir lo que quiere decir, Fernández es la mayor de tres hermanos, está casada y tiene un hijo de cinco años. Pero si ha tenido un rol la vida –bromea– es ser candidata. Lo fue a la fiscalía nacional, donde sin mucha expectativa logró dos votos de apoyo (al igual que Patricia Muñoz) y es opción para transformarse en la primera relatora mujer latinoamericana ante la ONU.

–¿Cómo evalúa la repercusión por el anuncio de formalización del general Yáñez?

–Creo que se le ha restado relevancia al rol del querellante, porque los DD.HH. son conocimientos científicos y jurídicos, contrario a lo que piensa la mayoría de la gente. Esto no es activismo, tiene mucho de formación, de conocimiento y experiencia.

–¿Lo dice porque el tono ha sido más político que técnico?

–Este es el resultado de un trabajo muy largo, las querellas contra el alto mando son una acción colectiva muy ardua y compleja, donde confluye la experiencia de penalistas, procesalistas y abogados expertos internacionales de DD.HH.

–Ha sido ruidosa la defensa del general Yáñez.

–Lo complejo es cuando entran al ruedo judicial otros elementos y tal vez eso es una experiencia que quienes trabajamos en DD.HH en casos de la dictadura lo conocemos muy bien. Yo siempre les digo a mis estudiantes: «los verdaderos abogados no siguen la norma, sino que la tensionan». Y cuando uno tiene causas relevantes que van a ser trascendentes, no es sólo lo jurídico lo que importa, hay que tener una capacidad de hacer otras lecturas de los momentos.

–¿Como querellantes han resentido esta arremetida?

–Para lo que no estábamos preparados, uno no puede preverlo, era para una estrategia comunicacional propia del despliegue policial. Yo creo que aquí hemos enfrentado una estrategia que no es sólo de una defensa, sino que responde también a otros intereses.

Y explica que hay dos causas contra Yáñez. “La de lesa humanidad, donde nosotros no intervenimos. Y la de la responsabilidad del alto mando, en la que somos querellantes. Que se presente una solicitud administrativa para lograr la inhabilidad (de los fiscales) por la de lesa humanidad, que entiendo que ni los querellantes ni los fiscales de la causa estaban en conocimiento, y que trascendiera comunicacionalmente justo antes del día en que se supo la formalización en la otra causa, significó políticamente una confusión tal que Monsalve en su calidad de ministro del interior (s) dijera que no iba a hablar de la formalización porque había un requerimiento de inhabilidad, cosa que ocurría en otra causa”, dice.

–¿Cree que la confusión fue tal que el Gobierno no previó que el Presidente Boric podía caer en defender a Yáñez?

–Yo había experimentado este tipo de estrategias institucionales antes. De hecho para la declaración del exgeneral (de Carabineros) Mario Rozas en la causa, siempre estaba con un abogado en una mano y con un periodista en la otra. Pero aquí hay un punto más profundo. El fiscal nacional debió haber resuelto de plano (el tema de la inhabilidad de los fiscales) para evitar justamente este tipo de confusiones dentro de la rigurosidad técnica que requiere una formalización.

–¿Pensó que iba a generar tanta sorpresa el anuncio de la formalización?

–Es que no fue sorpresivo. La formalización era un paso evidente en una causa de esta envergadura, dada la fortaleza de la investigación, los antecedentes, los tipos penales que se están investigando y la magnitud de los hechos.

–Durante un año y medio se debatió si en el estallido hubo crímenes de lesa humanidad, y tanto del director del INDH como el actual fiscal nacional, dijeron que no, que no había sistematicidad o planificación por el Estado.

–Yo creo que sí existió sistematicidad y eso quedará reflejado en la audiencia de formalización, dada la magnitud y patrones que evidencia la investigación. Y los informes internacionales acreditan también sistematicidad, lo que surge de algo tan evidente como el número de víctimas. Y la oficina fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo respecto de estos casos no que no existieron delitos sistemáticos, sino que en Chile hay herramientas institucionales y normativas para resolver estos casos prioritariamente.

–¿Qué será lo trascendental de la formalización de mayo?

–Establecer apremios ilegítimos en su fase homicida, que se trata del uso de armas menos letales, que tienen una regulación muy específica, muy acotada respecto del número de funcionarios policiales que puede hacer uso de esta arma considerada menos letal, pero que se transforma en letal cuando se rompe el respeto a ese protocolo.

–¿Qué tan difícil puede ser para la fiscalía indagar a un alto mando en ejercicio?

–El verdadero obstáculo que enfrentamos es el de un general director en calidad de imputado con total ausencia de colaboración en el proceso. En ningún país de la región he observado que una autoridad a cargo de la seguridad de un país no concurriera a declarar en seis ocasiones. No puede existir reparación mientras las autoridades involucradas estén en alto mando.

–¿El telefonazo del Presidente a Yáñez impacta en la investigación?

–No debería. Chile ha demostrado tener un estado de derecho bastante fuerte y capaz de resistir este tipo de estrategias con la fuerza de las propias investigaciones e instituciones. Pero, a diferencia de otros momentos de la historia de Chile, hemos levantado la idea de que la cabeza del Ministerio Público, es decir el fiscal nacional, debe defender la independencia de la institución.

–¿Ve similitudes entre el caso del general Yáñez de Carabineros y del general (r) Cheyre, del Ejército?

–Se está persiguiendo en cierto momento a autoridades que ostentan un alto cargo y donde además pareciera que los gobiernos de turno frente a esa autoridad tienen un rol de consenso. Desde nuestro análisis, han sido muy tolerantes respecto de la magnitud de los hechos y eso genera no sólo un obstáculo a la investigación en sí misma, sino también genera una revictimización en las víctimas.

Lo otro, dice, “es que Cheyre no sólo se negó a colaborar con la investigación en la causa que fue condenado, sino que también en indagaciones pendientes por tortura. En La Serena es tal el nivel de obstrucción, que incluso en el último sobreseimiento que él requirió logramos que lo condenaran a pagar las costas, algo bastante inusual, porque justamente existe una absoluta negativa a prestar antecedentes y muy firme en negar su participación en el «pacto de silencio».

–¿Qué efectos ve en la ciudadanía, en la clase política?

–En ambos casos tuvimos que relacionarnos con presiones políticas, sobre todo cuando no se conocen los antecedentes. Y la clase política sale a plantear una serie de argumentos evidenciando que primero no existe conocimiento suficiente (sobre los hechos), pero además no hay respeto a la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, donde además veo a una cabeza del Ministerio Público que pareciera no importarle.

–¿Qué puede decir sobre el rol del Ejecutivo?

–El caso de Cheyre es bien complejo en su defensa, porque no sólo enfrentamos un gobierno de Lagos que lo defendió, sino a una Bachelet que fue implacable en su defensa. Y que esto (el telefonazo a Yáñez de parte de Boric) haya ocurrido la semana después de la condena de Cheyre… como que la clase política no aprendió nada del respeto que se necesita a las víctimas, a la autonomía de los poderes del Estado, y a las investigaciones realizadas.

También le preocupan los casos de corrupción. De hecho admite que está tratando de dar un paso profesional para avanzar hacia ese mundo donde cree que “es necesario que hayan observatorios que miren el fenómeno”.

–Uno se pregunta ¿por qué en un caso como el de la alcaldesa Karen Rojo con cierto monto de dinero se lograron tales resultados y con otras causas, que tienen incluso más fondos involucrados, la fiscalía tomó otras decisiones? Creo que durante mucho tiempo nos engañamos de que Chile no era un país corrupto y fueron precisamente los casos de corrupción en el Ejército y Carabineros los que permitieron efectivamente demostrarnos qué estaba ocurriendo al interior de las instituciones, en el pasado fue el caso MOP-Gate, municipios...

–¿Una buena señal será hacerse cargo de las responsabilidades políticas?

–Y en los procesos de selección de autoridades, donde se evidencia una serie de intereses políticos que confluyen en los nombramientos, porque al final no hay consecuencias.

–¿Lo dice porque en el caso Democracia Viva, que involucra a varias regiones, el ministro Carlos Montes quedó fuera de todo tipo de responsabilidad?

–También en el tema Soquimich respecto del financiamiento ilegal de la política, hay muchos ejemplos.

–A propósito del estallido, fue una acusación constitucional la que apartó del cargo al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. En la indagación al general Yáñez ¿se evaluará su participación?

-Sí, también es una investigación que tiene que ir dirigida a la existencia de patrones, ese es otro elemento importante porque nada de esto es al azar, nada de esto ocurre de un día para otro, es un proceso marcado por una decisión de generar cierta respuesta, desde mi punto de vista, represiva contra los derechos y la protesta social con uso de recursos estatales.