Camila Musante Müller (33) no es una parlamentaria con una historia tradicional. Cuando fue electa, en 2022, el Movilh la señaló como una de las dos mujeres abiertamente lesbo/bisexuales en llegar al Congreso; es abogada y hasta fue notaria suplente, pero cuando llevaba tres años decidió que necesitaba “más pasión en mi vida” e hizo una pausa un par de años para participar en obras de teatro mientras se mantenía haciendo clases en la Universidad Autónoma. Hasta tuvo tiempo de escribir, a los 28 años, un libro titulado “Locura bajo llave”, la historia de un adolescente que vive en un orfanato y que es enviado a la unidad psiquiátrica del recinto.

El 2019, mientras trabajaba en el desarrollo de proyectos en el área de energía, debido a que tiene un magíster en derecho ambiental, se vinculó con grupos ambientalistas. Participó de una asamblea convocada por el exconstituyente Fernando Atria y terminó vinculándose a su movimiento, Fuerza Común. Ahí se abrió la opción de ser candidata a constituyente. Obtuvo más de 16 mil votos, no fue electa, pero quedó bien posicionada para obtener un escaño en la Cámara de Diputados en 2021 como independiente en la lista del Frente Amplio.

Reconoce que entre los movimientos sociales en que ella participaba no podía haber una peor opinión del Congreso, pero sabía que, si había un nuevo texto constitucional, los cambios se iban a hacer desde la institucionalidad. Hoy, considera que es un honor ser diputada y que eso significa “rendir al máximo” en lo laboral.

Pese a ser “nueva”, tiene un diagnóstico claro de la crisis en que está el Legislativo. “Cuando a los partidos o a algún sector les cuesta poner orden o cuadrar, creo que más que con la militancia o con tener menos partidos, muchas veces tiene que ver con la ausencia de proyectos políticos comunes, porque se agrupan solo con un objetivo que es el electoral y ese es el problema. Cuando yo pongo por delante lo electoral, después voy a tener un desorden como el que veo”.

—Cuando un lobista reconocido como Pablo Zalaquett se reúne con varios ministros del gobierno, ¿usted lo atribuye a un mero descriterio?

—Efectivamente, esto se trata de un diseño, de una estrategia que proviene del segundo piso de La Moneda, quienes han decidido que para destrabar la agenda se abran conversaciones con lobistas. De lo contrario, no se explican tantos ministros y ministras reunidos en la casa de Pablo Zalaquett para hablar cuestiones tan importantes para este gobierno como la reforma de pensiones y la nueva Ley de Pesca.

—El gobierno sostiene que no se habló de eso.

—Se entiende que en política hay que conversar con todos los sectores y todos los actores o interesados, sobre todo cuando hay que llegar a acuerdos, pero lo que no se puede comprender es por qué no se registraron estas reuniones si no existe absolutamente nada que esconder ni nada que se le quiera ocultar a la ciudadanía. Ya hay una crisis grave y profunda de desconfianza a la fe pública que solo se viene a incrementar con el incumplimiento de la Ley del Lobby, que es bastante claro, pese a que se ha intentado instalar que tiene medias tintas o zonas grises.

—¿Pero la actitud del gobierno al explicar la situación?

—Cuando se cometen errores, es mejor salir a pedir las disculpas y a fortalecer el cumplimiento de las actuales normas en materia de probidad y de transparencia que justificar lo injustificable. Existe un contexto que es tremendamente importante detrás de estas reuniones y que tiene que ver en el caso de la Ley de Pesca, una ley que nace al alero de la corrupción del exsenador Orpis, del exsenador Longueira y en que el diputado Boric fue muy crítico en la gestación de esta legislación influida absolutamente por los intereses de la salmonicultura.

Hoy, Musante sigue como independiente pero adscrita a la bancada PPD y representa un distrito enorme que incluye desde San Bernardo a varias zonas que antes eran consideradas rurales, como Peñaflor y María Pinto, pero que se han ido llenando de departamentos y villas y donde los últimos meses del 2023 ocurrieron hechos de violencia que dan cuenta de un peligroso aumento de bandas de narcotraficantes en esos lugares: sólo en diciembre un niño de cinco años murió baleado en medio del ataque a disparos en contra de un inmueble en Padre Hurtado y en Pomaire, la zona turística de Melipilla, un hombre fue asesinado tras ser secuestrado luego de un millonario robo en su parcela.

“Los sectores periféricos de la Región Metropolitana están siendo cada día más noticia en materia de crímenes de alta connotación. Eso se debe en parte a la migración en la Metropolitana por el desbordamiento de los sectores más poblados, por ejemplo, Estación Central, que no se planificó. Y con ellos han llegado nuevas villas, centros comerciales y se han identificado bandas criminales, pandillas que venían desde las zonas más urbanas de Santiago y se han trasladado a la periferia”, explica.

—No hay alcalde que no se queje de que le faltan carabineros, y usted copatrocinó un proyecto del diputado Héctor Ulloa para que los carabineros ya no tengan que notificar.

—Efectivamente, lo que más piden los alcaldes es un aumento de la dotación. Y ha aumentado, pero igual lo ha hecho la expansión demográfica. También el Estado tiene que ser eficaz en la persecución del delito y ahí entran las funciones administrativas. El 2022, casi un millón y medio de actuaciones judiciales se practicaron por carabineros, la mitad de ellas eran notificaciones de demandas y eso no es una función policial, es una función de los auxiliares de la administración de justicia.

—¿Le puso urgencia el Ejecutivo?

—Se lo presentamos hace más de un mes al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le pareció un buen proyecto, pero las urgencias todavía no están. Necesitamos más carabineros, pero desplegados en procedimientos judiciales, no en una oficina. La facultad de los fiscales de archivar causas también es un incentivo perverso para cerrar casos y recibir una remuneración más alta. Entonces, en estas materias, tenemos que trabajar de manera de construir una mayoría, porque significa modificar la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.

—Siendo usted abogada, ¿por qué se ha dedicado a proyectos tan específicos como el acompañamiento a personas que están en riesgo de suicidio o reutilizar los contenedores de alcohol gel en vez de estos temas más grandes?

—Ambos son proyectos muy importantes para mí y para la ciudadanía, pero también hay etapas dentro del desarrollo legislativo, por ejemplo, aprender cómo se van construyendo voluntades y avanzando.

—En el caso del llamado megafraude tributario que involucra unos $240 mil millones, los ilícitos se cometieron desde 2016 y su solicitud de comisión investigadora sólo reconoce que “no se realizó una fiscalización oportuna” de entidades como el SII y Aduanas. ¿Hay desidia o corrupción?

—En el caso megafraude a lo menos hay desidia. Y creo que esto no es casualidad. El primer documento data del 2015 y el 2018 se autodenunció uno de los detenidos actualmente y la fiscalía lo archivó porque la facultad de presentar querellas sigue siendo de Impuestos Internos. Es cierto que el ente persecutor del delito está haciendo su trabajo, pero nosotros también debiésemos plantearnos los objetivos de una comisión investigadora, que no sea un espectáculo para la televisión, sino que nos deje al menos un levantamiento de todas las normas que hay que modificar para que algo así no vuelva a ocurrir. ¿A qué voy con esto? El SII sigue teniendo la facultad exclusiva. Y cuando uno concentra muchas facultades en una autoridad o de un organismo en la administración del Estado, abres un espacio tremendo a la corrupción. Es muy fáci que ese funcionario sea objeto de coima, de soborno, de corrupción, porque en él se concentra todo el poder. Entonces, ¿por qué no se desconcentra?

—¿Y la Fiscalía, que tiene que perseguir el delito, no tiene nada que decir?

—Es que encima ese fiscal que archivó cobró un bono. En el caso de los delitos de cuello y corbata uno ve el circuito de la persecución del crimen y está como diseñado para no resolver o para resolver por la vía del archivo. Es una cuestión perversa.

—El rol de las comisiones investigadoras es solo buscar responsables políticos.

—Pero yo me he planteado el objetivo de tener una comisión investigadora distinta a lo que se viene haciendo tradicionalmente. Más allá de las conclusiones de carácter político o de identificar responsables, yo creo que nuestra labor principal es poder sacar una conclusión de la cantidad de normas que nosotros debemos modificar para generar un sistema de peso y contrapeso en los delitos de cuello y corbata.

—Hablando de pesos y contrapesos, el fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, Andrés Montes, es objeto de un sumario por el caso audios del abogado Luis Hermosilla y la hija del supremo Sergio Muñoz ha hecho un requerimiento ante el TC porque se la sumarió por trabajar desde Italia en pandemia. Ambos son secretos. ¿Se justifica?

—El primer contrapeso que tiene que estar funcionando como un ente fiscalizador frente a los organismos de la administración del Estado, frente a las instituciones, frente a los poderes públicos, tiene que ser la ciudadanía. Y para eso necesitamos medidas de transparencia. Esto igual genera esta sensación de impunidad que está muy instalada en Chile. Es decir, cuando hay personas que tienen un cargo público, que son familiares de alguien que tiene un cargo público, que son cercanos al poder político, parece que las reglas del juego no son las mismas que para el chileno de a pie. Y eso es tremendamente dañino. Si no hay un valor jurídico que proteger, no existen razones para el secretismo.

—¿Y la transparencia del Congreso?

—Bueno, en el financiamiento de la política también hay mucho que decir. El levantamiento del secreto bancario debe ser un piso mínimo donde las personas puedan saber quién nos financia.

—Pero para eso hay leyes que funcionan. ¿Por qué habría opacidad?

—Sí, pero hecha la ley, hecha la trampa. Es bien sencillo que yo quizás no reciba de una persona jurídica sino una persona natural y puedo hacer fraccionamiento de pago. Hoy día las medidas de transparencia, sobre todo lo que tiene que ver con el financiamiento de quienes están en el poder político, son fundamentales, porque muestran abiertamente cuáles van a ser los intereses que se van a defender y que la ciudadanía pueda tomar una decisión más informada. Esto es como un juego de máscaras. Constantemente vemos en el Congreso que se rasgan vestiduras por un caso de corrupción, pero a la hora de adoptar medidas de transparencia, no hay mucha acción. La política se mueve mucho en la cuña que sale rápido en el Twitter o en TikTok, pero hay poco proyecto para prevenir estas situaciones y esto se resiente mucho hacia afuera.

—¿Es uno de los problemas de la poca disciplina en el Congreso que los parlamentarios tengan como norte su reelección?

—Cuando nosotros nos fijamos como un objetivo la reelección ya partimos mal. La reelección tiene que ser una consecuencia de un buen trabajo. Cuando uno hace bien la pega, eso se nota no solamente en el territorio y en el futuro electorado, sino que también lo notan las fuerzas políticas y las opciones de ir como candidato por A o por B van apareciendo de manera orgánica. Tratar de amarrar un grupo inicialmente y comprometer un sinnúmero de cuestiones sólo por el temor de no poder salir electo es lo que nos tiene tan mal. Si yo no soy reelecta no me va a pasar nada ni me voy a morir porque viví 31 años fuera de la política.

—¿Y eso se relaciona con la crisis en que está el Congreso?

—La crisis política que estamos viviendo y el quiebre y la fragmentación interna del Congreso tiene mucho que ver con la ausencia de proyectos, porque los parlamentarios en general ponen por delante su reelección inmediata. Y cuando el primer objetivo de un diputado o una diputada es ser reelecto, nos olvidamos de que la pega hay que hacerla bien, nos olvidamos de construir un buen proyecto político que no necesariamente tiene que estar asociado a un partido.

—Usted no tiene partido y ha votado como quiere, pero hay un cierto consenso en que hay problemas de gobernabilidad porque cada parlamentario es una república independiente y hay 22 partidos con los cuales negociar.

—La última propuesta constitucional no mejoraba la democracia, porque construía una tendencia hacia un binominalismo en que finalmente los partidos se agrupaban en dos bloques que podían ser considerados como oficialismo y oposición. Para mí el pluralismo o las distintas expresiones que puedan romper una lógica binominal vienen a contribuir a la democracia más que a ser una traba o un problema.