Durante el el estallido social de octubre de 2019, solo en el Instituto de Derechos Humanos al 2021 se contabilizaron 3.072 querellas, sin contar las interpuestas por abogados y abogadas particulares, los libelos ingresados en representación de distintas organizaciones y el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado que afectan a “presos del estallido social” cuando asumió el gobierno Gabriel Boric.

La mayoría de ellos apunta a delitos cometidos por agentes del Estado. Sin embargo, existe una querella de 126 páginas patrocinada por siete abogados. Representan a organizaciones como Londres 38, Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la U. de Chile y que dio origen a la causa (19 de octubre de 2021) que hoy tiene al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a meses de ser formalizado.

¿La figura? Autor del delito omisivo de apremios “ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido en el desempeño de sus funciones de mando de Carabineros de Chile, ejercidas en la comuna de Santiago, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020”, como dice la solicitud de formalización del Fiscal Xavier Armendáriz y Ximena Chong de la Fiscalía Centro Norte.

En esa acción judicial por primera vez se pide buscar la responsabilidad de mando de Carabineros en los apremios ilegítimos cometidos en ese contexto. La querella acompaña informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros documentos.

En el texto, se adjunta, una fotografía del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, quien en ese tiempo ocupaba el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad (DIOSCAR) de la institución y que será formalizado por su eventual responsabilidad.

Algunos de los nombres que firman la querella en cuestión son reconocidos por llevar causas de DDHH, como la abogada Karinna Fernández; Sebastián Velásquez y Magdalena Garcés. Pero también hay otros juristas como la abogada Javiera Corvalán (ex ministerio del Interior en el actual gobierno) y Natalia Bravo de ABOFEM y Miguel Astudillo, presidente en ese entonces del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CED) y Francisca Hernández.

La mayoría, no todos, son abogados que han llevado causas relacionadas con DD.HH., como Karinna Fernández, quien trabajó en el Programa de DD.HH. de Interior en los gobiernos de Piñera y Bachelet y ha intervenido en causas como la Caravana de la Muerte y Calle Conferencia. Velásquez, al igual que Fernández, ha trabajado para Londres 38 y cuenta con una vasta experiencia en estas causas. En 2017, presentó una querella por el supuestos uso que habría hecho la policía política de Pinochet de instalaciones de la Pesquera Arauco y firmó una carta de apoyo a Boric en la campaña presidencial.

Dentro del grupo, también está Javiera Corvalán, quien fue asesora en la División Jurídica de Interior con la ministra Izkia Siches. Natalia Bravo también se desempeñó como jefa de gabinete de la exministra del Deporte, Alexandra Benado y Magdalena Garcés, quien fue cumplió funciones en el INDH, en el periodo de la diputada Lorena Fries como directora

Para sustentar la tesis, los profesionales plantean antecedentes, a su juicio, relevantes “para la determinación de la responsabilidad penal de quienes integran la cadena demando de Carabineros de Chile, a quienes se sindica como responsables de los hechos de violencia contra la población civil descritos en miles de denuncias en todo el país desde el 18 de octubre de 2019”.

Aunque la querella apunta a hechos ocurridos específicamente en el sector de Plaza Italia y lugares colindantes en los meses de octubre y noviembre de 2019 (la imagen que se adjunta de Yáñez apunta a ese sector), aseguran, responden a patrones de conducta similares.

Apoyándose en el artículo 150 D del Código Penal, apuntan al empleado público cuando “abusándose su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” y que “conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultado autoridad necesaria para ello”.

Enfatizan que no se trata de hechos aislados, sino que a una “práctica generalizada, ordenada, consentida y conocida por los mandos estratégicos y operativos de Carabineros de Chile”. Por lo mismo, detallan denuncias recibidas por distintos organismos y la evidencia del daño ocular producido por el uso de balines de la policía.

Aunque no lo nombran, el texto apunta también a la responsabilidad de quien dirigía DIOSCAR en ese momento, pues se trata de la unidad de carabineros encargada de “planificar, organizar, dirigir, controlar, evaluar y coordinar a nivel estratégico; el cumplimiento de la misión institucional de seguridad y orden público que se realiza a través de las Zonas de Carabineros dependientes”.

En uno de sus párrafos, para mayor abundancia en la acusación, se cita parte de un informe de ACNUDH: “Las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones causadas en este contexto desde el 22 de octubre. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron inmediatas y efectivas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones” Si se hubiera hecho, “Carabineros podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves”.

También se integra en el documento parte de una entrevista del exministro de salud, Jaime ManÞalich, quien alertó las cifras de lesiones oculares severas: “En varias de esas lesiones desproporcionadas hay violación a los Derechos Humanos (...). Creo que Carabineros podría haber sido más prudente”.

De acuerdo al texto y para sustentar la base jurídica de lo que se acusa en sus 126 páginas, las abogadas y abogados aseguran que “en Carabineros existe un sistema efectivo de asegurar el cumplimiento de los miembros de las reglas y órdenes impuestos por los más altos niveles de mando”, lo que implica que “el carácter generalizado de las conductas delictivas expuestas en esta presentación y su comisión masiva por un periodo considerable de tiempo no se habrían alcanzado de haber mediado una orden de la autoridad”.

También exponen que “a partir de múltiples fuentes se aprecia la existencia de patrones criminales, evidenciados por la repetición de conducta criminal similar con regularidad, con un cierto modus operandi, que llevó a que reiteradamente se llevaran adelante la misma clase de conductas tendientes a la misma clase de efectos en la población civil”.

Por eso, apuntan, que los jefes de la zona Metropolitana tenían la responsabilidad de coordinar cada una de las acciones desplegadas en el sector de “Plaza Italia y lugares colindantes” y estaban en conocimiento directo de las acciones ejecutadas por sus subordinados gracias los reportes diarios de sus subalternos y a los dispositivos tecnológicos gestionados por CENCO y Central GAMA, que les permitían dirigir, coordinar y conocer en forma directa e inmediata las operaciones policiales ejecutadas en cumplimiento de las estrategias de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (es decir, Yáñez, entre otros miembros de la Subdirección General de Carabineros).

El estilo frontal del abogado de Yáñez, Jorge Martínez, ha tenido varios desencuentros.

Con los fiscales de la causa -Xavier Armendáriz y Ximena Chong-, la última controversia fue un escrito ingresado el 4 de diciembre de 2023, donde le pide al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la inhabilidad de ambos y los acusa de que “carecen de la debida objetividad e imparcialidad” para conducir la indagatoria. En noviembre pidió audiencia para solicitar el sobreseimiento definitivo de Yáñez (se revisaría el 19 de enero en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago).

La arremetida de Martínez también ha sido comunicacional. Ayer dijo que había “distintas actuaciones de ella (Chong) manifestándose en contra de la policía chilena, participando en actividades de las mismas partes querellantes en esta causa y además, favoreciendo la acción de la primera línea. Eso está en la causa, yo no lo puedo revelar, pero está entregado dentro de los antecedentes, así como están entregadas las declaraciones del fiscal Armendáriz que señala que, entre otras, la institución de Carabineros de Chile constituye una cueva de encubridores”.

Ayer Martínez fue un paso más allá y reveló a radio Cooperativa que “El Presidente de la República habló con el general Yáñez y le manifestó todo su apoyo tanto como Presidente de la República como persona. Fue una llamada de absoluto respaldo”. Hoy el Presidente fue consultado por el tema: “Entiendo que esto nace de una declaración del abogado del general Yáñez que el mismo abogado se vio en deber de desmentir. Las conversaciones privadas no se comentan públicamente (...). La voluntad del Gobierno es que Carabineros esté, como lo ha estado hasta ahora, enfocado, durante estos dos aos en el combate de la delincuencia”.