—Miren qué paradoja: un gobierno con posdoctorado en vueltas de chaqueta ahora está en contra de la reversibilidad —dice Walter Alberto, mirando las noticias de la Costanera.

—Ya madurarán.

—Yo creo que ya maduraron. Después de firmar un acuerdo con SQM, esto de subcontratar el lobby con Pablo Zalaquett es como graduarse en súper senior o viejos cracks.

—Se puede ir en una dirección u otra, por la misma vía, perfectamente —observa Sammy Calderón.

—Deberíamos encargarle a Zalaquett que negocie con Maduro los vuelos de repatriación, lo antes posible.

—¿Y si le encargamos las negociaciones en la Araucanía? Creo que Alfredo Moreno y Francisco Huenchumilla necesitan alguien que muñequee un poco.

—Si me preguntas a mí, yo lo nombraría en la Segpres de una.

—Mira Jota Jota, si Comunes le hubiese derivado a Zalaquett sus líos con el Servel, no sólo no estarían disueltos sino que tendrían hasta candidato presidencial.

—¿Y los exministros de Piñera mandando cartas abiertas a Republicanos? ¿O la Tere Marinovic con Arturo Squella? No sé que hacen echándose la choreada por el diario, si tienen a Zalaquett al alcance de la mano.

Durante la campaña para su segundo mandato, la Presidenta Bachelet propuso la creación de dos nuevas universidades públicas en las regiones donde no las había. La medida se materializó en la Ley 20.842, promulgada en agosto de 2015, que instituyó las universidades estatales de O'Higgins y Aysén. Ocho años después, la Universidad de Aysén (UAysén) encara una grave crisis que incluso compromete el proyecto institucional.

Un reciente informe de la Superintendencia de Educación Superior (SES) determinó que el plantel “ha incumplido” sus obligaciones en materia financiera, administrativa y laboral e incluso estaría en peligro de “incumplir sus compromisos académicos” con los estudiantes. La envergadura de la crisis llevó a que esta mañana la SES designara como administrador provisional, por dos años, al académico Juan Pablo Prieto. La superintendencia subrayó que la universidad estatal enfrenta un déficit financiero estructural, una situación crítica de caja y “serias deficiencias en la gestión institucional”. La semana pasada el ministro de Educación aseguró que el Gobierno “no dejará caer” a la universidad, que imparte ocho carreras y en 2023 tenía 604 estudiantes.

María Teresa Marshall, rectora de 2016 a 2019, ha explicado que la baja tasa de alumnos afecta el financiamiento vía aranceles. Los antecedentes disponibles indican que hubo una errónea proyección de demanda. En otra realidad demográfica, la Universidad de O'Higgins subió de 435 estudiantes en 2017 a más de 5 mil en 2022. A ello se agregan los evidentes problemas de gestión y denuncias de captura política en el período de la rectora Natacha Pino, que renunció en agosto del año pasado; militante de RD, se ha acusado que el inorgánico crecimiento docente y administrativo se vinculó con ese partido. La exrectora Marshall ha afirmado que en la universidad “se perdió el pluralismo” y que el equipo académico “está totalmente quebrado y dividido”.

Ciertamente, la crisis que afecta al plantel refleja también la incapacidad de los mecanismos de supervisión, tanto internos como externos, de haber levantado alertas más tempranas o efectivas. Si bien los estatutos de la universidad consideran la existencia de un consejo superior como máxima autoridad colegiada resolutiva, de diseño de políticas y de control del rector, la instancia no ha funcionado como equilibrio de la autoridad unipersonal; de los nueve integrantes del consejo, cuatro debían ser elegidos por el Presidente de la República, proceso que no se ha verificado.

Hace algunas semanas la SES concluyó que la fragilidad de los procedimientos de supervisión interna y las diferencias entre los órganos colegiados de dirección han entorpecido el diseñoy ejecución de las medidas que permitan a la Universidad Austral solucionar sus delicados problemas económicos; la tradicional casa de estudios superiores con asiento en Valdivia anota una deuda de $ 91 mil millones.

La autonomía universitaria, el autogobierno y la libertad académica constituyen principios esenciales de la universidad en un régimen democrático; con todo, su ejercicio requiere también de un marco de responsabilidad de las propias comunidades, de contrapesos y de apego a las reglas legales y éticas. La crisis de la Universidad de Aysén —y en otra dimensión, la de la U. Austral— evidencia tanto una administración interna deficiente como descuido y falta de diligencia del controlador público o estatal que no advirtió las señales de deterioro institucional.

Señor Director;

Nadie puede dudar que Chile ha cambiado en la última década. No solo por la llegada de nuevos chilenos, aquellos nacidos en otro país, sino por la visibilidad que han tenido otros grupos, como las personas con discapacidad, los pueblos originarios y la comunidad LGBTI+. En 2017 tuvimos la oportunidad de medir ese crisol, pero el fallido intento del censo abreviado no lo permitió. Siete años después, el INE presenta el cuestionario que permitirá, entre otras materias, conocer nuestra diversidad en el Censo 2024.

Preguntas como el origen territorial, la pertenencia a pueblos originarios y conocimiento de su lengua, la identificación con el pueblo afrodescendiente o afrochileno, la creencia (o no) en alguna religión, junto con preguntar por los grados de discapacidad que pueda tener el habitante del domicilio nos permitirán conocer a los chilenos y, eventualmente, cómo se compone la fuerza laboral.

Es un avance que se integren preguntas como el género no binario y si la persona se identifica como trans o no. No obstante, sorprende la ausencia de preguntas relacionadas a la orientación sexual o a la composición de las familias, sean estas homoparentales o no. Una herramienta que tuvo la oportunidad de ser abarcativa a toda la sociedad, pero que desperdició su momento.

Emilio Maldonado Q.

Factor Diverso

Señor Director:

El 2023 dejó al desnudo el talón de Aquiles de nuestro Estado: un régimen de empleo público anacrónico, anquilosado y perverso, que le entrega al Ejecutivo discrecionalidad total para contratar funcionarios de su exclusiva confianza. La paradoja es que cambiarlo es virtualmente imposible, porque requiere alineamiento en un sistema político fragmentado en el que priman fuerzas centrípetas. De ahí que la nueva Constitución ofrecía una salida: un ajuste al sistema político y un mandato al legislador para crear un nuevo estatuto administrativo. Fue una gran oportunidad, y como muchas otras cosas buenas, se perdió en una seguidilla de errores de los que no cabe ya ahondar. Todas las esperanzas están hoy depositadas en las 12 iniciativas de reforma al Estado contenidas en el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda, especialmente en la implementación de la agenda de fortalecimiento del empleo público y en la creación de una agencia de calidad de políticas públicas. Tal vez 2024 traiga más sobriedad y mesura, y podamos canalizar la energía desplegada en acometer la tarea más importante que tenemos por delante.

Rafael Palacios

Pivotes

Señor Director:

Una forma eficaz de acelerar una economía ralentizada es resolver la licitación de obras públicas concesionadas. En octubre de 2014 la concesionaria de Costanera Norte propuso al MOP la construcción de una autopista Santiago-Viña del Mar, la que contemplaba dos túneles de siete kilómetros por La Dormida, en una suerte de par vial con la Ruta 68 cuya inversión ascendía a US$ 1.254 millones,

En julio de 2015 el consejo respectivo resolvió no declarar de interés público dicha iniciativa por estimar sería mejor tener dos operadores distintos, señalando además el MOP que trabajaría en forma interna el proyecto de licitación de esa autopista. Han transcurrido más de ocho años sin que a la fecha el MOP anuncie avances, por lo que resulta imperioso acelerar dicha licitación.

Tito Livio Moggia M.