Inversiones millonarias que supuestamente perjudicaron a la empresa, ventas de activos que luego habrían sido arrendados a precios mayores al mercado, asesorías directas y hasta la venta del edificio corporativo antes de que éste pasara a ser parte de la propiedad de la petrolera estatal, son algunas de las posibles irregularidades que denunció el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) (ver recuadro).

Estas conclusiones, producto de indagaciones entre el 2014 y 2018, están en manos del fiscal jefe de Magallanes, Eugenio Campos, desde los primeros días de diciembre, quien ya inició su investigación.

En el Ministerio Público, Campos es calificado como un experto en corrupción, principalmente por su liderazgo en el fraude a Carabineros, más conocido como caso “Pacogate”. Para Enap, para el que cuenta con un equipo de 10 profesionales, evalúa citar a declarar a actuales ejecutivos de Enap para definir si hay responsabilidades “aguas arriba”.

“En este tipo de investigaciones, y como todas las que desarrollo, no hay ninguna persona ni grupo privilegiado. No vamos a escatimar en llamar a personas que deben proporcionar los antecedentes necesarios para el desarrollo de la investigación”, cuenta el fiscal a La Segunda. Agrega que también espera escuchar a testigos que ya no trabajan en la empresa.

“Hay cierta documentación que hay que reconstruirla y en esa reconstrucción no tan solo pasarán personas que son ajenas a la empresa, como contratistas. Los que laboran y laboraron en Enap y que tengan antecedentes que sean relevantes para la investigación, son y van a ser citados”.

-¿Qué impresión tiene sobre la información de la comisión investigadora?

-Se nos hizo llegar el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, y consideramos que hay algunas expresiones que revisten carácter de delito y por tanto se generó la causa que llevamos adelante. Esta es una investigación bastante compleja, voluminosa, con varios hechos que debemos indagar. En la comisión hubo personas que participaron y manifestaron el conocimiento de algunos hechos. Estos son los que nosotros también estamos reconstruyendo en esta investigación.

-¿Ya ha tomado declaraciones?

-De hecho ya hemos tomado declaraciones con antecedentes muy relevantes para el desarrollo de la investigación (...) Estamos con esta investigación desde los primeros cinco días de diciembre.

-¿Tras ver el informe de la Cámara y las primeras indagaciones, qué tipos penales o delitos se pueden vislumbrar?

-Hemos generado un sinnúmero de requerimientos, por ejemplo a la Contraloría General de la República (CGR) y también a Enap. Hay hechos que podrían revestir el carácter de delito, algunos de ellos pueden tener relación a delitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, también temas de cohecho, hay temas de malversación que queremos indagar. Esta es una empresa del Estado.

-¿Tiene contemplado pedir contratos, informes de auditoría y todo lo vinculado a los movimientos financieros de la compañía, ya que hay acusaciones de cohecho, asesorías sin respaldo, etc.?

-Toda la documentación que guarda relación con los hechos que estamos investigando son relevantes. Primero, para contextualizar los hechos, segundo para determinar montos, personas involucradas y para empezar a reconstruir un relato procesal de los hechos. En eso, el Ministerio Público no va a escatimar en solicitar información, ya hay bastantes solicitudes en curso. No tan solo de documentación contractual, licitaciones, sino que también desde el punto de vista monetario, temas contables, que también son relevantes.

-¿Cuál es el cronograma? ¿Tiene alguna proyección de fecha para iniciar formalizaciones en la causa?

-Ya se incubó esta causa por parte del Ministerio Público, se han efectuado un sinnúmero de requerimientos de información, estamos trabajando con la Policía de Investigaciones (PDI) para despachar las ordenes de investigación y estas órdenes de investigar van con diligencias precisas y determinadas que tenemos que ver con el órgano policial. Son varios los hechos que estamos investigando, no son uno ni dos ni tres, son varios y de naturaleza compleja de aterrizar. Una vez que lo hagamos, tomaremos esas decisiones.

El primer hecho detallado en el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que llegó a manos de la Fiscalía es la venta de la barcaza Yagana, que Enap vendió por US$2,4 millones en 2021. Posteriormente, fue nuevamente contratada por la firma para realizar trabajos en el terminal Quintero, debiendo pagar por estos servicios aproximadamente US$10 millones.

Un segundo hecho es que Enap, mediante su filial en Argentina, habría invertido más de US$374 millones en proyectos que no habrían sido ejecutados (se refiere a proyecto PIAM que fue anunciado con una inversión de US$354 millones), donde lo único que materialmente habría existido fueron consultorías y asesorías. Este fue anunciado en junio del 2018.

El tercer cuestionamiento es “la venta de las oficinas institucionales en Santiago, concretada en circunstancias de que estas se hallaban ad portas de convertirse en propiedad de la empresa, para arrendar, en cambio, un edificio significativamente más oneroso” en el año 2016, dice el informe.

También hay otros cuestionamientos, como la licitación del servicio de helicópteros en Magallanes en 2014; nuevas inversiones de Enap en Argentina, entre otros el negocio con una empresa norteamericana en el bloque El Turbio Este, por US$50 millones, en 2017; el contrato de arriendo anunciado en diciembre de 2021 en la localidad de Cabo Negro de 47 hectáreas para la construcción de planta de hidrógeno a la empresa HIF, y la contratación directa en 2015 de una asesoría a la consultora McKinsey, que aportaría a Enap optimización de costos y servicios, pero cuyo informe no se conocería, según la comisión.