Iván Moreira (@ivanmoreirab), senador: “No se laven las manos @JorgeSharp @MacaRipa asuman su responsabilidad uds eligieron al proveedor. No vengan a culpar a la Ministra @Mayafernandeza y a las autoridades que fiscalizaron y se encontraron con la sorpresa de poner en riesgo la vida todos”.

Andrés Celis, diputado, en @AgriculturaAM: “Huele mal. O les ocultaron información los asesores o bien se vieron sobrepasados y nunca creyeron que esto iba a ocurrir”.

Hotuiti Teao, diputado: “La improvisación, la nula fiscalización y la falta oportuna de gestión condenaron al rubro hotelero y del turismo... Oficiamos hace semanas en la Comisión de cultura y advertimos que hace meses debieron haber tomado cartas en el asunto”.

Jorge Insunza (@jorgeinsunza): “Sharp y Ripamonti suelen ser duros con todo el resto, pero nunca son severos consigo mismos. Ahora la responsabilidad es del proveedor, que de seguro las tiene, pero no de su incompetencia de gestión, de su falla de control y seguimiento. Mal”.

Chiara Barchiesi (@Barchiesi), diputada: “Los centros de alumnos que gobiernan Viña y Valparaíso tuvieron un año para celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales y no lo lograron. Sharp y Ripamonti son tremendamente incompetentes, no están en condiciones de ocupar sus cargos”.

Iván Poduje (@ipoduje): “No recuerdo otra suspensión de fuegos artificiales en Valparaíso, por no contar con autorización a tiempo. Aunque todo se puede esperar de @JorgeSharp Su capacidad para arruinar la ciudad es infinita”.

Luis Larraín Arroyo (@luislarrainlyd): “Si los fuegos estaban vencidos había que suspender el espectáculo por el peligro que significaba. Alcaldes trataron de blanquear su problema pidiendo “informe” a DGMN. Se encontraron con una institución seria. Fin”.

Claudio Rodríguez (@crodriguezromo), abogado: “Los fuegos artificiales estaban vencidos (hace 3 años en bodegas) y Sharp empecinado en que fueran autorizados. Pésima gestión”.

Cristián Leporati (@cleporati): “Managment subdesarrollado. Lo de los fuegos artificiales debió haber sido evaluado meses atrás. La DGMN se demoró en el testeo, pero porque no se hizo antes, conociendo los tiempos y la relevancia del evento para los comerciantes”.

El 1º de enero de 2022 todo quien bajó a la playa en Valparaíso y Viña estuvo en peligro. Cayeron fuegos artificiales de alto poder sin detonar, que luego personal especializado de Carabineros desactivó.

Estaban en la partida importada en 2019, y, por normativa, no debieron ser utilizados ese año, porque la Dirección General de Movilización Nacional solo permite su uso durante dos años. No obstante, la empresa Pirotecnia SPA, representada por Jorge Cayumán, solicitó una autorización extraordinaria para extender el período y lo logró: tras un paso por el Instituto de Investigación y control del Ejército (IDIC), la DGMN mediante resolución exenta de 13 de diciembre de 2021 dio su autorización, pero con una condición: que los fuegos artificiales que no fueran utilizados fueran destruidos a más tardar el 31 de marzo de 2022.

La empresa no lo hizo.

Poco antes de que venciera el plazo, Pirotecnia SpA envió un correo al Departamento de Control de Armas y Explosivos, de la DGMN, pidiendo poder utilizar el material sobrante de la internación de 2019. El organismo decidió estudiar los fuegos artificiales, considerando que hubo años complejos por el estallido social y la pandemia, que impidieron que se tiraran los fuegos artificiales en la playa en 2019 y 2020. Y el 14 de junio se le dio una solución, que Pirotecnia SpA no tomó: le fue autorizada de manera “excepcional” la “exportación” de ese material.

La solicitud para concretar la exportación debía ser presentada hasta el 19 de agosto de este año. Ya vencido el plazo, el 30 de agosto la DGMN fiscalizó a Pirotecnia SpA, informándole que dichos artificios no podrían ser utilizados por estar vencidos, según la legislación vigente.

A pesar de ello, el 23 de septiembre se emite el decreto adjudicando a Pirotecnia SpA y Piromax la ejecución del show “Año Nuevo en el Mar 2022 en la comuna de Valparaíso”.

Entre medio, la empresa Pirotecnia Igual Barcelona (proveedora) envió dos escritos de alerta a la Dirección de Movilización, los días 8 de agosto y 8 de septiembre y que están una minuta firmada por el coronel de Ejército, Víctor Riffo, jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos y que fue entregada a “La Segunda” por el diputado Andrés Celis (RN).

En esas cartas, Igual Barcelona expresa “nuestra preocupación sobre el estado del material enviado por nuestra empresa a Chile en el año 2019”. Tras ello y también constatando las condiciones de almacenaje en puerto de los fuegos de artificio, la DGMN volvió a ordenar el 28 de septiembre la destrucción “de la totalidad de los elementos”, suspendiendo además a las firmas.

Pirotecnia SpA interpuso un recurso de reposición, que le fue rechazado; escaló el tema hasta la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, que también rechazó lo pedido. La DGMN solo le dio posibilidad el 7 de noviembre de importar elementos nuevos, lo que no fue respondido y que en ese mercado se considera extemporáneo, pues embarques de ese tipo tienen tiempos de tramitación más largos.

En un apartado de conclusiones, el coronel Riffo revela que en 2022 parte del material fue encontrado en la playa sin explotar, por lo que pregunta “¿quién asumiría la responsabilidad en caso de accidente?”.

A pesar de que Carabineros debió desactivar material sin explotar en la playa el año pasado (ya sea por mala manipulación o por problemas de calidad por), ese indicio no bastó para que el caso fuera seguido al dedillo por las autoridades.

No obstante, el documento del coronel Riffo de alguna manera resta responsabilidades a los alcaldes: “Se puede evidenciar que la empresa Pirotecnia SPA actuó en todo momento de mala fe, no informando a las autoridades correspondientes de las municipalidades de Viña del Mar y Valparaíso, que sus elementos se encontraban vencidos por legislación, que mantenía orden de destruir, omitiendo esta información en los procesos licitatorios en que participó y se los adjudicó”, se lee.

Según confidencian en la Municipalidad de Valparaíso, el alcalde Jorge Scharp recién se enteró en noviembre de lo que estaba pasando.

En julio —explican— se hizo el llamado a licitación por compras públicas y se presentó un solo oferente (no hay más de 3 en el mercado) y en septiembre fue aprobado por el Concejo Municipal la adjudicación del servicio por tres años. Si bien es un proveedor antiguo (que en ocasiones anteriores trabajó con otro socio en el mismo tipo de eventos) se trató de una licitación nueva, dicen.

A fines de noviembre, el municipio de Valparaíso fue advertido informalmente desde el Ministerio de Defensa que había problemas con la antigüedad de los productos (más de 2 años), luego de que realizara una visita inspectiva, cuyo objetivo era acelerar el proceso de instalación de los fuegos artificiales. Ahí se percataron de que la empresa había sido suspendida por la DGMN.

Pero ya era muy tarde. El 6 de diciembre Sharp envió una carta a Defensa planteando la situación y relevando la importancia de realizar el evento, considerando que llega un millón de personas y pidiendo que se hagan los testeos para chequear que el material pirotécnico podía ser usado.

Luego Sharp se reunió con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, pero ya no había nada qué hacer. En la municipalidad dicen que hubo más reuniones, más conversaciones y hasta dos cartas más: una a Defensa el 14 de diciembre y otra al Presidente Gabriel Boric, el 21 de diciembre, firmada también por comerciantes porteños.

El lobby tuvo efecto: El Gobierno cambió el reglamento el 24 de diciembre, permitiendo realizar las pruebas que según la DGMN demorarían cerca de 3 días, puesto que el material debía ser enviado a Copiapó para testearlo. Allá, no pasaron la prueba.

Hoy en el ambiente político estaba la gritadera: parlamentarios como Celis, anunciando que irían a la Contraloría; la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD) hablaba de investigaciones y búsqueda de sanciones; la ministra de Defensa, Maya Fernández, remarcaba lo insalvable de las pruebas técnicas; la senadora Allende (PS) pedía no responsabilizar al Gobierno; el alcalde Scharp apuntaba contra la gestión de Fernández y, por cierto, también recordaba que se cobrará la boleta de garantía y las multas correspondientes.

“El embrollo lo generó el proveedor, y hay que ser muy claro. Hay un contrato firmado, hay boletas de garantía, hay multas, hay acciones legales que nosotros vamos a ejercer por el daño que se nos genera”, proclamaba Sharp esta mañana en Buenos Días a Todos, agregando que “nos hubiese gustado frente al problema que detectamos más premura de los órganos a cargo, porque más allá de cualquier diferencia política, ideológica, esta es una fiesta que es de todos”.

La referencia de Sharp era para Defensa, ya que según la critica interna, no actuó con suficiente rapidez, aunque admiten que no era su responsabilidad solucionar el problema.

El alcalde señaló que en el gobierno anterior el Ministerio de Defensa fue más diligente que el actual: “Resolvió sin tanto polvo comunicacional un problema que era similar”, dijo anoche en CNN.

—O sea, el Gobierno anterior resolvió mejor (preguntó Mónica Rincón).

—Sin duda, sí.

Saliendo al paso de la polémica, Maya Fernández dijo que “entiendo la relevancia que tienen estos espectáculos para la ciudadanía y la ciudad, pero quiero ser clara en señalar que los artefactos pirotécnicos estaban vencidos desde el año pasado, incluso la DGMN le ordenó en marzo de este año a esta empresa destruir el material, y a pesar de ello postularon a las licitaciones para el espectáculo de fin año. Para solucionar este problema se modificó el reglamento con el fin de realizar pruebas para determinar la seguridad de este material y el resultado es el qué conocemos”.

Añadió que “la DGMN, durante todo el año, informó a las empresas para que cumpliesen con la normativa legal vigente en ese minuto; además el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein se reunió con el alcalde Sharp y la DGMN, oportunidad donde se le planteó los problemas que tenían las empresas. El informe técnico fue lapidario respecto de los riesgos asociados al uso del material pirotécnico vencido. Nuestra prioridad y responsabilidad es la seguridad de las familias, más allá de cualquier acto administrativo y bajo ningún punto de vista vamos a ponerla en riesgo”.

Macarena Ripamonti no respondía las llamadas de “La Segunda”, sin embargo, ayer anunciaba que como municipio tomarán acciones para que el proveedor de los fuegos artificiales sea sancionado e indemnice. Y acusaba que “aquí el proveedor no solamente ha sido negligente, sino que ocultó esto para ganar una licitación pública”.

Ripamonti también deslindó responsabilidades, al decir que el ente fiscalizador es la DGMN y que en la municipalidad “no tenemos equipo para poder hacer una investigación táctica ni técnica, ni tenemos la capacidad de probar de manera individual fuegos artificiales”.

Por el contrario, la senadora del PS por Valparaíso, Isabel Allende, pedía no responsabilizar al gobierno, sino que a la empresa, pero argumentando que “esto se pudo prever, y así adelantar medidas alternativas… Hay que asumir que las bases de licitación no fueron capaces de establecer estándares de calidad, seguridad y control que permitieran evitar este golpe y sus consecuencias”.

La Segunda intentó hablar con Pirotecnia SpA, pero no respondieron los llamados. En Igual Barcelona aclararon que ellos no participan desde 2019 en el evento.

“Creo que es primera vez que sale en la prensa publicado el pago de un animador por un festival o evento”. Estos fueron parte de los descargos que el conductor Julio César Rodríguez, entregó (al portal «Página 7») tras conocerse que la Municipalidad de Valparaíso le pagará $15 millones por animar —por tres días— su fiesta de fin de año.

“Yo a él no lo conozco físicamente”, agregó en referencia al alcalde Jorge Sharp. Lo cierto, sin embargo, es que su inclusión generó polémica al interior del Concejo Municipal, no sólo por su nombre (algunos concejales opositores al jefe comunal sostuvieron que en la región había profesionales capacitados para la tarea), sino que también por los montos involucrados.

Sin considerar el gasto en el fallido lanzamiento de fuegos artificiales, la llamada «Mejor fiesta de Chile» (la celebración organizada por la municipalidad, que además tenía por objeto conmemorar los 70 años del primer lanzamiento de fuegos artificiales en Valparaíso) ha significado el desembolso de más de $150 millones.

Por ejemplo, el servicio de producción integral del evento (encargado a la productora «Espacio 12 limitada») tuvo un costo de $ 90.000.000. En el detalle, el show infantil «31 minutos» supuso $26.775.000. El grupo musical «Chico Trujillo», en tanto significó un gasto de otros $17 millones. En tanto, el conjunto de música popular porteño «Los Crack del Puerto» recibió $8.500.000.

Otro gasto para el municipio significó la contratación, a dos empresas, de 116 baños químicos para el festival a un costo de $21.165.102.