La relación entre algunos médicos –y también exfacultativos- y Clínica Las Condes sigue en franco deterioro, incluso abriendo una veta legal. Y en el mercado también las cosas están difíciles: la acción de CLC está en mínimos desde el año 2005 (en $$11.545 al cierre de esta edición), con un valor bursátil que ha caído 70% desde que la adquirió Cecilia Karlezi, la socia del pacto controlador de Falabella, en noviembre del 2019. Parte de esto, dicen analistas, se relaciona con las numerosas polémicas que ha enfrentado la firma desde el cambio de administración.

Y si bien la salida de médicos, que supera los 260 desde que tomó el control Karlezi, no es algo nuevo, en las últimas semanas el éxodo se intensificó, dicen exfacultativos. Es más, hay varios profesionales que optaron por la vía judicial mediante demandas y querellas en contra de la compañía y su presidente, Alejandro Gil, pareja de Karlezi. Solo en los dos últimos meses, La Segunda identificó la salida de al menos 20 profesionales.

“La administración dejó de pagar a los médicos, y esa es una de las causas de las salidas. Primero, los atrasos y no pagos partieron en departamentos de cirugía, y este año se han visto ya en varios más. A mis tres clientes, que son médicos de columna, les deben en total más de $600 millones, y los pagos que les han hecho son a través de unas liquidaciones incomprensibles, de cifras mucho menores a lo adeudado”, comenta Ricardo Núñez, abogado de los médicos Andrés Chahin, Juan Pablo Otto y Carlos Valenzuela. Adelanta que presentará una querella criminal contra la clínica en las primeras semanas de enero por lo mismo.

Quién ya presentó una querella por apropiación indebida a mediados de este año contra la clínica es el exsuperintendente de Salud Patricio Fernández. Cerca de $400 millones, dice el abogado, que les deben por cirugías realizadas entre el 2020 y 2022 a los traumatólogos y cirujanos Joaquín Lara, Alexander Tomic y Javier del Río (todos hoy en clínica Meds).

“A muchos médicos se les adeudan dineros correspondientes a honorarios. Estos son dineros propiedad de los médicos, o de las sociedades que ellos representan, y con las que prestaban servicios a las clínicas, porque son dineros que recibió CLC por pagos de honorarios médicos de isapres, Fonasa y los mismos pacientes. Lo que corresponde es que cuando se pagan esos recursos, deben ser pagados a los médicos, lo que no está ocurriendo”, explica Fernández.

El caso está hoy en manos de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, que tiene orden de investigar de la fiscalía, dice el exsuperintendente. Y explica lo mismo que Muñoz: la clínica ha emitido facturas por pagos parciales, haciendo descuentos más allá de lo que los propios contratos establecen; y pagos menores a lo adeudado por la clínica a los profesionales, y de los cuales no se entrega ninguna información o justificación a los médicos.

Seis médicos consultados —tres de los cuales siguen actualmente en la clínica y otros tres que renunciaron—, confirman este problema de pagos, aunque piden mantener sus nombres en reserva por temor a represalias. La clínica, dicen, justifica esto como parte del cambio de modelo usado para pagar a los médicos, pero los profesionales insisten en retrasos de más de seis meses.

“La clínica empezó a pagar (…) en la medida que se fueran percibiendo efectivamente los montos desde los distintos entes pagadores. De esta forma, todas las prestaciones de anestesia realizadas por el demandante a contar del mes de enero de 2021 se comenzaron a pagar a medida que la clínica recibía los pagos provenientes desde las isapres y Fonasa”, se lee en otra demanda presentada por el exanestesiólogo de CLC Rodrigo Díaz. “Esto significó un desfase de varios meses entre la fecha en que se realizó la prestación y el pago de los honorarios médicos al doctor Díaz, existiendo a la fecha montos adeudados desde agosto del 2020 al 15 de noviembre de 2021, por casi $200 millones”, añade la demanda.

Consultada la clínica, explica que estos procedimientos judiciales son de rendición de cuentas de recaudación y no demandas civiles de cobros de honorarios, y que “de conformidad a su modelo médico, liquida los dineros que los pacientes pagan a los médicos una vez que se hace efectiva la recaudación de los mismos, tanto en la parte que cubren las isapres, Fonasa o compañías de seguros como en aquellos copagos de los mismos pacientes”.

Entre las salidas de profesionales de la clínica en los últimos meses, se encuentran los gastroenterólogos Mónica González y Erwin Buckel, experto en transplantes, junto a Patricio Ibáñez. En Neurología, han salido los médicos Florencia del Río (Clínica Alemana) y Rafael Aránguiz (Dávila), junto a cirujanos como Gonzalo Nazar, que ingresó a Meds a fines de noviembre, y la neuróloga infantil Claudia Castiglioni, que también llegó a Meds en diciembre. Entre los anestesiólogos, también salió Jorge Seguel, además de todo un equipo de urólogos que se fue a Meds a mediados de noviembre: los doctores Cristián Palma, Christian Ramos, Juan Miguel Campero, Humberto Chiang, Juan Andrés Fulla, Raúl Valdebenito y Marcelo Kerkebe.

El traumatólogo Max Ekdahl se cambió a la clínica de la U. de los Andes y el cirujano Camilo Boza está desde este lunes en Meds, por nombrar otros profesionales que dejaron hace un tiempo, o recientemente, CLC.

Entre algunos de estos médicos, otra crítica y razón para dejar la empresa, además de los atrasos en pagos que acusan, sería que la administración habría definido que los médicos no puedan ver las fichas electrónicas de los pacientes, si es que dicho paciente no ha tomado y pagado una hora médica con el profesional.

“No les están dejando ver las fichas electrónicas”, confirma Fernández.

“Si te llama un paciente con una consulta fuera de una hora médica, que era algo común, no puedes abrir su ficha si es que no ha pagado una hora”, comenta un médico de la empresa de salud.

La clínica responde las críticas: “El procedimiento de acceso a las fichas médicas establecido en CLC se ha efectuado de conformidad estricta a lo dispuesto por la ley, la que impone a esta institución de salud, en su calidad de custodio, la más estricta confidencialidad de la información contenida en dichas fichas médicas. Este procedimiento fue debidamente fiscalizado por la autoridad competente habiéndose encontrado que se ajusta a los términos establecidos en la ley”.

De todas formas, las polémicas siguen afectando a la clínica de cara al mercado, dice el gerente de Estudios de Renta4, Guillermo Araya. “Los indicadores como precio/utilidad y de rentabilidad, muestran que el mercado cree que la empresa tendrá pérdidas en el futuro. Todo eso se suma a la salida de médicos y otros conflictos públicos, que afectan el valor reputacional de la empresa, más allá de la difícil situación general del sector salud”, explica y da como ejemplo el desempeño de otra acción del sector, Indisa, que desde noviembre del 2019 ha perdido un 16% frente al -67% de CLC. A septiembre de este año, las utilidades de CLC cayeron un 80% frente a igual periodo del año pasado.

“Financieramente, la empresa no se ve mal. Sus niveles de deuda e ingresos han caído respecto a 2021, pero levemente. Eso puede significar que la caída a ojos de los inversionistas se deba a otros temas”, agrega el director de la clasificadora de riesgo Feller Rate, Felipe Pantoja.