“El peor año de la historia”.

Así han calificado las isapres el ejercicio 2022, uno particularmente complejo para las aseguradoras privadas de salud. Esto ya que, tras dos fallos adversos de la Corte Suprema (CS) del 18 de agosto y el 1 de diciembre que detuvieron el alza del valor de los planes y la aplicación de los factores de riesgo por edad, están a la espera de una tercera resolución del máximo tribunal producto de los reclamos de los afiliados por el aumento de los valores GES (Garantías Explícitas de Salud) en sus coberturas, lo que asestaría un tercer golpe a su solvencia del que quizás no se podrían parar más.

El reajuste en el valor GES se tradujo en alzas de hasta $25 mil en los planes de algunos asegurados, lo que generó una ola de más de 200 mil acciones legales ante el Poder Judicial para detenerlo. El fallo, que tardaría una semanas o unos meses en conocerse, añadiría incertidumbre a un negocio que desde hace un par de años sólo arroja pérdidas para las más grandes del sistema (ver infografía).

Las isapres gestionan la atención de salud de más de 3 millones de personas, un número que, según los expertos, sería inviable que ante una eventual declaración de insolvencia del sector sean traspasados al sistema estatal cuyo eje es Fonasa. Con eventuales procesos de liquidaciones o reorganizaciones en el horizonte, y el Gobierno sin pronunciarse, el panorama es altamente complejo.

“El fallo respecto al valor GES va a ser probablemente el más costoso de los tres. Las empresas deben provisionar esos montos y, eventualmente, hacer ajustes a las garantías que debe prever el negocio. Si eso no está claro, es un problema”, explica el exsuperintendente de Salud y profesor de la UNAB, Manuel Inostroza.

El problema, según Inostroza, es la interpretación de las decisiones de la Suprema, que debe resolver la Superintendencia de Salud, al mando del exdiputado Víctor Torres. Ya lo hizo con el primer fallo de agosto. Ahora debe hacerlo con el de diciembre. Pero la autoridad regulatoria aún no lo hace y mientras tanto aparecen ideas parlamentarias, como la de una reforma constitucional, o de las propias isapres, de aprobar rápidamente una ley corta, que viabilice sus finanzas.

Ayer, tras conocerse la noticia de que UnitedHealth, dueño de Banmédica y Vida Tres (ver recuadro), activó el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para presionar, el superintendente de Salud, Víctor Torres, llegó a La Moneda. En la cita se reunió con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos. Consultado por DF sobre el reclamo de la estadounidense dijo: “tenemos claro que hay un fallo de la corte que tenemos que cumplir y hoy estamos dentro de los plazos que la misma corte da, han dicho seis meses como plazo máximo (…) Tenemos que hacer una serie de cálculos y modelar algunas posibilidades para dar cumplimiento a esto de la forma que corresponde, que es considerando los elementos del fallo y dentro del marco de legalidad vigente”.

Mientras el regulador no defina ni haya una salida legislativa, se temeque alguna de las isapres falle en los indicadores de salud financiera que debe cumplir y caiga en desgracia, con las consecuencias que pudiese generar en sus afiliados. Fuentes conocedoras de estos parámetros aseguran que hasta ahora ninguna isapre ha presentado tales indicadores en rojo.

“Bastaba haber hecho la bajada de cómo aplicar los fallos de parte de la autoridad y no se habría requerido siquiera una ley corta. Esto puede implicar un estallido social de la clase media, molesta por la falta de cobertura”, dice Inostroza.

El exsuperintendente de Salud Patricio Fernández añade que los dueños de las aseguradoras ya han dicho que no inyectarán más capital a sus empresas y que lo lógico es aclarar cómo se interpretarán los fallos y no seguir dilatando el debate. “Ahora cualquier solución parece tardía. Y si bien no corresponde un salvataje al sector privado, esto se podría haber solucionado mucho antes mediante proyectos de ley que ya están en el Congreso, como la reforma al sistema del 2011, que se congeló en 2019”, dice.

Fernández agrega que, si bien existe una presión de parte de los privados, reflejada anteayer con la acción de los dueños de Banmédica “debería haber claridad regulatoria más allá de los seis meses de implementación que permitió la Corte Suprema en el fallo de tabla de factores de riesgo”.

A Fernández le parece clave que en una reforma de mayor envergadura se incluyan procesos de contención de costos efectivos por parte de las isapres, ya que hasta ahora “no ha habido ningún incentivo para ello: se traspasa todo a los usuarios y terminamos en estos procesos”.

Según los últimos datos de la Superintendencia de Salud a septiembre, las isapres acumulaban pérdidas este año por $127.927 millones (ver gráfico). La aseguradora con mayores mermas fue Cruz Blanca (Bupa), seguida por Consalud (CChC), Banmédica (UnitedHealth), Colmena y Esencial. Las únicas con ganancias fueron Nueva Masvida y Vida Tres (UnitedHealth).

Y si hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado respecto al futuro del sector privado de salud, lo cierto es que esa claridad no llegaría antes de año nuevo, pues se esperan anuncios para el próximo mes. Mientras ello no se defina, la incertidumbre se extiende a otros actores del sistema. “Hay un problema serio que se generaría también con las clínicas y prestadores privados”, explica el académico de la UAI Guillermo Paraje.

Y hay también “incertidumbre para los bancos, pues las isapres eventualmente tienen compromisos, y con la industria de los seguros complementarios”, advierte Inostroza de la UNAB.

En lo que coinciden los expertos, es que Fonasa no tiene cómo responder ante una mayor presión al sistema y que solo incrementaría los problemas del sector salud si recibe a los afiliados del sistema privado. “Si una isapre quiebra, esa cartera se le ofrece al resto de las isapres. Pero si se traspasan afiliados, siempre va a ser la cartera más sana. Siempre va a haber un porcentaje importante a Fonasa, que es precisamente el segmento más costoso, generando una gran congestión del sistema”, detalla Paraje de la UAI.

La Asociación de Isapres dijo a La Tercera que la interpretación del fallo de diciembre sobre los factores de riesgo, que obligó a que todos los planes de isapres deben ajustarse a la Tabla Única de Factores dictada en el 2019 por la superintendencia, podría traducirse en un “modelo más uniforme o en el caos”, y que espera que los reguladores no arriesguen la continuidad operacional del sistema.

Ayer se conoció que la aseguradora estadounidense UnitedHealth Group, controladora del grupo Banmédica (ver nota aparte), activó un mecanismo vigente en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que permite la resolución de controversias. “En dicha instancia, se reclamará compensaciones por parte del Estado de Chile por los incumplimientos de éste a las obligaciones contenidas en los señalados tratados que representan los hechos antes mencionados”, señalaron en una carta.

Ante la acción, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, dijo ayer por la tarde que “hay un fallo de otro poder, el Poder Judicial, y esos fallos deben cumplirse”, sin entrar al fondo de la materia.

Los expertos coinciden en que este reclamo enciende una alerta sobre la certeza jurídica para las inversiones en Chile, pese a que el proceso se considera una consulta amistosa ante Cancillería, ante la cual el Gobierno obligadamente debe responder.