El Gobierno espera anunciar no esta semana, sino que en enero su decisión sobre qué hacer con el sistema de isapres, golpeado ya dos veces por fallos de la Corte Suprema. El primero, del 18 de agosto, que dejó sin efecto las alzas en sus planes base anuales, y el último, del 1 de diciembre, que les ordenó ceñirse a la tabla única de factores dictada en el 2019.

Pese a la presión que están ejerciendo las compañías para una pronta determinación de la Superintendencia de Salud, en cuanto a la aplicación del último fallo (pese a que la Suprema le dio seis meses para adoptarla), y para una definición del Ministerio de Salud –y de La Moneda- para una solución legislativa que les dé viabilidad financiera, el Ejecutivo piensa tomarse unos días más para decidir qué hacer.

“Si el Ejecutivo no da una solución a esta crisis en enero a más tardar, en marzo del 2023 nos encontraremos con la fecha en la que se deberían volver a hacer ajustes de planes. Es difícil que el sistema pase por este procedimiento sin algo que dé un mínimo de certidumbre”, dice Victoria Beaumont, directora ejecutiva de Politopedia y experta en el sistema de salud.

Beaumont cree que la situación es crítica y coincide con funcionarios de gobierno en que la acción adoptada por el grupo UnitedHealth Group, dueño de las isapres Banmédica y Vida Tres, de recurrir al mecanismo de resolución de controversias incluido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, es otra presión más en busca de una pronta definición. Algo que ya había hecho el grupo británico Bupa, dueño de Cruz Blanca, el 5 de julio por una decisión de la Superintendencia de Salud de rechazar las alzas en los planes, lo que ocurrió antes de los fallos de la Suprema.

Pero, ¿cómo opera este mecanismo de solución de controversias incluido en los TLC suscritos por Chile y a qué se arriesga el país?

En simple, el mecanismo opera así: lo activa un actor que se siente perjudicado, se hace la consulta al país que supuestamente perjudica, éste responde, si no lo hace o la respuesta es insatisfactoria, se va a un tribunal arbitral que determina si cabe o no una compensación al afectado. UHG dice que reclamará compensaciones económicas, aunque no dio el detalle de cómo calcularlas.

“Las empresas pueden invocar este tipo de acciones si se han visto afectadas en sus derechos directa o indirectamente, o por cambios en las condiciones básicas de funcionamiento”, dice el excanciller y rector de la U. Autónoma, Teodoro Ribera.

Los mecanismos para resolver controversias contemplados en el TLC con Estados Unidos son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), creada bajo el alero del Banco Mundial, y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Citral). “Lo escoge la parte que reclama. Si hay acuerdo del Estado de Chile, puede elegirse otro procedimiento, pero siempre es un tribunal arbitral”, explica el abogado Alejandro Jara, ex director general adjunto de la Organización Mundial de Comercio. Sea cual sea, este tribunal arbitral lo integran tres jueces: uno nombrado por el reclamante, otro por el Estado de Chile y un tercero de común acuerdo. “La duración (del juicio) es relativa, depende de la complejidad: si el reclamo es por ocho puntos es distinto a que si es por uno”, apunta Jara.

En el Ciadi, nuestro país cuenta con una derrota, en el 2007, por un inversor inmobiliario malasio que reclamó en 2001 contra el Estado chileno acusándolo de incumplir su obligación de otorgar los permisos necesarios para un proyecto inmobiliario en Pirque.

“Chile no ha sido un usuario frecuente del sistema, puesto que ha sido objeto de relativamente pocas demandas por parte de inversionistas: históricamente ha tenido seis casos (dos en tramitación) con resultados favorables en todos, salvo uno”, recuerda Andrés Jana, socio fundador de Jana & Gil Dispute Resolution.

Eso sí, más allá del resultado jurídico de esta eventual reclamación, de todos modos podría tener consecuencias de imagen: “Esto pone una anotación negativa para Chile que los inversionistas van a observar, porque habla sobre la certeza jurídica del país”, advierte Guillermo Holzmann, profesor de la U. de Valparaíso y director de Analytyka Consultores.

En su proceso iniciado en julio, Bupa, asesorada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés del estudio Baker & McKenzie, sigue un proceso de consulta amistosa ante Cancillería con acuerdo de confidencialidad por ahora, “no hay novedades".

Otras firmas estadounidenses (Ohio National, Principal, Metlife) y europeas (Zurich) activaron este mecanismo el año pasado en reclamo por retiros de fondos previsionales de pensionados vía rentas vitalicias. Tampoco se conocen avances.

¿Por qué las isapres se encuentran en una situación tan delicada? Victoria Beaumont, directora ejecutiva de fundación Politopedia, explica que la causa es multifactorial, pero dice que el problema fundamental es el gasto excesivo que les ha tocado hacer a las aseguradoras por licencias médicas.

“El gasto en licencias médicas justifica el 80% del incremento de precios de las isapres en los últimos 6 años. El peso de las licencias por sobre las prestaciones de salud propiamente tal se incrementó por las licencias de covid, pero esto nunca se normalizó”, explica Beaumont.