Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del grupo Luksic, busca contra el tiempo conseguir el permiso ambiental para extender la vida útil de Minera Zaldívar, ubicada en las cercanías de San Pedro de Atacama. De acuerdo a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 2018, solo puede mantenerse extrayendo agua de un acuífero llamado Negrillar, lo que genera tensión en la zona, pues incluso el Consejo de Defensa del Estado la demandó en abril junto a las empresas Albemarle y Escondida por extraer agua de la zona afectando a las vecinas vegas de Tilopozo tras un procedimiento sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente.

En octubre, el presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, dijo en octubre a El Mercurio de Antofagasta que Zaldívar podría cerrarse de manera anticipada, dejando sin empleo a cerca de 4 mil personas: “El cierre de Zaldívar sería un golpe a la economía de la región y, sin duda, generaría un aumento en las cifras de desempleo, entre otros impactos negativos en la región y en la ciudad de Antofagasta”.

Hace cuatro años, la empresa comenzó a tramitar la licencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el fin de extender la operación hasta el 2031 y ampliar sus permisos de utilización de agua que caducan en el 2025. Pero el proceso aún no concluye. Varios servicios públicos, comunidades y empresas que participaron en el proceso de participación ciudadana (PAC) del proyecto, avaluado en US$100 millones, han manifestado sus reparos, principalmente al uso de agua continental.

En la PAC desarrollada en el 2018, junto a comunidades atacameñas, las empresas Albemarle y Escondida cuestionaron que se usara agua de las napas de San Pedro de Atacama.

“Un tema central a abordar dice relación con la importancia que el proyecto minero de Compañía Minera Zaldívar dé garantías de conservación del medio ambiente”, sostiene un escrito del country manager de Albemarle Chile, Ignacio Mehech.

La firma estadounidense, que es la principal productora mundial de litio, manifestó su preocupación por el uso de agua continental del sistema acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, por el cual fueron demandadas ambas empresas rpo el CDE en abril. Zaldívar ha usado históricamente agua de Negrillar, Albemarle de Tilopozo y Escondida de Monturaqui, según la demanda del CDE.

Pero el mes pasado, Albemarle firmó un acuerdo para abastecerse de agua desalinizada con la empresa chilena Cramsa, que pretende levanta una planta desalinizadora multipropósito con una inversión de US$5 mil millones.

Otra observación al proyecto de AMSA provino de Escondida, la principal mina de cobre del país y del mundo, que actualmente no usa aguas continentales tras construir una megadesaladora.

“Según los antecedentes presentados, se observa que la información hidrogeológica, como por ejemplo sondajes, pruebas hidráulicas, monitoreo de nivel y calidad química de agua subterránea, entre otros, no es suficiente para la caracterización del extenso dominio geográfico que se ha adoptado para el estudio”, dice un informe presentado por el superintendente de Gobernanza y Custodia Técnica en Minera Escondida, Álvaro Yáñez.

La mina controlada por la australiana BHP también realizó observaciones a posibles impactos en la vegetación de la zona y eventuales efectos en el medio humano, en particular en las costumbres de pueblos originarios de la zona que actualmente se encuentran participando en el proceso de consulta indígena (PCI) del proyecto del grupo Luksic.

En el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) explican que “el proceso de evaluación de impacto ambiental se encuentra actualmente suspendido debido a la realización de la consulta indígena que está en desarrollo” y agregan que en gran parte el proceso de análisis se extendió por la emergencia sanitaria.

Según la minera, su idea es mantener la actual tasa de extracción de material de 260 mil toneladas por día y su tasa de producción de 176 mil toneladas por año, y de esta forma extender su cierre hasta el 2031.

Zaldívar ha dicho que no estaría en condiciones de utilizar agua desalinizada, pese a que autoridades regionales han manifestado en privado que no darán luz verde al proyecto si se usan aguas continentales.

Consultada Antofagasta Minerals, sostienen que su meta como empresa es que en el 2025, más del 90% del agua que utilicen sus operaciones provenga del mar y de la recirculación. Pero en el caso de Zaldívar, “el reto de adaptación operacional para poder dejar de usar agua continental es más complejo que el de otras compañías del grupo. Sobre todo, en términos de los plazos asociados a la implementación de los proyectos de inversión que tendríamos que realizar y los tiempos de tramitación de los permisos requeridos”, asegura.

Mediante un comunicado, agregan que están “trabajando decididamente para contar con una alternativa concreta al uso de aguas continentales, la que estaría asociada a un proyecto de extensión de vida útil. En el intertanto, en un período de transición, necesitamos mantener los permisos de extracción de agua que actualmente posee Zaldívar, por un periodo limitado”.

El Ministerio de Minería comentó, respecto a la tramitación ambiental de Zaldívar, que el rol del Estado es garantizar que se cumpla el debido proceso: “El proyecto debe cumplir con los plazos que establece la institucionalidad ambiental”.

En el mundo gremial consideran que un cierre de Zaldívar sería una mala señal para la inversión y piden más celeridad para definir la suerte de los proyectos. Zaldívar lleva cuatro años de trámite, o sea tres en el gobierno anterior y menos de uno con el actual.

“Preocupa que el Gobierno esté solo enfocado en subir los impuestos y el royalty, y no ponga el mismo esfuerzo en promover proyectos productivos. Más actividad económica significa mayor recaudación, esa parte de la ecuación parece que la ignoran”, dijo Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.