—El Presidente dijo que tenía una cortina de baño con un mapa del mundo —nos cuenta esta mañana José Tobías Silva, mirando los portales de noticias.

—¡Las he visto! ¡Son preciosas! —exclama María Luisa Fernández, entusiasmada.

—El miércoles, cuando anunció la próxima apertura de la embajada en Ramala, dijo que le violentaba mirar Medio Oriente y no ver a Palestina en el mapa.

—Justa preocupación, sin duda.

—Quizás cuántas decisiones de política exterior se habrán tomado mirando la cortina de la ducha.

—Exterior e interior, Jota Jota.

—¿Habrá alguna diferencia entre presidentes que tienen cortina de baño y presidentes que tienen mampara o shower door? —pregunto.

—En alguna universidad del Midwest o de Castilla y León debe haber un paper al respecto —sugiere Walter Alberto.

—Yo creí que el solo hecho de cantar en la ducha ya me hacía un sujeto peculiar.

—Piensa que hay alguno que aprovechaba la ducha para redactar una propuesta constitucional.

—Mejor no hablemos de lo que puede pasar una noche, en pleno bajón de hambre, después de mirar los imanes en la puerta del refrigerador.

Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado comenzará la discusión de las dos mociones de reforma constitucional que, refundidas, dan forma al llamado “Acuerdo por Chile”, que habilita la continuidad del proceso constituyente. Junto con establecer la conformación del Consejo Constitucional, de 50 miembros electos, y de un comité técnico de admisibilidad —14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica—, el acuerdo crea también una comisión de expertos, conformado por 24 miembros de “indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica”; doce serán nominados por la Cámara de Diputadas y Diputados (12), y doce por el Senado.

Es sobre esta última instancia, justamente, que se han abierto las mayores interrogantes. El texto ingresado esta semana al Congreso señala que los miembros del citado comité “deberán contar con un título universitario o grado académico de, a lo menos, ocho semestres de duración”, y añade que tendrán que acreditar “una experiencia profesional, técnica y/o académica no inferior a diez años, sea en el sector público o privado”, la que será calificada, en cada caso, cada una de las cámaras. Como suele ocurrir, la letra del texto no tiene por qué coincidir exactamente con su espíritu: aunque todos cumplan los requisitos, habrá mucha diferencia, en la percepción global del proceso —y probablemente también en el resultado final—, si el comité está integrado por especialistas de prestigio reconocido y transversal o si, por el contrario, resulta capturado por asesores parlamentarios u operadores de partidos. Qué condiciones debe tener un experto para cumplir su rol y, al mismo tiempo, acrecentar la estabilidad del proceso, es una pregunta cuya respuesta debe ser anterior a la selección de los nombres.

Sería miope no observar, en este sentido, que sobre los integrantes del comité de expertos no sólo recaerá una exigencia de credenciales académicas, técnicas o de representación política; el desafío más severo que deberán enfrentar es el de la legitimidad. No significa que la participación de esta comisión designada sea antidemocrática, como algunos sectores han comenzado a insinuar; países como Islandia, Kenia o Sudáfrica han utilizado mecanismos homólogos. Pero el desafío no radica únicamente a la selección de los nombres sino, también, y principalmente, a la forma en que estos intervengan en el proceso. Como ha dicho el exministro Isidro Solís en estas mismas páginas, sería un error transformar al consejo en una asamblea constitucional tutelada: los expertos deben generar un texto que oriente la discusión, pero la construcción final debe corresponder a los consejeros electos. Si el acuerdo señala cuáles será el papel de los expertos en las diferentes etapas, esa debe ser la lógica que guíe su ratificación en el Congreso, y que oriente también la actuación del legislador en las diferentes etapas del proceso. «La tentación de hacer una Constitución entre el comité de expertos y el de admisibilidad podría destruir todo el pacto constitucional», ha advertido correctamente Solís.

No conviene olvidar que, según han coincidido las encuestas de opinión pública, el respaldo a este nuevo proceso está lejos de ser tan sólido como lo fue el del anterior. La última Cadem, además, señala que 46% de las personas estaría en desacuerdo con la fórmula mixta. Si los partidos se equivocan en reconocer los límites de su acción, y ejercer su rol con responsabilidad y generosidad, pueden terminar dañando la frágil confianza de la ciudadanía el proceso constituyente.

Señor Director:

Mucho se ha escrito sobre la crisis de las isapres, pero no tanto sobre cómo resolverla. ¿Cuáles son dichos problemas? Que discriminan por sexo y edad; que “descreman” a quienes tienen mayor riesgo (un alto directivo señaló que las isapres no eran para personas enfermas) y, por tanto, terminan desprotegiendo a aquellos quienes más lo necesitan; que establecen preexistencias que obligan a estar cautivos a quienes tienen padecimientos crónicos, y ofrecen miles de “planes” atractivos para personas y familias jóvenes y sanas, pero una frustración para quienes tienen el infortunio de envejecer y enfermar. Y que no generan ningún incentivo a la prevención, no tienen mecanismos de control de costos y el riesgo se lo transfieren al usuario.

Curiosamente, son los tribunales quienes han puesto al sistema en jaque mate revelando que las isapres no son negocio. Las alternativas son darle un perdonazo o salvataje, lo que a mi juicio sería simplemente inmoral, o legislar por un sistema de seguridad social en salud donde los fondos se mancomunen y el riesgo se comparta solidariamente, como sucede en todos los países con buenos sistemas de salud valorados por sus ciudadanos.

Las herramientas técnicas para avanzar hacia un sistema universal de salud, compromiso que Chile tiene desde 2014 con organismos internacionales, no son únicas. En Chile se deberán considerar las expectativas y requerimientos de distintos sectores, especialmente con respecto a la colaboración público-privada en la prestación, con el objeto de viabilizar políticamente una solución urgente. El peor de los mundos, sería que un gobierno que se propuso un sistema universal y un fondo solidario termine por incapacidad de generar acuerdos salvando a las isapres y manteniendo el estatus quo. Tengo esperanzas de que ello no ocurra.

Osvaldo Artaza

Decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales, U. de Las Américas

Señor Director:

En España, el Ministerio de Consumo y los principales fabricantes de juguetes del país firmaron un código de autorregulación que busca dejar atrás los estereotipos de género que diferencian entre juguetesde niños y niñas; impedir su sexualización y promover el lenguaje inclusivo. La normativa promueve, además, que la publicidad sea más igualitaria, veraz y constructiva en relación a los roles que hombres y mujeres tienen en la sociedad.

Quienes trabajamos en educación inicial sabemos que el juego es el lenguaje natural de niños y niñas, y a través de él aprenden a relacionarse, desarrollan habilidades y comparten significados. Por eso, debemos reflexionar sobre los valores que queremos entregar a las infancias cuando escogemos los regalos que el viejito pascuero llevará a nuestros hogares. ¿Seguiremos reproduciendo los estereotipos de género, comprando muñecas a las niñas y juegos de ciencia a los niños?

Si queremos avanzar en una educación con perspectiva de género, debemos comenzarpor fomentar el juego inclusivo, donde los juguetes, colores o roles no tengan un sesgo que reproduzca prácticas de exclusión social.

Nataly Rojas Seguel

Director Fundación Integra

Señor Director:

Una de las consecuencias concretas de la prolongada sequía es la proliferación de incendios forestales. Gran parte de ellos se provocan por la injerencia de la acción humana, algunos intencionales y otros por negligencia. Sería prudente que estos delitos fueran sancionados con penas ejemplares, dado que la sequía y altas temperaturas registradas sirven para activar fácilmente otros focos incendiarios.

Francisco Sólanich Aguirre