El notario Francisco Javier Leiva —aludido ayer en el reportaje sobre “La millonaria pyme familiar del Conservador”— solicitó “precisar y aclarar” algunos puntos.

Leiva plantea que su actuar personal y profesional “siempre ha sido transparente, público y apegado estrictamente a la legalidad (...). Todas mis actuaciones (...) han estado en conocimiento de mis superiores jerárquicos”. El artículo precisamente hacía mención a la legalidad del sistema, pero planteaba la necesidad de cambios a esta actividad monopólica.

l CONTRATACIÓN DE CUÑADA

Asegura que al asumir el interinato del Registro de Hipotecas del CBR de Santiago —agosto de 2021— “me encontré con una ostensible desorganización administrativa, y tal como se informó a mis superiores, el primer desafío fue la urgente creación de un Departamento de Recursos Humanos (...)”. Como su función era transitoria, “resultó complejo encontrar un profesional competente e idóneo en el breve plazo dispuesto a ejercer una labor temporal, atendido lo cual y previa consulta a los señores conservadores y a los dos sindicatos del oficio, contraté los servicios de la Sra. Lavanderos como Jefa del Departamento en comento, transparentando debidamente el vínculo familiar. Posteriormente, al asumir el señor conservador titular, don Carlos Miranda, ella puso el cargo a disposición y, pese a tener la posibilidad de desvincularla sin indemnización alguna, la ratificó en el cargo, ejerciéndolo hasta hoy en mérito de su desempeño”.

l ARCHIVO JUDICIAL

Precisa que la suplencia y posterior interinato en el Archivo Judicial de Santiago se extendió por más de tres años, “y fui designado después que colegas de la jurisdicción no quisieran asumir el importante desafío de modernización imperiosa del servicio”.

l ARRIENDO DE LOCAL

Dice que el primer objetivo, “fue el reubicar las dependencias” y que con la autorización de la Corte de Apelaciones de Santiago, “se arrendó por 18 meses y con opción de compra el inmueble ubicado en Almirante Latorre 380, toda vez que se suponía que el nuevo archivero judicial asumiría en el breve plazo”.

Pero eso no ocurrió y se tuvo que prorrogar otros 12 meses. Y como su interinato se mantenía “solicité un crédito personal y aboné el pie necesario para adquirirlo vía leasing y evitar la inviabilidad del servicio”.

Dice que una vez nombrado el archivero titular, Julián Miranda, se le informó “la posibilidad de cederle el contrato”, lo que fue rechazada por razones económicas, “optando por mantener un contrato de arriendo el cual se extiende hasta hoy”.

l COMPRAVENTA CON LA DC

Recuerda que la querella de la DC —donde se menciona la compraventa de una propiedad del partido por un precio menor— fue retirada. Y señala que “el conflicto se ventila ante un tribunal arbitral como se estableció en el contrato (...) dicha circunstancia se da en un plano estrictamente privado y absolutamente independiente de mi actuar como auxiliar de la administración de justicia”.

En medio de la contingencia por el paro de los camioneros, la Democracia Cristiana emplazó al gobierno a tomar medidas poniendo urgencia a la ley de cabotaje que está en la Cámara desde el 2021.

Esta ley disminuiría entre 40 a 55% los precios de la carga, y habría ahorros directos hasta por US$400 millones. Esto significaría que una carga pueda ser transportada por vía marítima de manera eficiente y eficaz, permitiendo competencia entre distintas navieras, chilenas y extranjeras y generando una alternativa permanente al transporte por carretera.

Además la DC argumenta que, en lo político, si el gobierno da urgencia al proyecto de cabotaje, debiera aprobarse con acuerdo amplio.

El embajador de Italia en Chile, Mauro Battocchi, entregó el reconocimiento Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia a Dante Arrigoni, presidente de ASIMET.

Esta distinción se otorga a italianos en el extranjero o extranjeros que han adquirido méritos particulares en la promoción de las relaciones de amistad colaboración entre Italia y otros países.

La entrega de la insignia y del diploma —firmado por el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella— se realizó en la embajada italiana.

El diputado republicano Agustín Romero denunció a la Contraloría que el miércoles 29 de junio el senador RD, Juan Ignacio Latorre, publicó en Twitter un video donde su correligionario, el alcalde Tomás Vodanovic, promovía las elecciones de directiva de RD (donde Latorre fue electo presidente) en una dependencia municipal y vestido con una prenda institucional. Romero pidió sancionar a Vodanovic.

El viernes el órgano fiscalizador resolvió que el alcalde “deberá, en lo sucesivo, evitar que situaciones como la de la especie vuelvan a ocurrir, procurando siempre realizar dichas actividades políticas al margen del desempeño del cargo, fuera de la jornada de trabajo y de las dependencias municipales, y sin utilizar recursos o bienes estatales”. Sin embargo, aclaró que la Contraloría no tiene competencia para aplicar medidas disciplinarias a Vodanovic, porque de acuerdo a la normativa “es a requerimiento de, a lo menos un tercio de los concejales en ejercicio, que el tribunal electoral regional respectivo puede, en su caso, declarar la causal de cesación en el cargo”. O también pueden pedir a dicha magistratura la aplicación de alguna medida disciplinaria.