“Quien cumple una función pública debe ejercerla de forma transparente”. Francisco Leturia, CPLT.

“Lo que no puede pasar es tratar de influir en los nombramientos a través de personas con vínculos”.

María Jaraquemada, Chile Transparente.

“No es que haya poco poder de influencia, es mucho. Eso explica el lobby y que las cosas no cambien”.

Juan José Lyon, América Transparente.

“Es un servicio materializado por privados, con nombramiento público, pero se rige por pocas reglas del sistema público”.

Alberto Precht,experto en transparencia.

Cuatro años en el Congreso lleva la reforma al sistema de notarios y conservadores que envió el expresidente Sebastián Piñera para cumplir con una promesa pendiente de su primer gobierno. El plan, presentado en febrero de 2012, planteaba exigir mayores estándares de transparencia del sistema. En la misma línea, el programa del Presidente Gabriel Boric asegura que en esta administración “se avanzará en una reforma al sistema notarial y registral, que modernice los mismos y que los sujete a estrictos criterios de transparencia y probidad”. Sin embargo, todo sigue igual por falta de voluntad política y lobby, dicen los expertos.

Una tutela laboral por despido injustificado dada a conocer ayer por este medio, dejó en evidencia vínculos entre miembros del Poder Judicial y Legislativo con el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Santiago. El hijo del anterior ministro visitador del CBR, Antonio Ulloa (ver recuadro), trabaja en dicha institución. En tanto, el exconvencional e hijo del senador RN Manuel José Ossandón, Manuel José Ossandón Lira, fue contratado en el CBR. Y la lista continúa.

“No tenemos definidas todavía las modificaciones”, dijo en abril de este año la ministra de Justicia, Marcela Ríos, ante la comisión de Constitución del Senado. Y agregó que el Ejecutivo estaba abierto a recibir sugerencias de los legisladores.

Privilegios

Francisco Javier Leturia, presidente del Consejo Para la Transparencia (CPLT), considera que el sistema “parece una gran familia extendida”, “digna de una novela de García Márquez” y defiende que notarios y conservadores deberían estar sometidos a la Ley de Transparencia.

“Quien cumple una función pública debe ejercerla de forma transparente. Un notario o un conservador es un monopolio público, un privilegio (...) En este momento están fuera del sistema y no hay excusa para eso”, señala. Añade que una lógica similar tiene el sistema de cobros que, aunque regulado por decreto, no se cumple en parte por falta de fiscalización: “Son privilegios coloniales que no tienen ninguna justificación de mantenerse”. Atribuye la inercia en cuanto a cambios a que “hay tanto notario y conservador que le ha hecho tanto favor a tanta gente”.

Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente, recuerda que hace a comienzos del año pasado la fundación investigó los parentescos, detectando que 40% de los notarios y conservadores estaban emparentados con actuales o pasados miembros del Poder Judicial o el Congreso. “Eso es muy fuerte. No es que haya poco poder de influencia, es mucho. Y eso explica el lobby notarial, que las cosas no cambien”, recalca.

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, añade que como las contrataciones no están reguladas, hay espacio para potenciales conflictos de interés. Al ser nombrados por el Presidente a partir de una terna de la C. de Apelaciones, contratar a familiares de personas políticamente expuestas, explica, podría significar riesgo de influencia.

“Debería regularse, sobre todo cuando se trate de contratar a parientes de políticos y sobre todo de miembros del Poder Judicial, ya que éste fiscaliza las notarías/conservadores y son los que elaboran las ternas para los nuevos cargos o movimientos entre notarías; que es sumamente delicado que haya familiares de jueces contratados ahí”, sostiene.

Alberto Precht, especialista en transparencia, enfatiza que el diagnóstico sobre la necesidad de una reforma al sistema lleva décadas. Porque además de los nombramientos, hay problemas de modernización, trámites innecesarios y disparidad en el servicio. “Las reglas de quienes trabajan en el sistema debiesen ser reglas que se asemejen al empleo público”.

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La exfuncionaria del CBR presentó una Tutela Laboral ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el 6 de octubre. Ayer, su abogado Óscar Gajardo afirmó que “curiosamente el hijo de este ministro (Ulloa) trabaja como empleado en el CBR. Entonces la imparcialidad con la cual podría eventualmente fiscalizar ese ministro es bastante poca”.

En todo caso, la Corte de Apelaciones hizo un enroque del ministro Ulloa. En resolución del 28 de octubre, resolvió que “habiendo sido informado este presidente de la presentación de los ministros señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez y señor Alejandro Aguilar Brevis, respecto del inconveniente que le afecta para efectuar la visita al CBR de Santiago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 553 del Código Orgánico de Tribunales, se autoriza la permuta de los oficios entre el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez visitador del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y el ministro señor Alejandro Aguilar Brevis visitador de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, quedando de la siguiente forma: a.- Al ministro señor Ulloa le corresponderá la supervisión de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago; y b) al ministro señor Aguilar le corresponderá la supervisión del CBR de Santiago. Se deja constancia que el referido cambio tiene el carácter de transitorio, esto es, hasta que concluya el respectivo período”.

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