En una de sus últimas actividades como presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Antonio Errázuriz, lideró esta mañana la actividad en que el gremio realizó un diagnóstico de las trabas o “nudos críticos” que enfrentan los proyectos en el sector y que juegan en contra de un mayor impulso a la inversión, la reactivación económica y el empleo. “Es urgente que el Estado genere un nuevo trato para los proyectos de construcción o las iniciativas privadas serán cada vez menos y, las públicas, más caras”, sostuvo.

Enumeró cinco acciones de corto plazo que ayudarían a enfrentar las dificultades que viven hoy las empresas del sector y que ha derivado en que varias se hayan declarado en quiebra o abandonado proyectos. La primera es hacer cumplir el pago oportuno por servicios prestados, disminuyendo así los tiempos de recepción en las Direcciones de Obras Municipales y reponiendo la certeza jurídica de los permisos.

El segundo es acelerar y profundizar la “Agenda Pro Inversión” difundida hace un tiempo por el Ministerio de Economía, lo que haría destrabar iniciativas en curso. En línea con eso, propuso que el Gobierno designe un líder, que comprometa plazos para concretar las recomendaciones hacia el sector que han hecho distintas instancias en el pasado reciente, como el Consejo Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

Las últimas medidas están relacionadas a aspectos financieros: crear una línea de financiamiento especial para las empresas de la construcción, porque muchas de ellas no califican para los apoyos que se entregan a través del Fogape; y que se postergue en seis meses el inicio del proceso de eliminación del Crédito Especial para la Construcción (IVA a la construcción), que según el calendario debe partir el 1 de enero. Dijo que hay una cartera importante de proyectos que no han podido cumplir con los permisos requeridos y que van a quedar fuera de ese beneficio, poniendo en duda la ejecución de estas iniciativas.

En línea con los problemas sectoriales, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció esta mañana que la Contraloría tomó razón del decreto que permite un “reajuste polinómico en contratos vigentes”, que implicará un reajuste extraordinario de contratos de obras de infraestructura pública, afectados por el alza de precios de los materiales.

“Esta medida excepcional se aplicará a todas las empresas que cuenten con estado de pago desde septiembre de 2021, que es el mes con mayor alza de materiales”, sostuvo García. En la CChC valoraron el anuncio.

Las últimas cifras de inflación, que dan cuenta de un máximo alcanzado en agosto y un descenso en los dos meses siguientes, parecen haber convencido a los expertos de que, al menos en precios, ya pasó lo peor.

En la Encuesta de Expectativas del Banco Central de noviembre, la media de 52 economistas apunta a que el IPC acumulado en diciembre de 2023 llegará al 5,1%, menos que el 5,4% esperado el mes pasado, por lo que se espera que esta senda de descenso continúe con fuerza el próximo año, aunque recién en diciembre del 2023 debiera acercarse a su meta del 3%. Esta vez, el sondeo no consultó previsiones inflacionarias para este año, pero en octubre llegaban al 12,6%.

Esta desaceleración de precios prevista para el resto de este año podría ir acompañada de un mejor desempeño de la economía, pues los especialistas ahora prevén que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá un 2,3%, tras el 2% de octubre. Sin embargo, el ajuste que busca el alza de tasas del Central para el próximo año, junto a las oscuras perspectivas de recesión mundial, presionan para que en 2023 el PIB se contraiga un -1,40%, según el sondeo, un peor pronóstico que el -1% del mes pasado. Un rol relevante en este pronóstico tendrá la inversión física, pues los expertos calculan que este año la “formación bruta de capital fijo” caerá un 3,1% y en 2023, un 4%. Y el consumo de los hogares, crecería 2,2% este año y bajaría un 2% el próximo.

Dada la reacción prevista de los precios al ajuste de la economía, la Tasa de Política Monetaria del Banco Central, que se encuentra en un máximo de 23 años del 11,25%, no debiera subir más (como lo señaló el propio BC en su anuncio del pasado 12 de octubre) y empezar a reducirse en marzo o abril, según estiman los economistas, para ubicarse en torno al 10,50% y seguir bajando hasta un 7% a fines del 2023. Aunque sólo en 35 meses más se podría ver una TPM en rangos más normales del 4,25%, según la encuesta.