Los acreedores de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), liderados por el liquidador de la fallida red, José Rojas, demandaron a 45 municipalidades del país por las deudas que mantienen con esa asociación, de manera de saldar los pasivos de la organización que alcanzan a unos $1.300 millones.

Este es otro de los efectos de la liquidación forzosa que enfrentan las Farmacias Populares que lideraba el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El edil perdió su condición de “representante legal” de Achifarp en agosto pasado, cuando el 4° Juzgado Civil de Santiago decretó la quiebra de la agrupación. Luego, a fines de octubre, se procedió al remate de los pocos bienes de la asociación, en una subasta que recaudó la magra cifra de $762 mil.

Ahora, la junta de acreedores busca que los municipios que integraban Achifarp paguen las cuotas de participación que adeudan hace años a la entidad.

Si bien un gran número de estas demandas aún no han sido notificadas por los tribunales, sí está a la vista en el Poder Judicial la situación de la Municipalidad de Cerrillos, que fue demandada por Achifarp en la era Jadue (noviembre de 2021), por cuotas morosas desde el 2017 por casi $42 millones, en un juicio que se sigue tramitando en la justicia civil.

Pese a los intentos, no fue posible conocer una versión de la Municipalidad de Recoleta o su alcalde.

Según el acta de la última junta de acreedores de la red comunitaria, redactada por Rojas, las Farmacias Populares en liquidación “iniciaron los juicios en contra de los municipios asociados, cobrando las cuotas respectivas, en todos los cuales asumió la representación el liquidador, sin perjuicio de (una futura) contratación especializada para la tramitación de estos juicios”.

l Las municipalidades demandadas en la zona central del país son: Santiago, Valparaíso, La Reina, San Joaquín, Cerrillos, Calera de Tango, Talagante, Puente Alto, Lo Prado, Concón, Quillota, Graneros y Chimbarongo.

l En la zona sur, los cobros judiciales van contra los municipios de: Frutillar, Puerto Varas. Constitución, Victoria, Tomé, Ranquil, Pencahue, Pichidegua, San Javier, Río Bueno, Las Cabras, Panguipulli, Paillaco, San Pablo, Marchigüe, Lebu, La Unión, Chile Chico, Futaleufú, Calbuco, Renaico, Carahue, San Carlos, Ñiquen y San Ignacio.

l En el norte, las demandas se iniciaron contra las municipalidades de Antofagasta, Freirina, Copiapó, Vallenar, Los Vilos, Salamanca y Caldera.

Recoleta, hasta ahora, no figura entre las demandadas por Achifarp, ya que según fuentes del caso, hasta ahora no se han descubierto deudas de ese municipio en la escasa contabilidad de la asociación.

La lista de acreedores de las Farmacias Populares está liderada por el proveedor de insumos sanitarios Best Quality Products (BQP), a quien la red comunitaria adeuda gran parte de sus pasivos (más de $1.000 millones), producto de la provisión de miles de mascarillas durante la pandemia.

Más atrás están la Administradora de Fondos de Cesantía, AFP Modelo, AFP Capital, AFP Planvital, Biodac, todos con derecho a voz y voto en la junta de acreedores.

Además se adeudarían los finiquitos a una veintena de funcionarios despedidos previo o durante el proceso de liquidación.

En tanto, la Municipalidad de Recoleta, que intentó integrar la lista de acreedores de Achifarp acusando una deuda de la asociación por $220 millones por el suministro incompleto de vacunas, quedó fuera del proceso por no contar con los documentos que acrediten ese compromiso. En esta arista, el 4° Juzgado Civil otorgó la apelación a Recoleta, pero sin el derecho a suspender el proceso contra Achifarp.

En paralelo, fuentes conocedoras del caso señalaron a La Segunda que los acreedores y el liquidador están evaluando acciones judiciales tras detectar al interior de Achifarp “ciertas actuaciones dolosas” relacionadas con la gestión como falta de contabilidad formal, el desvío de stock de mercaderías y ciertos conflictos de interés o administración desleal, planteados al tribunal el mes pasado por el liquidador y BQP.