La Constructora Internacional S.A. fue una de las diez empresas más grandes de obras civiles, pero de perfil tan bajo que nunca hizo noticia. Construyó 30 estaciones del Metro: Universidad de Chile, Baquedano, Escuela Militar, Hernando de Magallanes, Los Dominicos, Plaza de Armas por nombrar algunas; y la gran mayoría de los tréboles de Santiago antes del arribo de las concesionarias de autopistas.

El túnel Chacabuco le dio su nombre en 1951, cuando se fundó, porque era el acceso al camino internacional a Mendoza.

En 2020, después de casi 70 años, la constructora dejó de operar por el incumplimiento de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). “Cuando hay obras adicionales no previstas, el MOP demora en aprobar y, posteriormente, en pagar un año y medio. El proyecto puede estar entregado al uso público y aún no te pagan. También ocurre que el MOP demora en hacer expropiaciones y la constructora se ve obligada a pedir ampliación de plazo. Mientras tanto debe solventar el arriendo de maquinaria, alojamiento de los trabajadores”, explica Eduardo Pizarro, ingeniero civil de la UC y uno de los cuatro socios junto a Mariano Galdames, la sucesión de Raúl Devés y Eduardo Salfate, familiarmente emparentado con los Devés.

–¿Qué se siente cerrar una empresa con tanta historia?

–Un pesar tremendo. Uno ha entregado la vida a una actividad maravillosa como la construcción de obras de infraestructura y saber que tantas familias se van a quedar sin trabajo es terrible, terrible.

–¿Cuántos trabajadores debieron despedir?

–Hubo gente que trabajó conmigo 35, 40 años que me decía qué increíble que después de tantos años y tanto prestigio, la empresa deba cerrar. Algunos me llaman hasta hoy. Llegamos a tener 1.500 trabajadores, pero había 400 en la construcción de la estación Cal y Canto de la Línea 3 que despedimos porque no habría nuevas obras. En finiquitos gastamos $1.500 millones. No le debemos un peso a nadie.

No deja pasar lo ocurrido con Claro, Vicuña, Valenzuela que pidió su liquidación afectada en parte por problemas con el MOP. “Es una pena que desaparezca. Fuimos competidores leales”.

Pizarro llegó en 1973 como ingeniero a la constructora, se convirtió más tarde en accionista y hoy dice “la empresa soy yo, como gerente general y representante legal, sin sueldo”. El RUT sigue vigente “y el directorio se reúne para ver los juicios y la venta de los activos que quedan”.

La constructora presentó cinco demandas contra el Estado (MOP) por incumplimiento de contrato y le quedan dos pendientes por $7 mil millones.

–¿Es muy difícil litigar contra el MOP?

–Muy difícil y muy caro. Hemos vendido casi todo: desde los muebles al parque de maquinarias que era grande y las oficinas de Teatinos 333.