La semana pasada, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo que “son más importantes los derechos humanos de la gente honrada” que aquellos que reclaman los delincuentes. Su arremetida se da luego de una nueva declaración de poderes excepcionales para combatir las pandillas, utilizando la clásica y falaz crítica que los derechos humanos se interpretan a favor de los proscritos y no del bienestar de la población.

Al amparo de ese discurso, Bukele dispuso de normas para sancionar la divulgación de noticias falsas, supuestamente para combatir a las pandillas. Sin embargo, los afectados han sido los periodistas que realizan reportajes de investigación sobre esa política del Gobierno. El Faro, uno de los principales periódicos de investigación en ese país, ha debido reubicar en el extranjero a sus periodistas frente a las amenazas del Estado.

Pero Bukele es algo más que eso. Su populismo también lo ha trasladado a la economía, donde prometió un nuevo paraíso con las criptomonedas al validarlas como medios de pago de curso legal. Su iniciativa ha sido un completo fracaso, comprometiendo seriamente la estabilidad de las finanzas públicas.

Bukele es el símbolo de la crisis de intermediación de la democracia representativa, los partidos políticos y los medios de comunicación. Su accionar sólo es posible como resultado de una desmedida concentración de poder, resultado de años de fracasos de las instituciones democráticas y de una sociedad hastiada por la violencia.

Ese populismo corrosivo tiene en nuestro país algunos dignos representantes. Por un lado, entre los voluntaristas económicos que frente a una crisis que va en incremento insisten en los retiros de los fondos de pensiones, sin considerar los efectos sistémicos que afectarán precisamente a quienes desean ayudar. Pero también está entre aquellos que promueven una ley de medios para resguardar la “verdad”, prescindiendo que la regulación penal de noticias falsas suele ser utilizada por Ejecutivos autoritarios para limitar la libertad de expresión. Y también en la sorprendente declaración de un diputado del Partido Socialista que la semana pasada señaló que fue un error eliminar la pena de muerte para los delitos graves. Pese a su retórica de la “responsabilidad”, esas palabras están pobladas de peligros.

Cuando el populismo amenaza la política chilena es deber de los partidos, pero especialmente del Ejecutivo y su coalición contrarrestar los “Bukele” nacionales. El éxito o fracaso de la administración Boric no sólo se medirá por sus logros, sino también por el resultado de la próxima elección presidencial. Traspasar la banda presidencial a la ultraderecha o al populista de turno no sólo será el fracaso de su Gobierno, será también el de su generación.

Cuando un niño o niña es diagnosticado de cáncer, es una familia entera la que se enferma. El paciente será sometido a un tratamiento largo, agresivo y doloroso, que probablemente dejará secuelas físicas y psicológicas en él, pero también en su círculo cercano. Sus padres, hermanos, abuelos y amigos enfrentan, junto con el paciente, una situación devastadora.

Desgraciadamente en Chile, cada año 500 familias reciben este diagnóstico. Como el tratamiento es largo, se estima que al menos mil niños —y, con ello, mil familias— están actualmente en tratamiento activo.

El impacto del cáncer es enorme para las familias que lo enfrentan. Económicamente la carga es muy grande, pues muchas familias deben trasladarse de la región donde viven hacia alguna ciudad donde haya tratamiento disponible. Aquellas que no necesitan trasladarse, deben igualmente incurrir en gastos de alimentación especial, traslado seguro y costos de algunos medicamentos que no cubre el Plan Auge. Además, en muchos casos, uno de los padres debe dejar de trabajar para poder cuidar al menor enfermo.

El cáncer implica también un impacto psicológico muy fuerte. Enfrentarse a la posibilidad de la muerte de un niño es una situación límite para cualquiera. La certeza de que la única forma de poder sanarlo es someterlo a un agresivo tratamiento, que probablemente dejará secuelas, es también una carga emocional difícil de sobrellevar.

Los costos del tratamiento médico del cáncer infantil están hoy en Chile cubiertos por el Estado. En Fundación Nuestros Hijos buscamos complementarlo dándoles a todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias, la oportunidad de vivir esta enfermedad en forma digna. Apoyamos activamente al 80% de los pacientes, en todas las regiones. Hoy tenemos casas de acogida, escuelas hospitalarias, entregamos servicios médicos y sociales, y tenemos en centro de rehabilitación oncológica más grande en Latinoamérica.

El cáncer les roba a muchos chilenos valiosos años de sus infancias y adolescencias, e impacta directamente a miles de familias en el país. Por eso quiero hacer un llamado a empatizar con esta realidad y a sumarse a la colecta online 2022 de Fundación Nuestros Hijos. Cada familia detrás de ese niño con cáncer necesita también de nuestro apoyo.

El accidentado encuentro del Presidente Boric con la micro, pequeña y mediana empresa confirmó que en ese ambiente hoy se respira desafección, hostilidad incluso, respecto del gobierno. Por eso es tan significativo el inserto que ayer dieron a conocer 80 gremios de mipymes de todo el país, exhortando a “terminar cuanto antes el proceso de construir una Constitución que una a todos los chilenos”.

De partida, es llamativo el contraste entre lo que podríamos llamar el Chile productivo y los falsos dilemas que cierto activismo busca instalar en las redes sociales y la opinión pública. Ahí abundan quienes sugieren —con más entusiasmo que argumentos, a decir verdad— que si uno es crítico de La Moneda no puede apoyar el cambio constitucional; que este apoyo implicaría desconocer las urgencias sociales; etc. Frente a esos cantos de sirena que olvidan los nefastos efectos de las borracheras electorales, las mipymes muestran más pragmatismo y sentido de realidad. No obstante reconocer (y padecer) el “aumento descontrolado de la violencia y la delincuencia, la baja constante de las inversiones, la inflación de dos dígitos” y otras dificultades de primer orden, consideran “imperioso, impostergable y urgente que se logre un acuerdo político transversal en materia constitucional”.

Pero el mérito del inserto va más allá de la sensata constatación de que Chile carecerá de estabilidad política mientras no enfrente —entre otras tareas— el desafío constituyente. Así, los ochenta gremios firmantes proponen una fórmula mixta, conscientes de que para diseñar un nuevo proceso se requieren grandes consensos. En concreto, apuestan por un órgano de cincuenta miembros: 39 electos democráticamente en circunscripciones regionales, ocho expertos designados por el Senado y tres representantes de los pueblos originarios (aunque este número podría variar según la participación electoral del padrón respectivo).

Naturalmente, la propuesta de las mipymes contiene varios aspectos dudosos. Por ejemplo, de cara a un proceso más breve y acotado es razonable pensar en un cuerpo de cincuenta integrantes, pero en ese caso parece más sencillo e inobjetable replicar en la mayor medida posible el sistema de elección del Senado (ya sabemos cómo terminaron las innovaciones en la fracasada Convención). Otro tanto ocurre con el plazo fijado (¿por qué cuatro meses y no seis?), y con la preaprobación del Congreso Nacional que se indica (¿para qué alargar un proceso que tendrá plebiscito de salida? ¿No es mejor que el parlamento sea el que controle los “bordes”?).

Con todo, cabe celebrar un planteamiento que busca conjugar el monumental triunfo del Rechazo con la necesidad de dotar a Chile de una buena y nueva Constitución. Es, justamente, lo que se espera del sistema político.