“Lo sucedido hace tres años con el llamado estallido social es de las cosas más relevantes que le ha pasado a este país en términos públicos, políticos y judiciales” dice el abogado Luciano Foullioux (exmiembro de la comisión Valech).

—Pero a tres años no se ve un gran avance judicial.

—Todo eso debe ser acreditado por los tribunales. Y ellos, con las fiscalías y las policías, tienen la obligación de apurar el tranco. Pasamos 17 años sin poder corregir judicialmente las violaciones a los DD.HH. del período 1973-1990; no es tolerable que eso vuelva a ocurrir. No es posible esperar años a que estas situaciones se resuelvan, sea en un sentido u otro, porque le hace mal al país, a su convivencia.

—Resolver implica identificar víctimas y victimarios, y luego reparar.

—Por supuesto, si quedan acreditadas judicialmente violaciones a los DD.HH.

—También hay civiles e instituciones saqueadas o vandalizadas. ¿Deben ser reparados?

—También. Y hay muchas maneras de reparar. Cuando agentes del Estado cometen excesos no solo está la reparación económica, también hay una reparación social, no basta un cheque. Y en el caso de la destrucción de bienes privados, civiles o eclesiásticos, que no lo hacen agentes del Estado sino los propios manifestantes, esa gente a la le quemaron los hoteles, sus negocios, las iglesias, debieran ser reparados también por el Estado (...) Lo que ha pasado es de tal gravedad que es urgente un aceleramiento de la justicia, para luego dar pie a reparaciones personales y públicas.

—De no hacerlo ¿qué riesgos ve?

—La sociedad civil al constatar y comprobar que no están resuelto estos temas, ve que el trabajo de las policías, de las fiscalías y del Sistema de Justicia pierde sentido. Debiera haber una solución apoyada de manera transversal en términos políticos, pero mientras se justifiquen acciones de represión y violencia contra la población, venga de donde venga, no vamos a avanzar nunca.

—No en todos los casos hay pruebas ¿cómo se resuelve eso?

—No hay ninguna gestión de más. Podrá dificultarse la individualización de los autores, pero no se puede dificultar acreditar la existencia delictual. Hacer el mayor esfuerzo en investigar, mas allá de los resultados, es una señal de que al Estado le importa cada uno de los casos.

Tres años y una pandemia pasaron desde el estallido social y el Estado sigue y seguirá al debe en materia de verdad y justicia para las víctimas de todos los sectores.

Conseguir información consolidada sobre las causas es difícil. Carabineros no toca el tema y la Fiscalía Nacional —al ser consultada— opta por no referirse a las investigaciones pendientes. Sin embargo, altas fuentes de la institución prevén que la “grandísima mayoría de los saqueadores y perpetradores de incendios” quedará impune. Un destino similar, acotan, tendrían los casos de violencia policial.

La visión es coincidente con la del Informe Anual de DD.HH. 2021 de la UDP, publicado la semana pasada. El documento habla de un “pobre avance en la investigación, juzgamiento y reparación a distintas violaciones a los derechos humanos”, y de que con la pandemia el Ministerio Público priorizó la investigación por infracciones a las normas sanitarias. “Lo que se observa es una lentitud e inoperancia del trabajo del Ministerio Público por falta de liderazgo en este terreno”, dice. Y alerta que es posible que a esta altura, “la evidencia ya no exista”.

Consultadas las cuatro fiscalías regionales metropolitanas, algunas enviaron sus datos a través de sus departamentos de comunicaciones, la Norte guardó silencio y solo la Sur aceptó una entrevista, concedida por el jefe de Alta Complejidad, Álex Cortez.

Cortez detalla que en su zona hay 4.146 causas relacionadas con el estallido, correspondientes al período del 18 de octubre de 2019 a marzo de 2020. De ellas, en 749 hay condenas y 26 terminaron con absoluciones. El punto es qué pasa en casos emblemáticos, donde hay poco éxitos visibles. Él se allana a explicar.

En la parte sur de Santiago fueron incendiadas cuatro estaciones de Metro (La Granja, San Ramón, Protectora de la Infancia y Elisa Correa). Solo se ha llevado a juicio oral el caso de La Granja, “donde logramos una condena por un sujeto que participó de toda esta masa que estaba al interior”.

De las demás, dice, “nos encontramos con falta de pruebas por falta de imágenes, por falta de cámaras de seguridad y, producto de lo que se vivía, por la confusión y poca disponibilidad de las fuerzas policiales para concurrir a los lugares que estaban siendo siniestrados (estaban sobrepasadas). Las cámaras del Metro estaban destinadas a controlar evasión, no pensadas como medios probatorios y si no había un controlador de las cámaras, no se grababa”.

“Hay estaciones en que no hay imágenes de qué pasó al inicio, como Elisa Correa y Protectora de la Infancia; en San Ramón y La Granja sí hay y por eso pudimos ir a juicio en La Granja, pero en San Ramón hay solo algunos minutos. Además, las estaciones quedaron abandonadas, abiertas. Recién 3 o 4 días después, las fuerzas policiales pudieron hacerse cargo y la evidencia ya estaba contaminada… También fueron limpiadas antes de que pudieran ser periciadas”, agrega.

Cortez dice que las condenas fueron en su gran mayoría por investigaciones posteriores, como las que recayeron sobre 6 carabineros en el caso de apremios ilegítimos de la “patrulla eco”.

Pero en general, las condenas de esas indagaciones posteriores son de baja intensidad. Ello se puede ver al preguntar por el caso del saqueo más grave de la zona sur, en un Construmart, donde dos personas murieron calcinadas. Aún no hay responsables. “Está en etapa de investigación, en un contexto en que es súper complejo obtener pruebas por el desorden generalizado. La fuerza pública no se hacía suficiente… Condenas por saqueos tenemos alrededor de 400... (pero) la gran mayoría de los condenados no es por haber sido detenidos durante los sucesos, sino por investigaciones posteriores; no es por saqueo, es por receptación. Fue un momento en que como sociedad nos vimos sobrepasados por lo que sucedía y, como alguien dijo, no lo vimos venir, me refiero a las autoridades, policías y al Ministerio Público. No estuvimos preparados”, detalla Cortez.

Afirma que mantendrá las causas abiertas hasta que existan “diligencias útiles”. Y aunque el plazo de prescripción de crímenes es de 10 años, estima que todas las causas se debieran cerrar antes que ello. Sin embargo, sobre ese punto no hay consenso, como deja ver el abogado Luciano Foillioux (ver entrevista anexa), quien cree que se debe persistir, por último, como señal social.

El problema de la impunidad en las causas mayores se repite en todas las fiscalías. Por ejemplo, de las miles de personas que atacaron 118 estaciones de Metro, a estas alturas solo hay nueve condenados y la mayoría por daños y no por incendio.

Por escrito, la Fiscalía Occidente, explica que «limpiaron» sus causas, descartando indagar “acciones de protesta o disturbios de entorno”, conformando equipos para investigar daños, incendios y sabotajes contra las estaciones de metro Plaza Maipú, Las Parcelas, Estación del Sol, líneas de telecomunicaciones, autopistas y redes de transmisión eléctrica.

“En el caso de Metro Plaza de Maipú, no quedó evidencia utilizable”, añade el escrito. Sin embargo, no hay un solo condenado por incendio; solo hay 6 condenados por daños. Y también hay por “sabotaje informático en el caso de las autopistas”.

En la Fiscalía Oriente, por los emblemáticos ataques a la estación Pedreros hay un condenado y en la Centro Norte, de 6 estaciones atacadas también hay una condena por la quema de la estación San Pablo.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) proporcionó a La Segunda una base de datos con 3.151 querellas a nivel nacional, en el contexto del estallido. De estas, 1.042 corresponden a la RM, entre las cuales este medio escogió aleatoriamente 200 para ver en qué están: 70% sigue en tramitación y 30% concluyó. Pero que hayan concluido no significa siquiera un esclarecimiento, pues del total nacional, según La Tercera, 550 terminaron por la decisión de la fiscalía de no perseverar, solo hay condena en 14 casos y de 6 causas con resultado de muerte, hay una condena y que se cumple en libertad.

La directora del organismo, Consuelo Contreras, apunta que “de las 3.151 querellas presentadas, 2.879 se encuentran sin personas formalizadas, es decir, en un 91% de las causas los responsables no han concurrido ante la justicia o no han sido identificados”. Y aunque ella explica que los datos reflejan que “las violaciones a los derechos humanos tienen como punto común la dificultad para encontrar pruebas producto de pactos de silencio u otras causas”, en su columna de hoy en El Mercurio subraya también que “pareciera que las gestiones del Ministerio Público han resultado insuficientes”.

O como señala el informe de la UDP: “La justicia no solo ha tardado, sino que, en muchos casos, no ha llegado para los cientos de personas que sufrieron mutilaciones por parte de agentes del Estado o vieron vulnerados sus derechos fundamentales” y advierte del peligro de que las falencias en las indagaciones lleven “a una contravención a los estándares internacionales sobre debida diligencia”.

Branislav Marelic, exconsejero del INDH, añade que la demora del sistema también se debe “a la falta de recursos para la investigación penal. Se necesita una gran cantidad que el Ministerio Público, las policías y el SML no tienen”. El problema, advierte, es que “el paso del tiempo excesivo en las investigaciones puede provocar que muchas de ellas se vuelvan imposibles de tramitar, lo que en los hechos sería una forma de impunidad”.

“A partir del 18 de octubre de 2019 hubo una falla del Estado frente a una conducta masiva de ilegalidad, una superación del Estado y sus instituciones que ha tenido consecuencias en el procesamiento de todos estos hechos, cuyos autores son tanto agentes del Estado como ciudadanos civiles que cometieron delitos”, dice el abogado Lucas Sierra, académico de la U. de Chile, investigador del CEP y exmiembro de la comisión Valech.

—La masividad de hechos ¿dificulta la resolución de los casos?

—La masividad con que ocurrió todo esto superó al Estado, la fuerza policial estaba en un muy mal momento, Carabineros completamente desligitimado y con problemas materiales. Se juntó un montón de factores que hicieron de esto un coctel bien explosivo (...) Parte del problema que hoy tenemos es la dificultad de conseguir pruebas y llama la atención la falta de información que aún existe: hay antecedentes del Poder Judicial, del gobierno, del INDH, de investigaciones periodísticas, pero las cifras recién como que se están pudiendo cuadrar. Creo que va a ser difícil llegar pronto a una información muy acabada, va a ser difícil cerrar este tema completamente.

—¿Qué hacer?

—Aspirar que los casos en que hay pruebas avancen y existan condenas. Pero es irreal esperar que haya condenas para todos los que participaron en esos actos.

—Eso pone en entredicho la eficacia del sistema de Justicia

—De alguna manera sí, pero hay que entender que esto se produjo en condiciones super excepcionales. Lo importante es no aspirar a todo, si no concentrarse en los casos donde haya prueba y una justa sentencia. No hay que seguir arrastrando esto, hay que resolverlo pronto, y eso implica revisar qué pasa con las prisiones preventivas sin juicio porque es un drama. Ya van a ser tres años. Si no hay pruebas, se podrá sobreseer temporalmente o salida temporal, y si luego se constituyen más pruebas se retoma; pero uno no puede arrastrar investigaciones penales por tanto tiempo.