Cuesta creerle al gobierno cuando hablan de no tolerar este tipo de hechos.

Sylvia Eyzaguirre, Investigadora CEP

Tohá es mucho más directa en su lenguaje en torno a no tolerar esto. La ministra Vallejo debiera ser igual de potente en eso.

Roberto González, Investigador COES

No tengo dudas que se pueden estar generando movimientos de opinión pública a favor de salidas más radicales y autoritarias.

José Joaquín Brunner,

Investigador UDP y exministro

La llegada de Tohá endureció la mano. Vamos a ver si la coalición de gobierno la respaldará. Esa es la gran interrogante

Sebastián Izquierdo

Investigador CEP

¿De dónde saca autoridad la coalición gobernante, si muchos de sus filas avalaron y siguen avalando situaciones de desacato?

Alvaro Vergara

Investigador IES

A sólo cinco días de la conmemoración del estallido social, la expectación y temor por los problemas de orden público que puedan ocurrir el martes 18 de octubre preocupa al Gobierno.

La seguidilla de reuniones en La Moneda se viene sucediendo desde la semana pasada, sobre todo luego que reaparecieran con fuerza los overoles blancos y la violencia estudiantil en liceos del centro de Santiago que terminó en quema de buses, lanzamiento de molotov y nuevos ataques a una unidad militar.

Si bien este tipo de episodios viene de gobiernos anteriores, en el último año se ha visto un mayor nivel de radicalidad. “Claramente ha aumentado la intensidad de estos eventos en los liceos emblemáticos. Quizás no son tantos más, pero son mucho más violentos. Impresiona que la División de Ingenieros del Ejército, que está al lado del INBA, ha sido atacada como 70 veces este año” dice el psicólogo social e investigador COES, Roberto González.

Pero el mayor problema, advierte, es que estos episodios ya son parte de un clima generalizado de inseguridad (ver página 4 y 5). “Urge que el Gobierno de claras señales de conducción y coordinación para abordar el problema en todas sus dimensiones”, agrega González.

l IMPACTO EN GOBERNABILIDAD

“Claramente esto afecta la gobernabilidad. La violencia escolar ha sido un problema transversal en los últimos gobiernos, pero que se ha agudizado cada vez más”, dice la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre.

Alvaro Vergara, investigador del IES, agrega que “acrecienta el desprestigio no solo del Gobierno, también de la fiscalía y los jueces. Deja al descubierto una especie de impunidad, muestra que la institucionalidad no logra controlar desmanes provocados por menores”.

l EL PESO DE UNA NARRATIVA ESTUDIANTIL HEROICA

Tampoco favorece que algunas autoridades (el Presidente Boric y varios ministros) fueran activos promotores de la protesta social durante el estallido, legitimando incluso acciones disruptivas. “Están presos de sus dichos y acciones, que les rebotan constantemente. Es cosa de recordar el famoso “gracias totales cabr@s” de Giorgio Jackson que celebraba a una turba de estudiantes que pasó por encima de carabineros para saltarse los torniquetes. ¿De dónde saca autoridad la coalición gobernante, si muchos en sus filas avalaron y siguen avalando situaciones de desacato?”, pregunta Vergara.

Eyzaguirre agrega: “Cuesta creerle al Gobierno cuando habla de no tolerar este tipo de hechos”.

González advierte que “no pueden perder de vista que hoy son autoridad y deben ejercer ese rol en plenitud, lo que significa muchas veces renunciar a concepciones o ideas que tuvieron antes y ejercer toda la acción estatal disponible”.

l POCA LLEGADA DEL GOBIERNO CON ESTUDIANTES RADICALIZADOS

Tampoco parece fácil lograr interlocutores válidos. “Hoy las organizaciones estudiantiles que están encabezando los disturbios son muchas en número, pero pequeñas en adherentes, lo que ha vuelto imposible tener diálogos y encontrar soluciones”, dice Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP.

Vergara plantea que “estos grupos de estudiantes anarquistas y de izquierda extrema no tienen ningún interés en pactar con la autoridad. Miran a cualquiera que esté en el poder con recelo y como un explotador. Y lo mismo les pasa con el Presidente Boric, lo más probable es que ahora lo vean como un traidor”.

Brunner cree que el origen de las actuales autoridades (vienen del movimiento estudiantil) podría ser una ventaja: “Podrían mirar de otra forma el problema, porque son más jóvenes y tienen una sensibilidad distinta. Es cierto que el gobierno llegó con un acercamiento a los problemas de orden público muy débil y primitivo, pero se les está pasando porque el ejercicio de gobernar les ha mostrado la enrome importancia del tema. Basta mirar el Presupuesto 2023 que está puesto entero en clave de seguridad: social, económica y ciudadana. Ya entendieron que en este tema se están jugando su destino”.

l OPINIÓN PUBLICA CANSADA

El problema, advierte González, es que “la opinión pública ya se empieza a cuestionar si la autoridades están haciendo lo necesario para controlar esto, lo que es muy fregado porque cuando la gente percibe que el Estado está superado, se predispone a tomar acciones directas como detenciones ciudadanas o linchamientos”.

Pero no es lo único. Que las personas quieran recuperar cierta normalidad -sobre todo en una situación de incertidumbre constante (económica, laboral, de seguridad y sanitaria)- también puede generar efectos políticos. “Por cada paradero que se rompe, por cada suspensión del metro o cierre de estaciones por manifestaciones, por cada saqueo o semáforo quemado, se acumulan votos para un futuro candidato que asegure reestablecer el orden a la fuerza. Comenzó a formarse un peligroso caldo de cultivo para que aparezca un candidato populista que prometa algo como «nadie les ha podido solucionar este problema por años. Yo lo haré ahora»”, dice Vergara.

Brunner agrega que “al final empiezas a escuchar a una parte de la población que comienza a abdicar de cualquier esperanza en la política democrática y la institucionalidad, pidiendo a alguien que nos pueda salvar de todo esto, da lo mismo con qué instrumentos lo haga. Este tipo de clima es uno de los elementos más nocivos para la estabilidad de la gobernanza democrática. No tengo dudas que se pueden estar generando movimientos de opinión pública a favor de salidas más radicales y autoritarias”.

l LENTITUD DE SOLUCIONES

Pero además, las soluciones no son inmediatas, aunque se reconocen algunas señales. “Pareciera que el Gobierno tiene claro que el Estado no puede renunciar a cumplir su rol en mantener el orden público, y el Presupuesto 2023 es un indicador claro”, dice González.

La llegada de la ministra Carolina Tohá es otra señal, plantea: “Ella, al igual que el subsecretario del Interior es mucho más directa en su lenguaje en torno a no tolerar esto, lo que es muy importante. Probablemente la vocera (Camila Vallejo) debiera ser igual de potente en eso”.

Brunner advierte que “la mayor parte del Gobierno se da cuenta que si no logran reaccionar adecuadamente y mostrar que están medianamente a cargo de la situación, el Gobierno va a ser un fracaso completo y la suerte de esta generación política se va a ver muy cuestionada”.

Para Izquierdo “la llegada de la Ministra Tohá endureció la mano. Vamos a ver si la coalición de gobierno la respaldará. Esa es la gran interrogante”.

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Querellas archivadas

Una de las líneas de trabajo definida por Interior, es el seguimiento legal de los hechos. Por ello, se decidió darle un rol protagónico a la delegada presidencial Constanza Martínez para hacer seguimiento a las causas que llegan a la fiscalía y cómo se resuelven las querellas ya presentadas por el Gobierno.

Para ello, se contratará un grupo de abogados que hagan el seguimiento de las acciones legales presentadas, ya que temen que muchas de las querellas que llegan a la fiscalía terminan rápidamente archivadas.

Desde el Ejército –a propósito de los ataques que han sufrido en la División de Ingenieros colindante al INBA- se informa que de las 32 querellas que han presentadas, solo hay 6 abiertas y el resto están archivadas.

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